De acuerdo con información del sitio zacatecasenlinea, alrededor de las 11:00 horas de ayer personal de la PGJE y policías estatales entraron a la bodega de materiales ubicada en la Calzada Luis Moya, en atención a una denuncia anónima relativa a que en ese lugar había autos robados.
En el lugar fueron encontrados 17 vehículos Nissan Tsuru, modelo 2010, los cuales presuntamente habían sido robados hace cinco meses de un camión nodriza en Coahuila.
En el lugar también hallaron un autobús de pasajeros de lujo, así como un camión con el logotipo del conjunto musical Comando Norteño.
El dueño del inmueble, Hugo Díaz, declaró que los vehículos tenían 10 días en su bodega y fueron facilitados por empresarios de Nuevo León para la campaña de la Alianza Primero Zacatecas, integrada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza.
Debido a estos hechos, el PRI y su candidato a la gubernatura estatal, Alonso Reyes, presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), contra las autoridades zacatecanas.
En conferencia de prensa, el secretario general del PRI, Esaú Hernández, informó que los vehículos sustraídos fueron prestados por empresarios que apoyan la Alianza Primero Zacatecas.
Aseguró que se cuenta con las facturas de las unidades, así como un contrato de comodato, para que los vehículos sean usados en la campaña.
Dijo que los vehículos se dieron en comodato por empresarios, quienes a su vez los adquirieron en Osaka Motors, arrendadora de Monterrey.
Afirmó que cuando se realizaba el operativo se mostraron a los agentes estatales las facturas y pólizas de seguros, además que los vehículos tienen en el medallón trasero un permiso de circulación, que según información de MVS Radio fue emitido por el gobierno de Nuevo León.
En un comunicado el PRI denunció que el gobierno de Amalia García sustrajo los vehículos de la campaña estatal del PRI.
La acción se llevó a cabo mediante una intervención policiaca armada, con exceso de fuerza, sin orden de cateo ni más argumento que “una denuncia anónima”, refirió el Institucional.
La ilegal medida provocó ya denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, así como una denuncia pública acerca de la intervención de los gobiernos federal y estatal en la contienda.
La acción represiva y a todas luces carente de fundamento legal alguno fue atribuida a Claudia Corichi, senadora perredista e hija de la gobernadora Amalia García, con apoyo de Sonia Villarreal, coordinadora de giras del gobierno del estado y la subprocuradora Concepción García, hermana de la mandataria.
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