Este jueves se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), con sede en San José de Costa Rica, la audiencia del caso de la indígena Valentina Rosendo Cantú, violada hace ocho años por militares en el municipio de Acatepec, en la Montaña de Guerrero.
Valentina Rosendo Cantú “fue violada cuando tenía 17 años, y dos de casada. Es indígena del pueblo me’phaa. Fue torturada sexualmente por soldados mientras lavaba su ropa en un arrollo cercano a Barranca de Bejuco”.
La audiencia fue privada. Ella narró la violación de que fue objeto y demandó: “justicia, tengo ocho años buscando que se haga justicia; no puedo volver a mi comunidad, porque tengo miedo y temor. No quiero militares en mi comunidad. Tengo el derecho a vivir tranquila con mi hija”.
En entrevista vía telefónica, Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo a este diario que “a la delegación de funcionarios del Estado mexicano, los jueces les formularon una serie de preguntas como las siguientes: ¿tienen estadísticas de cuántos abusos militares han sido cometidos en perjuicio de las víctimas? ¿Cuántos casos han sido turnados a la justicia militar? ¿Ha habido alguna reforma para modificar el Código de Justicia Militar? ¿Cómo se integró la investigación y qué medidas se tomaron para investigar los hechos de la violación? ¿Qué credibilidad le dieron a la violación que sufrió Valentina?”
La respuesta fue “un reconocimiento por parte de las autoridades de que hubo tardanza en la investigación, pero, igual que en el caso de la audiencia de la indígena Inés, quien también fue violada por militares en Guerrero, dijeron que no hubo elementos suficientes para acreditar la violación sexual”.
Nuño abundó: “Es desafortunada la posición del Estado mexicano, que insistió en que estos hechos tienen que ser investigados por la jurisdicción militar. No respondieron muchas preguntas y negaron que los militares hayan estado en Guerrero”.
Valentina Rosendo Cantú “fue violada cuando tenía 17 años, y dos de casada. Es indígena del pueblo me’phaa. Fue torturada sexualmente por soldados mientras lavaba su ropa en un arrollo cercano a Barranca de Bejuco”.
La audiencia fue privada. Ella narró la violación de que fue objeto y demandó: “justicia, tengo ocho años buscando que se haga justicia; no puedo volver a mi comunidad, porque tengo miedo y temor. No quiero militares en mi comunidad. Tengo el derecho a vivir tranquila con mi hija”.
En entrevista vía telefónica, Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo a este diario que “a la delegación de funcionarios del Estado mexicano, los jueces les formularon una serie de preguntas como las siguientes: ¿tienen estadísticas de cuántos abusos militares han sido cometidos en perjuicio de las víctimas? ¿Cuántos casos han sido turnados a la justicia militar? ¿Ha habido alguna reforma para modificar el Código de Justicia Militar? ¿Cómo se integró la investigación y qué medidas se tomaron para investigar los hechos de la violación? ¿Qué credibilidad le dieron a la violación que sufrió Valentina?”
La respuesta fue “un reconocimiento por parte de las autoridades de que hubo tardanza en la investigación, pero, igual que en el caso de la audiencia de la indígena Inés, quien también fue violada por militares en Guerrero, dijeron que no hubo elementos suficientes para acreditar la violación sexual”.
Nuño abundó: “Es desafortunada la posición del Estado mexicano, que insistió en que estos hechos tienen que ser investigados por la jurisdicción militar. No respondieron muchas preguntas y negaron que los militares hayan estado en Guerrero”.
Víctor Ballinas, La Jornada, 28 de mayo.
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