'Olvida' ley electoral castigo a funcionarios

La nueva legislación electoral protege a los servidores públicos.

Además de ser muy difícil declararlos culpables -aun cuando se presuma que violaron la ley-, el Instituto Federal Electoral (IFE) debe confirmar cinco preceptos juntos para fincar poder responsabilidad a un funcionario, por lo que la mayoría de las quejas se declaran infundadas.

Y cuando se comprueba que violó la norma electoral, el servidor público libra el castigo porque el Congreso de la Unión omitió incluir a los funcionarios en el catálogo de infracciones previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Así, Gobernadores, Alcaldes, legisladores y demás servidores que violaron la legislación en el pasado proceso electoral permanecen impunes, pues el IFE dejó los casos en manos de los órganos fiscalizadores o Congresos estatales, sin que hasta ahora se conozca de una investigación o sanción en su contra.

En el caso de legisladores que violentaron la norma, la sanción se aplicó a sus partidos.

La semana pasada, consejeros y magistrados se responsabilizaron mutuamente de dejar sin castigo a los servidores públicos, acusaron al Congreso de las omisiones en el Cofipe y de no elaborar la norma reglamentaria prometida hace año y medio.

Los consejeros culpan al Tribunal de "atarlos de manos" al emitir, en noviembre de 2008, la jurisprudencia que advierte que para iniciar procedimiento contra un funcionario deberá estar en presencia de propaganda política o electoral; analizar si la publicidad implicó promoción personal; establecer si el servidor público fue parcial al usar recursos públicos y determinar la existencia de circunstancias que hagan inviable el procedimiento sancionador.

En tanto, los magistrados culpan a los consejeros y a su área jurídica de no aplicar los instrumentos válidos contra un funcionario.

Sin embargo, consejeros y magistrados coinciden en el jaloneo se pudo evitar si el Congreso hubiera procesado la ley reglamentaria.

El artículo 354 del Cofipe establece sanciones para partidos, agrupaciones políticas, candidatos, ciudadanos, dirigentes y afiliados, personas físicas o morales, observadores electorales, concesionarios o permisionarios de radio y televisión y organizaciones civiles que violenten la ley, pero los legisladores olvidaron incluir a los funcionarios públicos.

"El legislador no consideró a las autoridades y funcionarios públicos como entidades respecto de las cuales el Instituto por sí mismo estuviera en aptitud de imponer sanciones de manera directa", reprochó María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Érika Hernández, Reforma, 3 de agosto.

0 Responses to "'Olvida' ley electoral castigo a funcionarios"