Amenazan medios trabajo legislativo, afirman expertos

La presencia de representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), acompañados por los principales conductores de los medios de comunicación, en la reunión con las comisiones unidas del Senado que dictaminan la reforma electoral fue una expresión “amenazadora frente al trabajo legislativo de un poder del Estado”.

Pretenden mantener intacta la influencia de los poderes fácticos en los procesos electorales, no sólo en cuanto a ganancias económicas sino en lo político, manifestaron, por separado, John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Beatriz Solís, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Aleida Calleja, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Los tres cuestionaron la “desmesura” de las posiciones de los integrantes de la CIRT, por asumirse como representantes de la ciudadanía y por obviar que son concesionarios de un bien público. “Hablan como si se les estuvieran secuestrando las frecuencias radioeléctricas que operan, pero se les olvida que éstas son un bien del dominio de la nación que el Estado concesiona para que den servicio a la sociedad”.

Quedó claro cómo se mueven los poderes fácticos, enarbolando la bandera de la libertad de expresión, dijo Calleja. Destacó que “critican que los legisladores aprueben con rapidez esta reforma, pero nada dijeron cuando los diputados aprobaron la ley Televisa en siete minutos.

Ackerman consideró paradójico que los poderes fácticos reivindiquen la justicia social y la defensa de la libertad de expresión. Destacó que la prohibición de contratar publicidad y evitar la propaganda encubierta son temas torales de la reforma, que inhibirán la influencia de esos poderes en las elecciones.

“Los 281 mil espots fantasma que habrían contratado los partidos muestra el manejo discrecional de los medios en la contratación de promocionales. El caso de Demetrio Sodi, que contrató mensajes para un canal metropolitano y Televisa los difundió a escala nacional, o la diferenciación en los precios, hablan de la influencia ilegal e injusta de los medios que sólo introduce inequidad” en la contienda, agregó.

Solís advirtió sobre la necesidad de que el Congreso resista ante las presiones de la CIRT, que “seguramente se incrementarán porque les están tocando los bolsillos”. Agregó que debe darse seguimiento al debate en la Cámara de Diputados y en los congresos locales ante eventuales presiones de los consorcios mediáticos en colaboración con gobernadores que podrían ver afectadas sus pretensiones.

Agregó que la actitud de la CIRT no puede desligarse de la inminente discusión de la ley de medios. Los concesionarios tienen dos frentes que atender en esta coyuntura, por lo que habrá que estar atentos para que los legisladores no negocien los alcances de esta reforma a cambio de reducir los costos de las campañas.

Calleja subrayó la desmesura de los concesionarios que, con la bandera de ser representantes de la sociedad, defienden intereses que van contra los reclamos sociales de abatir el costo de las elecciones. Pretenden descalificar la reforma, agregó, pero en realidad se trata de una confrontación con un poder del Estado.