Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional (AI), sección México, aseveró ayer que son muchas las deudas en materia de derechos humanos que tiene Estado mexicano, pero “es el sistema de procuración e impartición de justicia el que ha sido el cuello de botella prácticamente en todos los temas de máxima preocupación” para ese organismo.
Al presentar el capítulo México del informe mundial de AI de 2010, El estado de los derechos humanos en el mundo, Herrera destacó que la Procuraduría General de la República (PGR) “tiene importantes explicaciones que dar respecto de la acusación injustificada y motivada por razones de identidad que le arrebató a las otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan años importantes de su vida”.
De la misma manera, subrayó Herrera, se actúa ahora en Campeche “contra los presos de conciencia Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, quienes cumplieron 13 días en huelga de hambre en la prisión donde los tienen recluidos desde hace 10 meses”.
En el tema migratorio, dijo, las autoridades han reprobado adecuadamente la ley Arizona, que implica riesgos importantes en materia de derechos humanos, pero se han escuchado pocos pronunciamientos en los cuales se reconozca con la misma contundencia que en México se cometen abusos graves y generalizados contra centroamericanos.
La evidencia recuperada por AI “es escandalosa: las y los migrantes que cruzan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos enfrentan toda clase de abusos, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos. Principalmente cometen estos actos delincuentes, pero en ocasiones hay participación de funcionarios”.
Refirió que el caso del defensor Raúl Hernández, preso de conciencia, recluido en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, “significa una importante deuda más en materia de derechos humanos que tiene el Estado mexicano. Su injustificada detención prolongada ya por más de dos años ha sido motivo de un llamado reciente por parte del Congreso de las Unión al procurador general de justicia del estado de Guerrero para que revalore las pruebas en su contra.
“AI espera que este órgano de investigación presente conclusiones no acusatorias en favor de Raúl Hernández una vez terminado el periodo de instrucción, reconociendo con ello su inocencia”, abundó Herrera.
Subrayó que la rendición de cuentas no será una realidad en nuestro país “mientras no se modifique el fuero militar para garantizar que todo abuso contra un civil cometido por las fuerzas armadas sea investigado y juzgado por la justicia civil”.
Añadió: “la justicia no será una realidad mientras el Estado mexicano no tome medidas efectivas para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de crímenes del pasado, a quienes cometen abusos contra las y los migrantes irregulares en el país, a quienes hostigan y persiguen a defensores, a quienes agreden en ocasiones hasta la muerte a mujeres y niñas en distintos estados”.
Al presentar el capítulo México del informe mundial de AI de 2010, El estado de los derechos humanos en el mundo, Herrera destacó que la Procuraduría General de la República (PGR) “tiene importantes explicaciones que dar respecto de la acusación injustificada y motivada por razones de identidad que le arrebató a las otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan años importantes de su vida”.
De la misma manera, subrayó Herrera, se actúa ahora en Campeche “contra los presos de conciencia Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, quienes cumplieron 13 días en huelga de hambre en la prisión donde los tienen recluidos desde hace 10 meses”.
En el tema migratorio, dijo, las autoridades han reprobado adecuadamente la ley Arizona, que implica riesgos importantes en materia de derechos humanos, pero se han escuchado pocos pronunciamientos en los cuales se reconozca con la misma contundencia que en México se cometen abusos graves y generalizados contra centroamericanos.
La evidencia recuperada por AI “es escandalosa: las y los migrantes que cruzan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos enfrentan toda clase de abusos, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos. Principalmente cometen estos actos delincuentes, pero en ocasiones hay participación de funcionarios”.
Refirió que el caso del defensor Raúl Hernández, preso de conciencia, recluido en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, “significa una importante deuda más en materia de derechos humanos que tiene el Estado mexicano. Su injustificada detención prolongada ya por más de dos años ha sido motivo de un llamado reciente por parte del Congreso de las Unión al procurador general de justicia del estado de Guerrero para que revalore las pruebas en su contra.
“AI espera que este órgano de investigación presente conclusiones no acusatorias en favor de Raúl Hernández una vez terminado el periodo de instrucción, reconociendo con ello su inocencia”, abundó Herrera.
Subrayó que la rendición de cuentas no será una realidad en nuestro país “mientras no se modifique el fuero militar para garantizar que todo abuso contra un civil cometido por las fuerzas armadas sea investigado y juzgado por la justicia civil”.
Añadió: “la justicia no será una realidad mientras el Estado mexicano no tome medidas efectivas para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de crímenes del pasado, a quienes cometen abusos contra las y los migrantes irregulares en el país, a quienes hostigan y persiguen a defensores, a quienes agreden en ocasiones hasta la muerte a mujeres y niñas en distintos estados”.
Víctor Ballinas, La Jornada, 28 de mayo.
0 Responses to "Condena AI el sistema de procuración e impartición de justicia en México"
Publicar un comentario