Hace 19 días un juez federal negó a la Procuraduría General de la República (PGR) una orden de arresto en contra de Gregorio Sánchez, a quien acusó de delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero, ya que los fiscales no pudieron demostrar todas las acusaciones. Ante la negativa, la PGR fue a otro juzgado, el mismo en el que el año pasado consignó los expedientes del llamado michoacanazo, y ahí sí logró que las autoridades le obsequiaran la orden de aprehensión.
El pasado 7 de mayo el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Roberto Hoyos Aponte, le negó a la PGR la orden de arresto.
Los argumentos fueron contundentes. Aseguró que la PGR no pudo demostrar ni siquiera la existencia de los delitos contra la salud ni de lavado de dinero y “mucho menos la probable responsabilidad de Gregorio Sánchez Martínez en su comisión”.
El juez dice que la PGR acreditó la existencia del delito del delincuencia organizada “más no la probable responsabilidad de Gregorio Sánchez Martínez”.
Faltan pruebas
“La representación social [la PGR] perdió de vista que en la indagatoria no existe prueba que ponga de manifiesto que Gregorio Sánchez hizo actos con recursos provenientes de actividades ilícitas... incumplió con la carga probatoria que le corresponde…”, dice el Juez Sexto en uno de los párrafos de su resolución.
“Al no estar acreditados los elementos de delitos en referencia, ni la probable responsabilidad penal del indiciado... lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada”.
Ante la negativa del juez, la PGR recurrió a Carlos Alberto Elorza, titular del Juzgado Segundo de Distrito en de Procesos Penales Federales en Tepic.
A diferencia de su colega en Toluca, el juez Elorza Amores otorgó a la PGR la orden de arresto contra Sánchez Martínez por los tres delitos: contra la salud, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Elorza es el mismo ante el que la PGR consignó los expedientes de los alcaldes, funcionarios y policías de Michoacán que fueron acusados de integrar una red política y policial de protección al narcotráfico, un caso conocido como el michoacanazo.
En ese caso el juez dictó órdenes de aprehensión y autos de formal prisión contra 27 funcionarios, entre ellos seis alcaldes.
La PGR sustenta sus acusaciones contra Sánchez con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que demuestran que de sus cuentas se han realizado retiros mayores a sus ingresos.
El líder perredista Jesús Ortega dijo que la PGR usa los mismos testigos protegidos del michoacanzo contra Sánchez.
El vocero de la PGR respondió que no podría confirmar ni desmentir que se trata de los mismos testigos protegidos .
El pasado 7 de mayo el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Roberto Hoyos Aponte, le negó a la PGR la orden de arresto.
Los argumentos fueron contundentes. Aseguró que la PGR no pudo demostrar ni siquiera la existencia de los delitos contra la salud ni de lavado de dinero y “mucho menos la probable responsabilidad de Gregorio Sánchez Martínez en su comisión”.
El juez dice que la PGR acreditó la existencia del delito del delincuencia organizada “más no la probable responsabilidad de Gregorio Sánchez Martínez”.
Faltan pruebas
“La representación social [la PGR] perdió de vista que en la indagatoria no existe prueba que ponga de manifiesto que Gregorio Sánchez hizo actos con recursos provenientes de actividades ilícitas... incumplió con la carga probatoria que le corresponde…”, dice el Juez Sexto en uno de los párrafos de su resolución.
“Al no estar acreditados los elementos de delitos en referencia, ni la probable responsabilidad penal del indiciado... lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada”.
Ante la negativa del juez, la PGR recurrió a Carlos Alberto Elorza, titular del Juzgado Segundo de Distrito en de Procesos Penales Federales en Tepic.
A diferencia de su colega en Toluca, el juez Elorza Amores otorgó a la PGR la orden de arresto contra Sánchez Martínez por los tres delitos: contra la salud, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Elorza es el mismo ante el que la PGR consignó los expedientes de los alcaldes, funcionarios y policías de Michoacán que fueron acusados de integrar una red política y policial de protección al narcotráfico, un caso conocido como el michoacanazo.
En ese caso el juez dictó órdenes de aprehensión y autos de formal prisión contra 27 funcionarios, entre ellos seis alcaldes.
La PGR sustenta sus acusaciones contra Sánchez con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que demuestran que de sus cuentas se han realizado retiros mayores a sus ingresos.
El líder perredista Jesús Ortega dijo que la PGR usa los mismos testigos protegidos del michoacanzo contra Sánchez.
El vocero de la PGR respondió que no podría confirmar ni desmentir que se trata de los mismos testigos protegidos .
Francisco Reséndiz, El Universal, 27 de mayo.
0 Responses to "Juez negó a PGR orden de arresto"
Publicar un comentario