Los dirigentes del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista denunciaron que la Presidencia de la República presiona a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral para que falle a favor del panista Martín Orozco Sandoval y le restituya sus derechos para contender por la gubernatura del estado.
En conferencia de prensa, Isidoro Armendáriz, Yuri Trinidad y Sergio Augusto López, disidentes de los partidos citados, coincidieron en afirmar que “tenemos conocimiento de que existen presiones desde el más alto nivel del poder público al magistrado ponente, Flavio Galván Rivera, para que, a la brevedad posible, presente al pleno el proyecto de resolución con la consigna desde la Presidencia de la República, para que sean restituidos los derechos políticos al candidato del partido Acción Nacional”.
Al fijar su postura sobre la inminente resolución del Tribunal Federal Electoral, dijeron que si éste, de manera inducida y manipulada, ordena al Instituto Estatal Electoral el registro del presunto candidato del partido Acción Nacional a la gubernatura del estado, se le ratificarán sus derechos políticos para participar en esta justa electoral, “pero eso no lo exonera de la responsabilidad penal ni administrativa, pues el juicio penal y administrativo seguirán abiertos por tráfico de influencias y uso indebido de la autoridad en el servicio público. Asimismo el auto de formal prisión seguirá su curso”.
Reiteraron que si la decisión del Tribunal Federal Electoral se da en el sentido antes señalado, se ratificarán las siguientes hipótesis:
La ratificación de los derechos políticos del presunto candidato del PAN es producto del peso político del PAN-gobierno ante el Trife y su gran capacidad para romper con la autonomía de una institución electoral otrora respetada y respetable. Esta es una forma de socavar a las instituciones encargadas de perfeccionar nuestra democracia.
El PAN y el gobierno que encabeza Felipe Calderón, con el pretexto de la razón de Estado convertida en una razón partidista, dan un golpe de timón acabando con el espíritu de la justicia electoral, demostrando con ello la intromisión ante las decisiones de un órgano autónomo como es el Trife y el acceso a la información privilegiada, elementos que les son útiles para tomar una decisión política a modo, cuando esta decisión debiera ser eminentemente jurídica.
En conferencia de prensa, Isidoro Armendáriz, Yuri Trinidad y Sergio Augusto López, disidentes de los partidos citados, coincidieron en afirmar que “tenemos conocimiento de que existen presiones desde el más alto nivel del poder público al magistrado ponente, Flavio Galván Rivera, para que, a la brevedad posible, presente al pleno el proyecto de resolución con la consigna desde la Presidencia de la República, para que sean restituidos los derechos políticos al candidato del partido Acción Nacional”.
Al fijar su postura sobre la inminente resolución del Tribunal Federal Electoral, dijeron que si éste, de manera inducida y manipulada, ordena al Instituto Estatal Electoral el registro del presunto candidato del partido Acción Nacional a la gubernatura del estado, se le ratificarán sus derechos políticos para participar en esta justa electoral, “pero eso no lo exonera de la responsabilidad penal ni administrativa, pues el juicio penal y administrativo seguirán abiertos por tráfico de influencias y uso indebido de la autoridad en el servicio público. Asimismo el auto de formal prisión seguirá su curso”.
Reiteraron que si la decisión del Tribunal Federal Electoral se da en el sentido antes señalado, se ratificarán las siguientes hipótesis:
La ratificación de los derechos políticos del presunto candidato del PAN es producto del peso político del PAN-gobierno ante el Trife y su gran capacidad para romper con la autonomía de una institución electoral otrora respetada y respetable. Esta es una forma de socavar a las instituciones encargadas de perfeccionar nuestra democracia.
El PAN y el gobierno que encabeza Felipe Calderón, con el pretexto de la razón de Estado convertida en una razón partidista, dan un golpe de timón acabando con el espíritu de la justicia electoral, demostrando con ello la intromisión ante las decisiones de un órgano autónomo como es el Trife y el acceso a la información privilegiada, elementos que les son útiles para tomar una decisión política a modo, cuando esta decisión debiera ser eminentemente jurídica.
Ángel Álvarez en Aguascalientes, La Crónica, 12 de mayo.
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