"Entregar fondos y equipo al Ejército Mexicano sin adecuados controles sobre su uso representa el riesgo de un incremento en los abusos contra los derechos humanos", señaló Susan Lee, directora de AI para las Américas, de acuerdo con un comunicado.
"La asistencia debería enfocarse en prevenir abusos, mejorar las investigaciones y aplicar la justicia".
La organización civil recordó que el Departamento de Estado de Estados Unidos debe entregar un reporte al Congreso de ese país sobre el cumplimiento de México de los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida para tomar una decisión final sobre la cantidad de fondos a transferir.
"Desde 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 2 mil 200 denuncias de abusos de derechos humanos -incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y tortura- presuntamente cometidos por el ejército mexicano", apuntó.
"Sólo en 2008 se reportaron mil 230 casos, lo que representa un aumento de más del 600 por ciento desde 2006. Como las víctimas y sus familias en general no denuncian por temor a las represalias, se cree que el número real de casos es aún mayor", señaló.
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