A pesar de estar detenido por su presunta vinculación con la delincuencia organizada, el candidato de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, oficialmente permanece en esa calidad hasta que se confirme su situación legal, lo que ocurrirá cuando el juez de la causa declare el auto de formal prisión o de libertad. De proceder la primera hipótesis, perdería el carácter de “candidato” hasta que el Poder Judicial notifique a la autoridad electoral.
Los consejeros Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez, del Instituto Federal Electoral (IFE), coincidieron en que una vez que se dicte la formal prisión comienzan a correr los trámites legales que, en ese contexto, implicarían la pérdida de la candidatura. Sin embargo, por ahora las autoridades comiciales –estatal y federal, en este caso– deben aguardar a que se formalice el estatus legal de Gregorio Sánchez.
En el supuesto de que se decretara la formal prisión, el Poder Judicial podría notificar ya sea al Instituto Electoral de Quintana Roo o al IFE el cambio de estatus legal del abanderado y, por tanto, de sus derechos políticos. De acuerdo con la Constitución –explicó Baños–, cuando eso ocurre se pierden los derechos políticos de votar y ser votado, aunque reconoció que recientemente hubo un criterio diferenciado de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En ese supuesto –añadió–, si la notificación se hace al organismo estatal, éste remitiría al IFE una petición para darlo de baja del padrón, toda vez que esta es su facultad exclusiva. Si se avisa al instituto federal, éste informaría a su par local que procedió a quitarlo del padrón por pérdida de sus derechos políticos, para que se realizaran los trámites respectivos.
Sin embargo, el consejero Sánchez alertó sobre el precedente que recientemente asentó el TEPJF en el caso del candidato panista a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco, en el cual estableció que no es suficiente la formal prisión para que se pierdan los derechos políticos, sino que debería concluir el proceso legal. No obstante, Sánchez advirtió que los casos son diferentes por la gravedad de los delitos en que se verían implicados ambos aspirantes.
En esta lógica, sería responsabilidad de la autoridad local determinar la exclusión de Gregorio Sánchez como candidato y notificar a los partidos que deben sustituirlo como aspirante. Igualmente, corresponderá al instituto estatal la decisión de no incluirlo –siempre si se da la formal prisión– en la papelería electoral
Los consejeros Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez, del Instituto Federal Electoral (IFE), coincidieron en que una vez que se dicte la formal prisión comienzan a correr los trámites legales que, en ese contexto, implicarían la pérdida de la candidatura. Sin embargo, por ahora las autoridades comiciales –estatal y federal, en este caso– deben aguardar a que se formalice el estatus legal de Gregorio Sánchez.
En el supuesto de que se decretara la formal prisión, el Poder Judicial podría notificar ya sea al Instituto Electoral de Quintana Roo o al IFE el cambio de estatus legal del abanderado y, por tanto, de sus derechos políticos. De acuerdo con la Constitución –explicó Baños–, cuando eso ocurre se pierden los derechos políticos de votar y ser votado, aunque reconoció que recientemente hubo un criterio diferenciado de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En ese supuesto –añadió–, si la notificación se hace al organismo estatal, éste remitiría al IFE una petición para darlo de baja del padrón, toda vez que esta es su facultad exclusiva. Si se avisa al instituto federal, éste informaría a su par local que procedió a quitarlo del padrón por pérdida de sus derechos políticos, para que se realizaran los trámites respectivos.
Sin embargo, el consejero Sánchez alertó sobre el precedente que recientemente asentó el TEPJF en el caso del candidato panista a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco, en el cual estableció que no es suficiente la formal prisión para que se pierdan los derechos políticos, sino que debería concluir el proceso legal. No obstante, Sánchez advirtió que los casos son diferentes por la gravedad de los delitos en que se verían implicados ambos aspirantes.
En esta lógica, sería responsabilidad de la autoridad local determinar la exclusión de Gregorio Sánchez como candidato y notificar a los partidos que deben sustituirlo como aspirante. Igualmente, corresponderá al instituto estatal la decisión de no incluirlo –siempre si se da la formal prisión– en la papelería electoral
Alonso Urrutia, La jornada, 28 de mayo.
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