Molesta a militares Ley de Seguridad

Inconformes con la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados del proyecto de decreto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, fuentes castrenses comentaron a REFORMA que dichas modificaciones no favorecen la protección de los ciudadanos "ni mucho menos la defensa y seguridad del territorio nacional".

Las reformas atienden más asuntos de seguridad pública que de seguridad nacional, dijeron.

"Significativamente, los temas de seguridad pública y de espionaje son los protegidos (por las reformas). Curiosa o incomprensiblemente se habla más de seguridad pública que de seguridad nacional o de seguridad interior o exterior", comentaron.

Pareciera, que "prevalece la experiencia vivencial como persona no como político o legislador al servicio de su elector, de quienes participaron en su elaboración".

Las fuentes proponen un "análisis que evite llegar a actos de inconstitucionalidad".

"Hay que ser certeros en el sustento legal de las Fuerzas Armadas en la atención a problemas de seguridad nacional, en su ámbito de seguridad interior, derivados de la violencia que realiza la delincuencia organizada y que desborda ampliamente la capacidad de respuesta y acciones de las autoridades locales", insistieron.

Puntualizaron en la supeditación de las acciones de las Fuerzas Armadas a decisiones de autoridades locales.

"Al supeditarlas a las autoridades civiles ya rebasadas por un problema se degrada a las instancias armadas y se pervierte su misión y -por lo menos-esto podría generar acciones de inconstitucionalidad", expusieron.

Abundaronn en que la minuta "cancela la posibilidad de que las autoridades federales puedan presentar una solicitud de afectación a la seguridad nacional".

Por tanto, la decisión depende de una autoridad local. Si no lo hace "la población seguirá sufriendo esa afectación impidiendo que las Fuerzas Armadas cumplan su misión constitucional.

Preguntan: "¿Cuántas autoridades locales, desde policías, comandantes, regidores, síndicos, alcaldes o hasta gobernadores pudieran estar amenazados, comprados o vinculados al crimen?".
Reforma, 6 de mayo.

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