CARACAS.- Desde el 31 de julio la radio venezolana reproduce un sonido sin precedentes: el crispante ruido de la estática donde antes se sintonizaban 34 emisoras de radio, que salieron del aire ese día por decisión del Gobierno del Presidente Hugo Chávez.
Ahora existe una ciudad sin emisoras comerciales, Los Teques, capital del estado Miranda, donde despacha el Gobernador opositor Henrique Capriles, cuyo programa era difundido por siete estaciones que se apagaron.
Tampoco se escucha ya el programa "Aló, Ciudadano", de Globovisión, que retransmitía a todo el país el circuito CNB.
La situación podría ser peor. En la lista negra de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones hay otras 206 emisoras sentenciadas, según su director, Diosdado Cabello, Ministro de Obras Públicas y Viviendas, por presuntas irregularidades.
El Gobierno alega que hay un "latifundio mediático". De concretarse su plan de "democratización del espacio radioeléctrico", la mitad de las frecuencias privadas serán asignadas al pueblo.
Antes del cierre de las 34 emisoras privadas, existían en Venezuela 472 radioemisoras comerciales, 79 públicas y 243 comunitarias o paraestatales.
Violación masiva
En la agenda parlamentaria espera por un momento más propicio la Ley de Delitos Mediáticos, presentada por la Fiscal General, Luisa Ortega, hace una semana y recibida por los diputados con una ovación.
De aprobarse, sería imposible ejercer el periodismo profesional y ciudadano en cualquier medio, incluido internet, sin temer pasar cuatro años en prisión.
"Esta ley criminaliza el periodismo y estigmatiza la denuncia", advirtió el periodista Vladimir Villegas, ex Embajador en México. "No sólo afecta a las voces críticas sino también a las denuncias de sectores sociales, sindicales y políticos del propio chavismo".
Agregó que nadie se atreverá a conceder una entrevista, a hacer una denuncia o dar su opinión en radio, televisión, prensa escrita o internet.
La ley, de 17 artículos, prevé cárcel para las acciones u omisiones que afecten las instituciones públicas, la paz, el orden público, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o inseguridad.
Entre los posibles infractores, cita a "editores, propietarios, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea éste impreso, televisivo o radiofónico".
"¿A qué le está temiendo este Gobierno que emprende esta arremetida contra los medios?", se preguntó César Miguel Rondón, el conductor más prestigioso de la radio.
Según el Colegio Nacional de Periodistas y ONG locales, "estará en las manos discrecionales del Gobierno que todo aquél que disienta podrá ser encarcelado".
Un informe sobre escasez, criminalidad o corrupción, podría ser tipificado como delito, ejemplificaron.
"Ninguna persona podrá sentir la tranquilidad de expresar sus pensamientos críticos sin temor a ser objeto de una angustiosa persecución penal", denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que el relator de la ONU, Frank La Rue, dijo que se trata de "un hecho grave y masivo de violación a la libertad de expresión sin precedentes recientes en el continente".
Revolución mediática
En 10 años, el Gobierno venezolano amplió notoriamente su "hegemonía comunicacional".
· Hoy tiene seis televisoras, entre ellas Teves, que sustituyó a RCTV, canal 2, en 2007. Además, maneja dos circuitos radiales, una agencia de noticias y varios sitios web; financia 243 emisoras y 140 diarios comunitarios.
· Antes del cierre de las 34 emisoras privadas, existían en Venezuela 472 radioemisoras comerciales, 79 públicas y 243 comunitarias o paraestatales.
· El Gobierno ha abierto varios procedimientos contra el canal de noticias Globovisión, que la semana pasada fue atacado con bombas lacrimógenas por una líder oficialista, que está siendo procesada.
· El sector privado opera tres televisoras comerciales: Venevisión, Televen y Canal I. Ninguno tiene programas de opinión o noticieros críticos. Canal I pertenece a un empresario chavista.
FUENTE: Conatel, Universidad Católica Andrés Bello
Ahora existe una ciudad sin emisoras comerciales, Los Teques, capital del estado Miranda, donde despacha el Gobernador opositor Henrique Capriles, cuyo programa era difundido por siete estaciones que se apagaron.
Tampoco se escucha ya el programa "Aló, Ciudadano", de Globovisión, que retransmitía a todo el país el circuito CNB.
La situación podría ser peor. En la lista negra de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones hay otras 206 emisoras sentenciadas, según su director, Diosdado Cabello, Ministro de Obras Públicas y Viviendas, por presuntas irregularidades.
El Gobierno alega que hay un "latifundio mediático". De concretarse su plan de "democratización del espacio radioeléctrico", la mitad de las frecuencias privadas serán asignadas al pueblo.
Antes del cierre de las 34 emisoras privadas, existían en Venezuela 472 radioemisoras comerciales, 79 públicas y 243 comunitarias o paraestatales.
Violación masiva
En la agenda parlamentaria espera por un momento más propicio la Ley de Delitos Mediáticos, presentada por la Fiscal General, Luisa Ortega, hace una semana y recibida por los diputados con una ovación.
De aprobarse, sería imposible ejercer el periodismo profesional y ciudadano en cualquier medio, incluido internet, sin temer pasar cuatro años en prisión.
"Esta ley criminaliza el periodismo y estigmatiza la denuncia", advirtió el periodista Vladimir Villegas, ex Embajador en México. "No sólo afecta a las voces críticas sino también a las denuncias de sectores sociales, sindicales y políticos del propio chavismo".
Agregó que nadie se atreverá a conceder una entrevista, a hacer una denuncia o dar su opinión en radio, televisión, prensa escrita o internet.
La ley, de 17 artículos, prevé cárcel para las acciones u omisiones que afecten las instituciones públicas, la paz, el orden público, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o inseguridad.
Entre los posibles infractores, cita a "editores, propietarios, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea éste impreso, televisivo o radiofónico".
"¿A qué le está temiendo este Gobierno que emprende esta arremetida contra los medios?", se preguntó César Miguel Rondón, el conductor más prestigioso de la radio.
Según el Colegio Nacional de Periodistas y ONG locales, "estará en las manos discrecionales del Gobierno que todo aquél que disienta podrá ser encarcelado".
Un informe sobre escasez, criminalidad o corrupción, podría ser tipificado como delito, ejemplificaron.
"Ninguna persona podrá sentir la tranquilidad de expresar sus pensamientos críticos sin temor a ser objeto de una angustiosa persecución penal", denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que el relator de la ONU, Frank La Rue, dijo que se trata de "un hecho grave y masivo de violación a la libertad de expresión sin precedentes recientes en el continente".
Revolución mediática
En 10 años, el Gobierno venezolano amplió notoriamente su "hegemonía comunicacional".
· Hoy tiene seis televisoras, entre ellas Teves, que sustituyó a RCTV, canal 2, en 2007. Además, maneja dos circuitos radiales, una agencia de noticias y varios sitios web; financia 243 emisoras y 140 diarios comunitarios.
· Antes del cierre de las 34 emisoras privadas, existían en Venezuela 472 radioemisoras comerciales, 79 públicas y 243 comunitarias o paraestatales.
· El Gobierno ha abierto varios procedimientos contra el canal de noticias Globovisión, que la semana pasada fue atacado con bombas lacrimógenas por una líder oficialista, que está siendo procesada.
· El sector privado opera tres televisoras comerciales: Venevisión, Televen y Canal I. Ninguno tiene programas de opinión o noticieros críticos. Canal I pertenece a un empresario chavista.
FUENTE: Conatel, Universidad Católica Andrés Bello
Cristina Marcano, Reforma, 8 de agosto.
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