Beneficios del orden público, por encima de los económicos: SCT

La Secretaría de Comunicaciones y  (SCT) rechazó que las diversas decisiones que se han tomado en los  de telecomunicaciones y radiodifusión tengan como fin otorgar  específicos a favor de algún agente económico, en vez de los beneficios del orden público.

El subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Héctor Olavarría, defendió las políticas públicas instrumentadas desde la dependencia y aseguró: "no hemos beneficiado a nadie. En el caso particular de la  de 2.5 Ghz lo que consideramos nosotros era justamente eso, incrementar la , en donde también podían  los actuales  de la banda".

Este rescate de la banda de 2.5 gigahercios  tiene como fin la apertura de la competencia en telecomunicaciones y del  mismo.

"Nunca se les dijo 'oye, ésta me la tienes que regresar y tú ya dedícate a hacer otra cosa', no señores, estaba abierta, y sigue estando abierta la posibilidad" de que los concesionarios entrantes y con licencia participen de nueva cuenta, agregó Olavarría.

El subsecretario aclaró que desde el miércoles de la semana pasada, la notificación se hizo llegar a los 11 concesionarios de banda de 2.5 Ghz, y que "no hemos sido notificados al día de hoy de algún medio legal de defensa, yo me he reunido con uno de los concesionarios, que es Ultravisión, con Arturo Zorrilla, su hijo y su abogado y más allá de eso, no hemos tenido otra reunión", explicó el subsecretario.

Diversos especialistas coincidieron en que la actual administración trazó las políticas adecuadas para generar el fortalecimiento de las empresas dominantes en telecomunicaciones y radiodifusión, en vez de permitir la incursión de nuevos inversionistas.

 El asunto MVS "es una decisión que toma la SCT; si la decisión fuera de la Cofetel no estaría tan políticamente contaminada", expresó Irene Levy, presidenta de Observatel.

"Yo no veo de otra, tenemos que generar el cambio hacia una ley convergente porque las tecnologías son convergentes en términos de la radiodifusión y telecomunicaciones", indicó la presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Aleida Calleja.

La Crónica, 18 de agosto.

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