El gobierno me chantajeó con banda 2.5 GHz: Vargas

Joaquín Vargas, presidente del Consejo de de la empresa MVS Comunicaciones, denunció ayer presiones y amenazas por parte del gobierno federal, mediante las cuales —dijo— se condicionó la autorización del uso de la  de 2.5 GHz del espectro radioeléctrico al despido de la periodista Carmen Aristegui, y no impugnar la fusión Televisa-Iusacell.

Y en respuesta a declaraciones del secretario de Comunicaciones, Dionisio Pérez Jácome, y del ex secretario del , Javier Lozano Alarcón, quienes negaron la existencia de tales presiones y chantajes, Vargas advirtió que de persistir éstos en sus dichos exhibirá pruebas de sus afirmaciones.

En  de , sostuvo además que la banda 2.5GHz no está subutilizada, pues en 2004 la empresa invirtió 80 millones de dólares para ofrecer servicios de banda ancha móvil, y negó que se haya negado a pagar las contraprestaciones por el uso del espectro, pues —señaló— éste es un tema que aún negociaba con el gobierno federal.

Vargas se dijo engañado por la Secretaría de Comunicaciones (SCT), ya que aún estaban en negociaciones cuando anunció el “rescate” del espectro, por lo cual adelantó que impugnará dicha resolución.

Chantaje. Vargas señaló que en 2011, cuando la conductora Carmen Aristegui emitió opiniones sobre supuestos problemas de alcoholismo del presidente Felipe Calderón, el gobierno solicitó a MVS que ofreciera disculpas, lo cual no sucedió y la periodista fue despedida.

Ante reclamos de los radioescuchas a favor de Aristegui, Javier Lozano —entonces secretario del Trabajo— se reunió con Joaquín Vargas —según narró éste— para decirle que su proyecto de la banda 2.5 tenía méritos propios. “Pero si recontratas a la periodista, tu propuesta se la lleva la chingada y  olvidas de este gobierno hasta su último día”, le dijo.

Esto —apuntó el empresario— fue tomado como un chantaje y el Consejo  decidió restablecer la relación  con la conductora.

Vargas también denunció que en junio Alejandra Sota —vocera de la Presidencia de la República—  le comunicó que la resolución Televisa-Iusacell era una ventana para destrabar el proyecto de la banda 2.5, siempre y cuando MVS no impugnara la fusión. “La realidad es que la decisión ya estaba tomada y fuimos engañados”, dijo.

Y dijo que Televisa se encuentra detrás de las acciones del gobierno, pues junto con Iusacell son los únicos que pueden ofrecer paquetes de telefonía fija, móvil, televisión e internet. “A MVS le bloquean su autopista y a Televisa le construyen segundos pisos”, expresó.

Justificación. Sobre el mal uso que según el gobierno le ha dado MVS al espectro radioeléctrico, Joaquín Vargas recordó que en 2004 y 2005 ofreció servicios de banda ancha inalámbrica en 5 ciudades y había el proyecto de extenderse a 10 más; pero cuando se negó la prórroga de la concesión, por falta de acuerdos en la contraprestación, se generó incertidumbre jurídica e inhibió las inversiones.

Reiteró que el proyecto de Banda Ancha Móvil Para Todos fue negado por el gobierno, el cual representaba inversiones por mil millones de dólares.

Con respecto al pago de contraprestaciones, aseguró que las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones impusieron una tarifa de 10 centavos de dólar por MegaHertz POB, monto 67 por ciento superior al que paga Austria, Finlandia, Holanda, Alemania, Colombia, Perú y Chile que paga menos de un centavo de dólar.

“Con esa tarifa no hay forma de llevar a cabo un proyecto ni a través de cualquier otra empresa, pues esa tarifa implica un millón de dólares semanales, que se traduce en altos niveles de precios al público”, explicó.

Finalmente, reiteró que si se publica el decreto de “rescate” de la banda 2.5, el actual heredará al próximo gobierno un problema jurídico de 5 años y no una solución sobre la competitividad en las telecomunicaciones.

¡Pruebas! Posteriormente, en declaraciones a Radio Fórmula, el empresario advirtió:

“Yo lo único que pido es que si alguno de los que yo mencioné como ya tenemos el caso de dos personas, el secretario (Dionisio Pérez-Jácome) y ahora el señor Javier Lozano, dice que no es cierto, bueno, pues yo me comprometo a aportar, a acreditar que lo que estoy diciendo es cierto”.

Señaló que sus imputaciones las hace con toda responsabilidad y a cuesta de su prestigio como hombre de negocios y como cabeza de un consorcio. “Estoy muy consciente de lo que estoy haciendo y lo hago consciente de la responsabilidad fiduciaria que tengo con todos los accionistas. Tengo un prestigio y hablo a título personal como empresario, no me dedico a esto y mucho menos a grabar, ni mucho menos a nada.

“Pero también entiendo que el que dice, tiene la obligación de probarlo”, sostuvo.

Lindsay Esquivel, La Crónica, 16 de agosto.

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