Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional atienden a "intereses oscuros, anhelos partidistas y vivencias personales" y no a la mejora de la seguridad y la modernización del País, opinaron fuentes militares de alto rango consultadas por REFORMA.
El pasado 28 de abril, el Senado aprobó dicha legislación, pero, al ser enviada a la Cámara baja para su ratificación, se congeló.
La Ley de Seguridad Nacional, aprobada con 105 votos a favor y uno en contra, faculta al Presidente para declarar la afectación a la seguridad interior y, con ello, el despliegue de las Fuerzas Armadas como auxiliares de autoridades civiles.
También otorga facultades a los gobiernos locales para convocar al Ejército a combatir la inseguridad.
Ante esta posibilidad, las fuentes castrenses plantearon un escenario en el que autoridades locales pudieran estar coludidas con el narco.
"¿Cuántas autoridades locales, desde policías, comandantes, regidores, síndicos, Alcaldes o hasta Gobernadores, pudieran estar amenazados, comprados o vinculados por el crimen organizado?
"Bajo esa circunstancia, si una autoridad local no convoca a las Fuerzas Armadas por su vínculo con esos intereses, la población seguirá sufriendo esa afectación impidiendo que el Ejército cumpla su misión constitucional", indicaron las fuentes.
De acuerdo con los oficiales militares consultados, las reformas legales podrían pervertir la labor castrense.
"Al supeditarlas a las autoridades civiles, ya rebasadas por un problema, se degrada a las instancias armadas y se pervierte su misión. Esto podría generar acciones de inconstitucionalidad", afirmaron.
El pasado 28 de abril, el Senado aprobó dicha legislación, pero, al ser enviada a la Cámara baja para su ratificación, se congeló.
La Ley de Seguridad Nacional, aprobada con 105 votos a favor y uno en contra, faculta al Presidente para declarar la afectación a la seguridad interior y, con ello, el despliegue de las Fuerzas Armadas como auxiliares de autoridades civiles.
También otorga facultades a los gobiernos locales para convocar al Ejército a combatir la inseguridad.
Ante esta posibilidad, las fuentes castrenses plantearon un escenario en el que autoridades locales pudieran estar coludidas con el narco.
"¿Cuántas autoridades locales, desde policías, comandantes, regidores, síndicos, Alcaldes o hasta Gobernadores, pudieran estar amenazados, comprados o vinculados por el crimen organizado?
"Bajo esa circunstancia, si una autoridad local no convoca a las Fuerzas Armadas por su vínculo con esos intereses, la población seguirá sufriendo esa afectación impidiendo que el Ejército cumpla su misión constitucional", indicaron las fuentes.
De acuerdo con los oficiales militares consultados, las reformas legales podrían pervertir la labor castrense.
"Al supeditarlas a las autoridades civiles, ya rebasadas por un problema, se degrada a las instancias armadas y se pervierte su misión. Esto podría generar acciones de inconstitucionalidad", afirmaron.
Reforma, 6 de mayo.
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