Cancún, QR, 25 de mayo. El alcalde con licencia de Cancún y candidato a gobernador de la alianza Todos por Quintana Roo (integrada por PRD, PT y Convergencia), Gregorio Sánchez Martínez, fue detenido la noche de este martes en el aeropuerto de esta ciudad acusado de tener vínculos con las organizaciones delictivas Beltrán Leyva y Los Zetas, que operaban en Quintana Roo, informó esta noche la Procuraduría General de la República (PGR).
La captura se debió a una petición del juez segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de Nayarit, dentro de la causa penal 122/2010-VI, quien giró la orden contra el perredista por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera con el fomento de dichos ilícitos, y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El arresto ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el candidato volvía a Cancún de la ciudad de México, donde ofreció una conferencia de prensa, acompañado por los líderes de los tres partidos que conforman Todos por Quintana Roo, en la cual mencionó los “rumores” de que sería aprehendido.
Versiones no confirmadas sostenían que el candidato fue retenido en la sección de Aduanas del aeropuerto de Cancún y posteriormente trasladado en un avión oficial al penal de mediana seguridad de El Rincón, ubicado en Tepic, Nayarit, donde se encuentra el juzgado segundo de distrito, que llevará el caso.
La esposa de Gregorio Sánchez, Niurka Sáliva, dijo: “es una injusticia que quedará al descubierto el 4 de julio, cuando Greg sea elegido gobernador”.
De acuerdo con las investigaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) encontró indicios de que el abanderado tuvo vínculos con un grupo criminal ligado a Los Zetas.
El pasado 24 de abril, al rendir protesta en Chetumal como aspirante del PRI al gobierno quintanarroense, Roberto Borge arremetió contra Sánchez Martínez al ligarlo con delincuentes y acusarlo de espionaje.
“Aquí están mis hermanos cancunenses, se están contando los días para que termine el gobierno municipal perredista, que les ha mentido, les ha subido los impuestos, ha espiado a los ciudadanos y hoy está bajo sospecha de tener tratos con delincuentes”, expresó en alusión a Greg Sánchez.
Otro asunto legal que enfrenta el abanderado perredista es la acusación derivada de un presunto fraude millonario. Según una querella que fue elevada a averiguación previa en la PGR, Greg pidió a un empresario 10 millones de dólares el 6 de diciembre de 2007, aparentemente para financiar la recta final de su campaña electoral a la presidencia municipal de Cancún.
Como parte de esa indagatoria, la PGR solicitó hace dos semanas a un juez federal una orden de aprehensión contra la perito en grafoscopía de la propia dependencia federal, Olga Alonso Mendoza, por considerar que falseó el dictamen en el que se concluyó que la firma que aparece en los pagarés del caso Sánchez Martínez no es la del edil.
La especialista concluyó que el candidato no firmó dos pagarés en los que contrajo una deuda de dos millones de dólares con Santander. Sin embargo, otros tres peritajes elaborados por las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República determinaron que sí los rubricó.
(Con información de Alfredo Méndez)
La captura se debió a una petición del juez segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de Nayarit, dentro de la causa penal 122/2010-VI, quien giró la orden contra el perredista por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera con el fomento de dichos ilícitos, y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El arresto ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el candidato volvía a Cancún de la ciudad de México, donde ofreció una conferencia de prensa, acompañado por los líderes de los tres partidos que conforman Todos por Quintana Roo, en la cual mencionó los “rumores” de que sería aprehendido.
Versiones no confirmadas sostenían que el candidato fue retenido en la sección de Aduanas del aeropuerto de Cancún y posteriormente trasladado en un avión oficial al penal de mediana seguridad de El Rincón, ubicado en Tepic, Nayarit, donde se encuentra el juzgado segundo de distrito, que llevará el caso.
La esposa de Gregorio Sánchez, Niurka Sáliva, dijo: “es una injusticia que quedará al descubierto el 4 de julio, cuando Greg sea elegido gobernador”.
De acuerdo con las investigaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) encontró indicios de que el abanderado tuvo vínculos con un grupo criminal ligado a Los Zetas.
El pasado 24 de abril, al rendir protesta en Chetumal como aspirante del PRI al gobierno quintanarroense, Roberto Borge arremetió contra Sánchez Martínez al ligarlo con delincuentes y acusarlo de espionaje.
“Aquí están mis hermanos cancunenses, se están contando los días para que termine el gobierno municipal perredista, que les ha mentido, les ha subido los impuestos, ha espiado a los ciudadanos y hoy está bajo sospecha de tener tratos con delincuentes”, expresó en alusión a Greg Sánchez.
Otro asunto legal que enfrenta el abanderado perredista es la acusación derivada de un presunto fraude millonario. Según una querella que fue elevada a averiguación previa en la PGR, Greg pidió a un empresario 10 millones de dólares el 6 de diciembre de 2007, aparentemente para financiar la recta final de su campaña electoral a la presidencia municipal de Cancún.
Como parte de esa indagatoria, la PGR solicitó hace dos semanas a un juez federal una orden de aprehensión contra la perito en grafoscopía de la propia dependencia federal, Olga Alonso Mendoza, por considerar que falseó el dictamen en el que se concluyó que la firma que aparece en los pagarés del caso Sánchez Martínez no es la del edil.
La especialista concluyó que el candidato no firmó dos pagarés en los que contrajo una deuda de dos millones de dólares con Santander. Sin embargo, otros tres peritajes elaborados por las procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y General de la República determinaron que sí los rubricó.
(Con información de Alfredo Méndez)
Hugo Martoccia, La Jornada, 26 de mayo.
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