El gobierno del presidente Barack Obama remitió al Congreso un informe favorable sobre la situación de los derechos humanos en México, que podría propiciar la entrega de 100 millones de dólares en ayuda estadunidense para apoyar la lucha contra el narcotráfico.
El Departamento de Estado dijo ayer que el informe fue enviado al Capitolio el 13 de agosto, tras una demora provocada por las objeciones de un senador demócrata, quien obstruyó su difusión al estimar prematuro otorgar a México una aprobación en torno al respeto de los derechos humanos en el país.
‘’El gobierno mexicano se ha embarcado en un esfuerzo importante por reformar y ajustar su sistema de justicia, incluyendo reformas mayores que involucran a la policía, los fiscales y la forma en que funciona el sistema legal’’, aseguró Laura Tischler, una vocera del departamento, al describir el contenido del documento. ‘’Este proceso de reforma está en curso’’.
A principios de agosto, el senador demócrata Patrick Leahy detuvo la divulgación de un reporte sobre la Iniciativa Mérida, un programa por tres años y mil 400 millones de dólares de ayuda. Lo anterior, debido a que el Congreso debe retener una parte del paquete, a menos que el Departamento de Estado reporte que México no está violando los derechos humanos en el combate al narcotráfico; la decisión inmovilizó 100 millones de dólares.
De acuerdo con funcionarios, el departamento tuvo la intención de enviar el informe al Congreso a principios de mes, antes de que Obama viajara a México para una cumbre con el mandatario mexicano Felipe Calderón y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper.
Pero varios asistentes de Leahy, presidente del subcomité de operaciones extranjeras en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado, mencionaron informes de tortura y desapariciones forzadas al rechazar el reporte.
Desde el 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recibido al menos 2 mil 220 quejas de abusos —incluyendo desapariciones, muertes y torturas—, en las que se denuncian a elementos de las fuerzas militares, según Amnistía Internacional.
La oficina de Leahy declinó pronunciarse ayer sobre la entrega del reporte, y se desconoce si fueron atendidas las objeciones del senador.
Tischler precisó que la ley no exige al titular del Departamento de Estado ‘’firmar una certificación’’ de que México respeta los derechos humanos. Más bien, requiere que el Departamento de Estado reporte que ‘’el gobierno mexicano sigue tomando ciertas medidas para promover y proteger los derechos humanos y fomentar el estado de derecho, en cuanto se refieran a las fuerzas de seguridad en el país’’, dijo la portavoz.
Agregó que el informe será analizado por las comisiones de asignaciones del Congreso.
El Departamento de Estado dijo ayer que el informe fue enviado al Capitolio el 13 de agosto, tras una demora provocada por las objeciones de un senador demócrata, quien obstruyó su difusión al estimar prematuro otorgar a México una aprobación en torno al respeto de los derechos humanos en el país.
‘’El gobierno mexicano se ha embarcado en un esfuerzo importante por reformar y ajustar su sistema de justicia, incluyendo reformas mayores que involucran a la policía, los fiscales y la forma en que funciona el sistema legal’’, aseguró Laura Tischler, una vocera del departamento, al describir el contenido del documento. ‘’Este proceso de reforma está en curso’’.
A principios de agosto, el senador demócrata Patrick Leahy detuvo la divulgación de un reporte sobre la Iniciativa Mérida, un programa por tres años y mil 400 millones de dólares de ayuda. Lo anterior, debido a que el Congreso debe retener una parte del paquete, a menos que el Departamento de Estado reporte que México no está violando los derechos humanos en el combate al narcotráfico; la decisión inmovilizó 100 millones de dólares.
De acuerdo con funcionarios, el departamento tuvo la intención de enviar el informe al Congreso a principios de mes, antes de que Obama viajara a México para una cumbre con el mandatario mexicano Felipe Calderón y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper.
Pero varios asistentes de Leahy, presidente del subcomité de operaciones extranjeras en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado, mencionaron informes de tortura y desapariciones forzadas al rechazar el reporte.
Desde el 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recibido al menos 2 mil 220 quejas de abusos —incluyendo desapariciones, muertes y torturas—, en las que se denuncian a elementos de las fuerzas militares, según Amnistía Internacional.
La oficina de Leahy declinó pronunciarse ayer sobre la entrega del reporte, y se desconoce si fueron atendidas las objeciones del senador.
Tischler precisó que la ley no exige al titular del Departamento de Estado ‘’firmar una certificación’’ de que México respeta los derechos humanos. Más bien, requiere que el Departamento de Estado reporte que ‘’el gobierno mexicano sigue tomando ciertas medidas para promover y proteger los derechos humanos y fomentar el estado de derecho, en cuanto se refieran a las fuerzas de seguridad en el país’’, dijo la portavoz.
Agregó que el informe será analizado por las comisiones de asignaciones del Congreso.
AP en Washington, Crónica, 18 de agosto.
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