Llueven quejas de abuso militar

La Secretaría de la Defensa Nacional reveló que la Dirección General de Derechos Humanos ha recibido mil 508 quejas o denuncias por presuntos abusos y violaciones a las garantías individuales, que se presume cometieron militares en 30 de las 32 entidades.

En una información entregada al IFAI y difundida ayer tras la sesión del pleno, el Ejército desglosó que en 2008 se reportaron mil 143 quejas y este año suman 365 casos hasta el 7 de marzo.

De los casos notificados el año pasado, 961 fueron concluidos y 182 están en trámite. De los 365 expedientes que fueron iniciados en el presente año, 10 fueron concluidos y 355 están en trámite. De las concluidas, no se especifica cuáles quejas fueron procedentes y cuáles no.

El documento sí precisa que algunas de las acusaciones más graves contra los militares son la desaparición forzada de personas y el homicidio, el acoso sexual, cateos y visitas domiciliarias ilegales, detenciones arbitrarias, lesiones, robo y violación.

Algunas denuncias han sido por la presunta violación a la legalidad, seguridad jurídica y libertad de expresión, así como el ejercicio indebido de la función pública, amenazas, abuso de autoridad y atentar contra derechos de periodistas.

Otras conductas que les han atribuido son la dilación en los procedimientos administrativos, ataques y daños a la propiedad, discriminar por condición de salud y la inadecuada prestación de servicios sanitarios y violentar los derechos de migrantes, de reclusos y de libre tránsito.

Según el reporte militar, las únicas entidades en donde hasta el 7 de marzo no se había reportado ninguna queja contra la actuación de los militares, eran Colima y Querétaro.

Sobre este informe, el Instituto Federal de Acceso a la Información instruyó ayer a la Defensa Nacional a informar cuántos mandos, jefes, oficiales, suboficiales y elementos de tropa fueron señalados en las quejas y desglosar a qué batallones, regimientos y cuerpos militares pertenecen.

La Sedena había dicho que era inexistente en los archivos esta información desglosada, pero debido a que buena parte de ella es publicitada por la CNDH en sus recomendaciones, el IFAI decidió que debe divulgarse.



Sugieren despliegue

El senador perredista Tomás Torres propuso la expedición de un decreto en el que se establezca un límite de tres años a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Ante la Comisión permanente, argumentó que si las Fuerzas Arnadas continúan en estas actividades se corre el riesgo de conducirlos a "escenarios indeseables y a un desgaste innecesario".
Abel Barajas, Carole Simmonet y Armando Estrop, Reforma, 13 de agosto.

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