QUERÉTARO. La delegada en Querétaro de la Procuraduría General de la República (PGR), Norma Patricia Valdés Arguelles, afirmó que hasta el momento nadie le ha solicitado que extienda una disculpa pública a las queretanas Alberta Alcántara y Teresa González. Aseguró que el procedimiento penal y su consignación se realizaron de manera correcta.
Ratificó la versión de la PGR, en el sentido de que ambas participaron en el secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, y que a Teresa González Cornelio se le encontraron cuatro “grapas” de cocaína.
En sesión del 28 de abril, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la absoluta e inmediata libertad de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, al no encontrarse penalmente responsables de los delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, y contra servidores públicos.
Los ministros resolvieron revocar la sentencia emitida por el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, dictada el pasado 19 de febrero, dentro del proceso penal 48/2006, e instruyeron a la Secretaría de Acuerdos de la Sala para que de inmediato girara un telegrama al juzgador y pusiera en libertad a las apelantes.
Resuelto el caso, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organismo que asumió la defensa legal de las dos indígenas, consideró que la PGR y el juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza, debían responder por el caso, pues ambos tienen responsabilidades.
Anunció que en breve promoverán un juicio para pedir la reparación del daño que se les causó por haber permanecido casi cuatro años en una prisión de Querétaro de manera injusta.
La delegada Patricia Valdés comentó que hasta el momento nadie les ha planteado una solicitud para que la institución que representa pida disculpas a las indígenas Alberta y Teresa.
Tras el desenlace en la Corte, sostuvo que “el ministerio público consigna los hechos que en el momento le son presentados. La droga está ahí asegurada, la traía Alberta, eran cuatro grapas aproximadamente, consignamos los hechos y fue presentada ante un juez federal, y es quien decidió si se les dictaba auto de formal prisión o sentencia condenatoria”.
Ratificó la versión de la PGR, en el sentido de que ambas participaron en el secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, y que a Teresa González Cornelio se le encontraron cuatro “grapas” de cocaína.
En sesión del 28 de abril, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la absoluta e inmediata libertad de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, al no encontrarse penalmente responsables de los delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, y contra servidores públicos.
Los ministros resolvieron revocar la sentencia emitida por el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, dictada el pasado 19 de febrero, dentro del proceso penal 48/2006, e instruyeron a la Secretaría de Acuerdos de la Sala para que de inmediato girara un telegrama al juzgador y pusiera en libertad a las apelantes.
Resuelto el caso, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organismo que asumió la defensa legal de las dos indígenas, consideró que la PGR y el juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza, debían responder por el caso, pues ambos tienen responsabilidades.
Anunció que en breve promoverán un juicio para pedir la reparación del daño que se les causó por haber permanecido casi cuatro años en una prisión de Querétaro de manera injusta.
La delegada Patricia Valdés comentó que hasta el momento nadie les ha planteado una solicitud para que la institución que representa pida disculpas a las indígenas Alberta y Teresa.
Tras el desenlace en la Corte, sostuvo que “el ministerio público consigna los hechos que en el momento le son presentados. La droga está ahí asegurada, la traía Alberta, eran cuatro grapas aproximadamente, consignamos los hechos y fue presentada ante un juez federal, y es quien decidió si se les dictaba auto de formal prisión o sentencia condenatoria”.
Juan José Arreola corresponsal, El Universal, 6 de mayo.
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