Canal 40: Del 29 de diciembre de 2002 al 31 de enero de 2003: comentarios de contexto.

Presentamos en esta entrega los comentarios que suscitaron los acontecimientos de la toma del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite el 28 de diciembre de 2002. Se establecen dos cortes. El primero, entre el 29 de diciembre de enero de 2002 y el7 de enero de 2003, es decir, una semana después de los acontecimientos. El segundo, entre el 28 de enero de 2003 –fecha en que se reinician las transmisiones del canal- y el 30 de enero del mismo año. Los comentarios fueron igualmente seleccionados de los periódicos El Universal, Milenio y Reforma.

Del 29 de diciembre de 2002 al7 de enero de 2003.
Insólito, inaudito, escandaloso. Lo que pasó el viernes 27 de diciembre en este país no tiene nombre. ¿Cómo fue que a TV Azteca se le ocurrió interferir la señal de CNI Canal 40?
Independientemente de los problemas legales que había entre ambas televisoras y de si es verdad o mentira que un comando armado de la televisora del Ajusco tomó la antena para luego grabar a unos cuantos empleados del 40 recibiendo a la gente de Azteca 13 como si hubieran sido peregrinos pidiendo posada, no era la forma.
¿Por qué? Porque atrás de esa medida se esconden las peores lecturas políticas, sociales y mediáticas de los últimos años.
Si personal de TV Azteca fue y se paró en un cerro para hacer suyo un transmisor de televisión, ¿usted cree que no lo pueda hacer cualquier grupo guerrillero o cualquier organización de ésas que cierran las carreteras y toman los museos más importantes de la nación?
Si TV Azteca se sintió con el derecho de ir a reclamar como suya una señal concesionada sin la presencia de ningún representante directo del gobierno de la República, ¿quién tiene más poder en este país, la televisión o las autoridades? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Adónde se fue?
Si CNI hizo mal en violar un contrato en el año 2000 y TV Azteca actuó conforme al derecho, ¿por qué actuaron hasta ahora y no antes? ¿Por qué?
La televisora del Ajusco es famosa por su peculiar manera de interpretar la ley y por esa forma tan extraña de usarse a sí misma para llevarla digerida a los hogares de los mexicanos.
La lista de antecedentes va desde la desaparición artística de Ana Colchero hasta la toma de CNI, pasando por las crestomatías de “Ventaneando”, la tarde en que Ricardo Salinas pidió personalmente la cabeza de Cuauhtémoc Cárdenas por el asesinato de Paco Stanley, y el misterioso atentado contra Lilly Téllez.
Esto sin contar con las quejas por los resultados de La academia, los plagios a los arranques de Yo soy Bety, la fea y El manantial para El amor no es como lo pintan y La duda, respectivamente; sus broncas con los cableros de los estados, y ese odio tan enfermizo hacia Gloria Trevi.
Lo del odio es básico porque en la invasión a CNI se perciben un resentimiento y una saña que no le piden nada a las que sus emisiones más exitosas han manifestado hacia el clan Trevi-Andrade.
Hasta la semana pasada, cada vez que se hablaba del Canal 40 en los diferentes programas de la televisora del Ajusco, se hacía con desprecio. Lo menos que se decía es que era un canal insignificante que no veía nadie y que no valía la pena perder el tiempo hablando de él.
Pues tan insignificante es CNI que no hubo noticiero de TV Azteca del viernes pasado que no arrancara con la noticia de que esa empresa había retomado el control del Canal 40.
Las notas estaban tan manipuladas que daba miedo mirarlas, ya que trataban a Ciro Gómez Leyva como heredero directo de Sergio Andrade, estaban ilustradas con imágenes de 1998, y remataban confundiendo al personal de CNI dándole una bienvenida que no era tal.
¿Por qué si TV Azteca había retomado el control de Canal 40 no ilustraron con imágenes actuales? ¿Por qué si los recursos humanos de esa estación ya formaban parte del Grupo Salinas no sacaron ni a una sola persona de CNI saltando de felicidad o recibiendo un abrazo de don Ricardo?
Todo lo que usted y yo vimos en las pantallas de Azteca 7 y Azteca 13 fue de lo más sospechoso. Desde la fecha. ¿Por qué, si el contrato de 1998 era válido, la gente del Ajusco esperó hasta un viernes de vacaciones de fin de año, del 2002, para ejecutarlo?
¿No habrá sido para agarrar al canal en curva y aprovechar determinadas ausencias?
Hasta una buena parte de la prensa nacional está de vacaciones en estos días como para opinar y presionar.
Y lo peor, ¿por qué si la toma era tan legal y pacífica, Canal 40 siguió existiendo a través de otros sistemas de televisión de paga y los señores de TV Azteca no entraron a la verdadera sede de CNI en el World Trade Center? ¿Por qué, si era lo más lógico?
Más que como una alianza consumada, aquello se vio como un secuestro, como un acto de tortura donde el verdadero objetivo era destruir al concesionario del Canal 40 y propagar el pánico y la incertidumbre entre sus trabajadores.
Pensando en una invasión honesta, lo primero que cualquier empresario hubiera hecho al tomar posesión de cualquier canal de televisión hubiera sido modificar su programación y anunciar nuevas emisiones.
TV Azteca no lo hizo y ni siquiera tiene capacidad real para llenar de programación propia la totalidad de sus dos canales. ¿Para qué quiere al 40? Seguramente para hacerle un daño personal a alguien o para impedir que crezca ya sea por si mismo o asociándose con otras compañías.
En el golpe que TV Azteca le acaba de dar a CNI está el peor de los daños: ¿Qué futuro comercial le puede esperar a un canal de televisión que alguna vez fue intervenido? ¿Cuál?
¿Qué va a pasar con los contratos comerciales que CNI ya tenía pactados para el año que entra, con los nuevos programas y los proyectos?
Estudiar esta guerra de televisoras es importante por su valor simbólico y por las lecciones que nos está dando. ¿Como cuáles? Como aquella que dice que cuando se desata una guerra, todos pierden.
La herida abierta en CNI es muy grave pero no menos que la que TV Azteca se acaba de abrir a sí misma.
¿Qué credibilidad pueden tener los noticieros de Fuerza Informativa Azteca después de un acto de manipulación tan obvio? ¿Qué futuro puede tener una televisora que se hace justicia con mano propia?
Ojo. No se necesita ser un politólogo experto para interpretar que atrás de la toma de CNI se pudiera esconder el más descarado acto de censura del gobierno de Vicente Fox.
El silencio, tanto del Presidente de la República como del secretario de Gobernación alrededor de este caso (que les atañe directamente porque parte de una señal concesionada por el gobierno federal), está de pensarse.
Primero, porque esta invasión pone en riesgo la seguridad de la nación. Segundo, porque es un claro indicador de que México pasa por un estado de alta ingobernabilidad. Tercero, porque ahí vienen las elecciones. Cuarto, porque el canal más crítico hacia el gobierno foxista siempre había sido CNI. Quinto, porque la televisora menos crítica hacia el gobierno de Vicente Fox siempre había sido TV Azteca.
¿Quién le dice a usted que el gobierno de la nación no está actuando contra CNI utilizando a TV Azteca? En estos tiempos en que las autoridades tienen que guardar las apariencias, el disfraz de los conflictos empresariales suena perfecto para ejercer la censura, ¿o no?
Y es que si se pierde el Canal 40 no se pierde una empresa multimillonaria, pero sí se pierde una voz muy crítica y de alta resonancia en el concierto de voces que debe ser la democracia de cualquier país que se respete.
Por lo mismo, qué sintomático que TV Azteca se haya lanzado contra la señal de CNI y no que nada más hubiera llegado y le hubiera puesto su logotipo al noticiero nocturno, a Séptimo día o a La ciudad con sexo.
Aquí no se trata de estar a favor o en contra de alguna de las dos partes sino de leer más
allá. ¿Por qué tuvieron que darse las cosas como se dieron el viernes 27 de diciembre? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué puede pasar? ¿Lo mismo que siempre pasa?
Cuidado con esta historia. En ella están las claves para entender, para bien o para mal, la triste realidad de nuestra pobre nación. Cuidado con ella.
Álvaro Cueva, “Ojo por ojo”, Milenio, 29 de diciembre de 2002.

VAYA REGALITO le dejó Santa Clos a Pedro Cerisola.
SEGUN se comenta en los altos niveles del gobierno federal, el titular de Comunicaciones y Transportes tendrá que arreglar el broncón entre Televisión Azteca y Canal 40.
SIN TOMAR en cuenta las versiones de ambas partes, no se puede hacer de lado un pequeño detalle: la señal televisiva en disputa es propiedad del Estado.
DE AHI QUE directamente de Los Pinos le llegó la orden a Cerisola de realizar un peritaje y resolver ese asunto.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, 29 de diciembre de 2002.

El conflicto mercantil entre CNI y TV Azteca debe resolverse por la vía del diálogo.
En ambas empresas participan personas inteligentes que saben que siempre es preferible un mal arreglo a un buen pleito. Muchos admiramos a los protagonistas de esa disputa. Javier Moreno Valle, presidente de CNI, ha contribuido notablemente en la transformación de la televisión informativa en México. Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, es uno de los más importantes empresarios mexicanos. Ciro Gómez Leyva, vicepresidente de CNI, es uno de los periodistas más lúcidos de Mexico. Y Jorge Mendoza, vicepresidente de TV Azteca, es un publirrelacionista brillante. A ellos no les debería costar ningún trabajo construir la paz
Ambas empresas hacen muy buena televisión. Multimedios Estrellas de Oro, el grupo editor de MILENIO, cuenta con una cadena regional de televisión basada en Monterrey. En esta ciudad, el Canal 12 de Multimedios compite con la programación local de TV Azteca y, por lo mismo, no contrata sus producciones. Como CNI opera sólo en la ciudad de México, Multimedios pactó con el Canal 40, hace unos dos años, para llevar a la pantalla del Canal 12 el noticiario conducido por Ciro Gómez Leyva (uno de los fundadores de MILENIO).
Lo que hace Ciro es tan bueno que no debería distraerse con el conflicto. Insisto, son tan listos todos los involucrados, que cuesta trabajo entender por qué no han podido solucionar un problema que ya huele a tragedia.
Y, como ocurre siempre en los dramas de la vida real (tan distintos de los televisivos), si no se ponen de acuerdo, todos van a perder.
Federico Arreola, “De ribete”, Milenio, 30 de diciembre de 2002.

¿Quién tendrá la razón y quién la culpa? En mi opinión, ambas partes son responsables del desaseo con que están ocurriendo las cosas. Si las dos televisoras sometieron voluntariamente sus diferendos a los criterios de las cortes parisinas, ¿qué esperanza podrían tener de que la ejecución de aquella interpretación jurídica ocurriera por mano de la autoridad mexicana?
Son dos los actos igualmente reprobables en este litigio. El primero, la retención de los quince millones de dólares por parte de Javier Moreno Valle, y hacer como si no pasara nada. El segundo, la toma por la fuerza de las instalaciones del Cerro del Chiquihuite. En los últimos días, ha sido más visible el segundo, y es reprobable a todas luces, pues parecía que acciones de ese tipo ya no ocurrían en México. Pero igualmente deleznable es que se violen acuerdos unilateralmente, y que se obtenga tanto dinero sin reconocer un contrato.
El problema de TV Azteca y CNI se llama oportunismo. Los seres humanos, limitados en su capacidad racional, acuerdan contratos imperfectos e incompletos. Sus vacíos dan origen a lo que se conoce como “daño moral”, que no es más que un tipo de oportunismo poscontractual que surge cuando una de las partes percibe que puede tomar ventaja de las condiciones del defectuoso contrato. Esta situación ocurre en numerosas ocasiones y existe mucha teoría económica que le da soporte conceptual.
Lo malo del capítulo que estamos observando es que la motivación financiera (tasa de retorno) parece estar subordinada al pleito de vecindad en que están enfrascadas las partes. Porque si esto se observara con estrictos criterios financieros, siempre lo más conveniente es llegar a un acuerdo como el originalmente planteado. No es el caso. Aquí hay dos machos peleando por la misma hembra.
Carlos Mota, “Cubículo Estratégico”, Milenio, 30 de diciembre de 2002.

El mismo sábado, TV Azteca anunció por escrito que el lunes 30 acusaría a Ciro Gómez Leyva por la "información falsa y las calumnias que ha emitido en su calidad de vocero de CNI Canal 40 contra la seriedad y prestigio de TV Azteca".
El domingo 29 esa sociedad anónima pagó la publicación en varios periódicos de un comunicado en plana entera dirigido al presidente Fox; al presidente de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel; al secretario Creel, de Gobernación; al secretario Cerisola, de Comunicaciones, y al procurador Macedo de la Concha. Les hace un llamado para que dé así y en singular seguimiento "a los juicios y averiguaciones que aún persisten, a fin de dar por terminada la controversia iniciada el... 16 de julio del año 2000 cuando Javier Moreno Valle... privó a TV Azteca de la operación del Canal 40".
La Constitución en su artículo 17 señala que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Quienes ordenaron tomar el transmisor y la antena del Canal 40 violaron la regla constitucional.
Parecería que la violación de normas superiores es una pauta de comportamiento de quienes administran las concesiones de los canales 7 y 13 de televisión.
En junio de 1999 concertaron un programa infamante, persecutorio, en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal. Pretendieron convertirlo en centro de imputación de un asesinato cometido por personas dedicadas al comercio de estupefacientes. Durante 12 horas violaron impunemente las normas de la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento.
Del desplegado cuya publicación pagó TV Azteca se desprende que ninguno de los tres procedimientos que promovió en tribunales mexicanos está resuelto. El único fallado es el juicio arbitral promovido por las partes en París ante un "Panel Arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje". El fallo declaró valido y vigente el contrato de producción, programación y comercialización con término de 10 años que las partes suscribieron en diciembre de 1998, el cual, pasado el tercer año, denunció Javier Moreno Valle.
Moreno Valle fundó el periódico El Financiero en 1981. En 1983 inició el establecimiento de un servicio informativo mediante la tecnología de teletexto. De ese proyecto surgió su propósito de fundar un canal noticioso en la banda de ultra altas frecuencias. En 1990 le fue concedida la frecuencia del Canal 40.
Moreno Valle tiene genuinos antecedentes en la organización, sostenimiento, operación y dirección de periódicos diarios y estaciones de televisión. Ciro Gómez Leyva es periodista con numerosos años de aprendizaje y quehacer en el oficio informativo. Sobre este telón de fondo, resalta el programa del 7 de junio de 1999 realizado por los productores y continuistas de Televisión Azteca.
A lo largo de sus 12 horas de duración, desfilaron los elencos de cómicos, payasos, actores, actrices, animadores, presentadores de noticias, narradores de deportes, y reseñadoras de espectáculos. También filósofos ocasionales, administradores medianos y los directivos del más alto nivel. El largo programa del 7 de junio de 1999 habrá de ser analizado por estudiosos de las comunicaciones colectivas. Ellos concluirán si es o no la emisión difamatoria más larga que registra la historia de la televisión, durante la cual se contrariaron las normas, las prácticas y los protocolos que observan diariamente quienes se dedican a informar a través de ese medio.
Especialistas en derecho, por su parte, se encargarán de determinar si las acciones perpetradas en el cerro del Chiquihuite en la madrugada del 27 de diciembre de 2002 fueron flagrantes violaciones o no a las elementales normas de arreglo pacífico de controversias que prescribe la Constitución. Ambos galardones quizá los reciba un mismo ente.
Pablo Marentes, El Universal, 31 de diciembre de 2002.

Lo que no se puede seguir dando es la ausencia de la autoridad frente al nuevo poder de los medios de comunicación electrónica. Esa inacción en materia de vigilancia y seguimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión ha propiciado un relajamiento prácticamente absoluto de los contenidos en la programación televisiva, que ya no sólo desatiende los horarios de clasificación, sino las más elementales normas de protección a la infancia y la familia. Diariamente se atropella los derechos de las personas sometiéndolas a los peores escarnios públicos, exponiéndolas al ridículo o a la lisa y llana calumnia. Además de la lista negra que de manera particular la empresa del Ajusco ha configurado con personajes que simplemente son contrarios a su forma de pensar, tanto para golpearlos como para vetarlos. Pero de nada hay que asombrarse, responderían las autoridades de la Secretaría de Gobernación, ¡han censurado por algún tiempo al mismísimo Presidente de la República! Con esos antecedentes, por qué no hemos de considerar posible que decidan implantar también un nuevo orden y un nuevo poder. ¿Acaso no escogieron por denominación la ilustrativa frase de "fuerza informativa Azteca"? ¿Por qué desestimar que la usen ahora también para violentar el estado de derecho? ¿Lo permitirá el poder del Estado mexicano
Javier Corral, El Universal, 31 de diciembre de 2002.

La alianza comercial estratégica que Televisión del Valle de México (Canal 40) firmó el 10 de diciembre de 1998 con Televisión Azteca fue un acto desesperado en busca de dinero para el Canal 40, empresa que iba derecho a la quiebra.
Pero fue también un proceder ingenuo en el que privó la buena fe y la inexperiencia por parte de CNI, frente al colmillo retorcido de un vendedor de estufas, que igual sabe prestar en abonos "chiquitos", mismos que a la larga se vuelven deudas grandotas, sólo cobrables en el peor estilo, ese del que hoy hemos sido testigos con la toma del Canal 40.
Y, frente a estos vergonzosos y preocupantes acontecimientos, ni la Secretaría de Gobernación ni la de Comunicaciones y Transportes han emitido comunicado alguno. El silencio gubernamental nos deja leer que está del lado del señor Salinas Pliego, y también abre un flanco de debilidad oficial, pues nos muestra que el día de mañana cualquier grupo de la sociedad civil puede llegar a tomar los medios electrónicos.
Esto que hoy logró hacer la televisora del Ajusco mañana podría regresarle como un boomerang, al amparo de las sombras, del vacío de poder y de la impunidad que hoy más que nunca parece imponerse por sobre un estado de derecho.
A la par, es imposible no ver el otro lado de la moneda: CNI Canal 40 sigue sin aprender. No se ha enseñado a luchar por lo suyo, y quizá la prepotencia y el exabrupto de algunos de sus integrantes quieran ocultar eso, incapacidad para aprender. Hoy, CNI no está en las pantallas del área metropolitana pero tiene su página en internet. Y, sin embargo, ahí tampoco sabe dar la batalla. Un escueto boletín, un artículo de Eduardo Monteverde y dos notas informativas son todo lo que en cuatro largos días ha podido hacer en ese ancho espacio el equipo que comanda Ciro Gómez Leyva. No cabe duda que cuando alguien es un líder con convicciones lo demostrará en los momentos de crisis, que son lo de definición. Lo hemos visto con Julio Scherer García y otros adalides del periodismo. Hoy Javier Moreno Valle sabe quién es quién.
Por ahora, sólo queda esperar. Esperar a que el gabinete del cambio nos demuestre que detendrá esta forma de intolerancia, violencia y dictadura mediática protagonizada por TV Azteca. Esperar a que ambas televisoras recurran a la transparencia informativa y exhiban los documentos oficiales que, según cada uno, los hace vencedores en este largo juicio que llegó hasta una corte internacional de arbitraje. Esperar a que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales interesadas en el destino de los medios electrónicos, manifiesten su posición ante estos lamentables hechos. Esperar a que el Presidente de la República, señor Vicente Fox salga de su luna de miel y encare la realidad del país.
Elvira García, “Medios de por medios”, El Universal, 31 de diciembre.

El hecho interrumpió el sopor de las vacaciones navideñas y generó un conflicto polarizado en el que cada una de las partes arremete con su lista de agravios en la mano. En la versión de TV Azteca, Canal 40 incumplió de muchas maneras con un contrato que en el momento de cumplirse le permitirá añadir otra red para competir con Televisa. En manifiestos públicos enumera los comportamientos indebidos del dueño del 40 y aseguran que la resolución de la Corte Internacional de Arbitraje legitimaba la recuperación "pacífica" de las instalaciones en el Cerro del Chiquihuite. La empresa que transmite la señal del Canal 40 (Televisora del Valle de México) responde con una versión diferente. Canal 40 insiste una y otra vez en que se trató de la operación "violenta" de un grupo paramilitar privado que actuó sin tener el respaldo de algún fallo judicial mexicano.
Tal vez por lo difícil del momento, nadie ha intentado desenmarañar el "confuso litigio jurídico y financiero" (María Scherer Ibarra y María Luisa Vivas, Proceso, 29 de diciembre del 2002). Tampoco pretendo meterme a comentar las polémicas biografías de los dos empresarios (Ricardo Salinas Pliego y Javier Moreno Valle) actualmente enfrentados en la corte de la opinión pública. Aun aceptando la posibilidad de que TV Azteca tenga razón en su interpretación jurídica es vergonzoso e inaceptable que muestre tan profundo desprecio por las instituciones y se haga justicia con sus propias manos. En lugar de cerrar el año con el "Himno a la Alegría", lo hacemos con los estridencias del "Corrido al agandalle y al hecho consumado" porque, como todos sabemos, en México basta con ocupar la calle o la reserva ecológica o el parque público para adquirir derechos que se hacen inamovibles con el paso del tiempo y/o las mañas del abogado.
Por esa tradición es tan inquietante el ominoso silencio oficial. Ha pasado casi una semana y ni Gobernación, ni Comunicaciones y Transportes dan una opinión que nos oriente. Recibí diversas explicaciones de fuentes bien informadas: a) el caso es jurídicamente tan complejo que el gobierno necesita revisarlo con cuidado lo que se dificulta porque la mayoría de los funcionarios andan vacacionando; b) se trata de una disputa por el pastel publicitario entre Televisa y TV Azteca que buscan acumular más frecuencias; y c), el gobierno de Vicente Fox estableció una alianza estratégica con Televisa y TV Azteca a las que no piensan molestar con medidas que afecten el duopolio del cual disfrutan (en este sentido hay que añadir que es bastante generalizada la autocensura de los políticos aterrados por la posibilidad de ingresar a la lista negra de las televisoras).
La historia continuará porque el litigio entre Azteca y el 40 seguirá por un tiempo y tomará un giro en cualquier dirección ahora que se recupere el gobierno del periodo vacacional. En tanto eso pasa, comento el ángulo más preocupante. Parto de un hecho: se mantendrá la actual concentración de concesiones en dos empresas y, aunque Televisa ha tenido una apertura indudable, el grueso de su oferta sigue anclada en la fórmula tradicional. Coincido con Jenaro Villamil que, en La Jornada (29 de diciembre del 2002) comentó que lo "pernicioso" de la concentración de las concesiones es la "uniformidad en la visión del mundo" lo que no es saludable para una sociedad plural.
El Canal 40 ha sido un proyecto de televisión comercial dispuesto a ensayar enfoques diferentes. Con los recursos de la inteligencia y la agudeza, Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva refrescaron la oferta noticiosa. Por las instalaciones del piso 40 del World Trade Center también pasó un notable desfile de entrañables colegas (entre otros, José Cárdenas, Germán Dehesa, Guadalupe Loaeza, Virgilio Caballero y Denise Dresser). La aceptación que tuvo este canal comercial en algunos sectores sociales y la creciente influencia del Canal 11 confirma la insistencia de especialistas en la materia: México necesita nuevas opciones televisivas.
El camino más obvio y rápido es que el actual gobierno se embarque en una reforma profunda y radical para crear una verdadera televisión de Estado que entretenga y eduque. Los canales 11 y 22 podrían ser las piezas iniciales que podrían complementarse con televisoras de los estados, algunas de las cuales tienen que liberarse del sometimiento que padecen por la chabacanería de gobernadores cuaternarios. El objetivo tiene que ser una modificación al modelo de televisión actual.
Es igualmente urgente que en el próximo periodo de sesiones, el Congreso tome muy en serio la Propuesta Ciudadana de Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Entre los puntos de esa Propuesta que vale la pena resaltar está la transparencia en el otorgamiento y refrendo de las concesiones comerciales y la modificación en los criterios con que se entregan los permisos a instituciones o asociaciones que transmiten con un fin social y no lucrativo. Resulta igualmente indispensable que el gobierno de Vicente Fox diversifique la entrega de permisos y concesiones para reconocer la enorme pluralidad que tiene la sociedad mexicana, una parte de la cual carece de acceso a los medios actualmente existentes. Democratizar la radio y la televisión es indispensable para consolidar el Estado de derecho
Sergio Aguayo Quezada, Reforma, 1º de enero de 2003.

Pero la oportunidad de la consolidación institucional es la que parece estar diluyéndose cada día que pasa. La noticia del fin de año ha sido la ocupación de las instalaciones de CNI 40 en el cerro del Chiquihuite en la ciudad de México por parte de personal de televisión Azteca, luego de un pleito legal que se ha prolongado desde julio del año 2000. Soy absolutamente sincero: no sé quién tiene la razón legal en este conflicto. Mínimamente, para eso se requeriría de tener, completa, la resolución de la Corte de Arbitraje Internacional de París y nadie la ha dado a conocer sin su interpretación particular. Pero de la misma forma que no se puede saber con claridad quién tiene la verdad legal del diferendo, tampoco dudo de que estamos ante un capítulo más, digno broche de oro, de lo que en MILENIO Semanal, en el último número del 2002, llamamos “el año del machete”. El que ayer terminó fue la año de la destrucción de instancias, instituciones, espacios, con una lógica que se impone: presionar de acuerdo a las fuerzas, las ambiciones y el arrojo de cualquier grupo político, social o de poder económico en el límite de la legalidad (o a veces de lleno en la ilegalidad) para lograr imponer sus condiciones o aquello que considera, con o sin razón, justo. Y el gobierno federal lo acepta, suele doblar las manos y sigue mostrando que ése es el camino que se debe seguir si se quiere obtener algo, sea una reivindicación temporal, un acto de justicia o simplemente un capricho político de alguien.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Milenio, 1º de enero de 2003.

Como periodista, como colaborada de CNI Canal 40, pero sobre todo como mexicana, me siento profundamente indignada por la pasividad de las autoridades ante el proceder de TV Azteca que decidió tomar por asalto las instalaciones de CNI Canal 40 en el cerro del Chiquihuite desde el pasado 27 de diciembre. Nadie en México, independiente de sus razones, debe hacerse justicia por su propia mano. Si en efecto, como Ricardo Salinas asegura y Javier Moreno Valle niega, TV Azteca obtuvo un fallo favorable en la Corte Internacional de París en su litigio frente a Canal 40, el fallo debe ser ratificado por las autoridades mexicanas.
Lo que no se puede permitir es que un empresario como Ricardo Salinas Pliego, quien acaba de ser premiado por el gobierno no sólo con la concesión de un nuevo banco sino también de una afore, mande a sus esbirros a las 2 de la mañana, la hora de los cobardes o de los ladrones, a tomar por asalto las instalaciones de su competidor más aún cuando se trata de una concesión y de una señal pública.
La pasividad tanto del Secretario de Gobernación, Santiago Creel, como del titular de la SCT, Pedro Cerisola son vergonzosas y rayan en la complicidad.
Ni Cerisola ni el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Alvarez Hoth, pueden permanecer con los brazos cruzados frente a esta flagrante violación a la ley y al derecho y no pueden escudarse en el pretexto de que estaban de vacaciones, porque la aplicación de la justicia no se realiza sólo a horas hábiles.
Es urgente no sólo un pronunciamiento de la autoridad, que la hora de cierre de esta columna no se había registrado, y la intervención enérgica de la SCT para poner fin a este pleito entre TV Azteca y Canal 40 que se inició en junio del 2000.
Desde luego mi total solidaridad para Ciro Gómez Leyva, un periodista de primera a quien le sobrará siempre lo que Ricardo Salinas Pliego nunca tendrá: credibilidad.
Maricarmen Cortés, “Desde el piso de remates”, Milenio, 2 de enero de 2003.

Estos son los hechos de La batalla por el Chiquihuite, protagonizada por Televisión Azteca y CNI Canal 40. Después de años de pleito legal, TV Azteca toma la señal de Canal 40 y la sustituye con la suya. Argumentan que Javier Moreno Valle perdió la batalla definitiva por la televisora con base en la Corte Internacional de Comercio de París después de que un buen día decidiera (eso sí que ni qué) romper su contrato con TV Azteca anunciado en su tiempo con bombo y platillo de manera unilateral en el Séptimo Día de ese entonces (conducido por el ahora demandado Ciro Gómez Leyva y no Jorge Fernández Menéndez). Muy bien. ¿Y qué dicen las autoridades mexicanas? Ni pío. Por lo menos hasta ayer. Quizá hoy, primer día laboral para muchos mexicanos (entre ellos el Presidente y quizá su secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola) digan algo. Hoy, trabajadores del Canal 40 (han pedido que no se sume nadie más) irán al Cerro del Chiquihuite para ver si ellos pueden retomar su señal... Por lo pronto hay malas señales de la mmm... digamos rápida adaptación del gobierno del cambio a los cambios súbitos. Ayer leíamos con sorpresa en República de Pantalla, la columna de Jenaro Villamil en La Jornada que cuando la reportera que cubre Presidencia para Canal 40 llegó, el 2 de enero, a su lugar en la sala de redacción había un letrero que decía: Azteca 40 en lugar del que estaba antes, CNI Canal 40. Curiosamente rápido, ¿no le parece?
Lo que será interesante saber es cuál será la posición de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión al respecto. No sólo por a quiénes representan sino porque su actual presidente es nada menos que Jorge Mendoza, también vicepresidente de... ¡Televisión Azteca! ¿Podrá o mejor dicho, querrá hacer algo al respecto?
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 6 de enero de 2003.

Con el juicio que CNI-canal 40 promueve por despojo en contra de Televisión Azteca, las huestes de Javier Moreno Valle parecen acercarse peligrosamente a la derrota: los muchachos de Rafael Macedo de la Concha deberán incluir en sus averiguaciones, en el caso de la "toma" de las instalaciones del cerro de Chiquihuite, el fallo de la Corte Internacional de Arbitraje, del 6 de diciembre. Y quien lea completa la sentencia firmada por Rafael Bernal Gutiérrez, Carlos F. Pastrana y Jorge Gaxiola se percatará con facilidad de un fallo favorable para los de Ricardo Salinas Pliego , a dos años de haber presentado su demanda contra Moreno Valle, por incumplimiento de un convenio de asociación.
Si bien es cierto que la sentencia niega a la televisora del Ajusco la posibilidad de comprar por adelantado (call ) 51% de Televisora del Valle de México (TVM), no fue sólo porque Hernán Cabalceta intentó ejecutarla "indebidamente en tiempo y forma". El fondo es que, expone la Corte en los apartados 6.1.3.5 y 6.1.3.8 del documento, es vigente y válida aquella asociación, que suspendió Moreno Valle el 14 de julio de 2000. Sí, aquella asociación de 1998, mediante la cual TV Azteca y su subsidiaria, Operadora Mexicana de Televisión, asesorarían a Televisión del Valle de México y CNI en la operación comercial, de promoción y programación de canal 40.
Y es que los árbitros encontraron sin fundamento la aseveración de Moreno Valle, de que la asociación era inexistente al no haber sido autorizada por la SCT, en aquel entonces a cargo de Carlos Ruiz Sacristán : el oficio 119.202/0711/2000/000239 del 13 de julio del 2000, girado por la dirección de Sistemas de Radio y Televisión, lo aprueba, pero condicionado a que Televisora del Valle de México continúe como titular de la concesión conforme a la ley. Siendo entonces un asunto entre particulares, se explica por qué ahora Pedro Cerisola no se pronuncia por el caso "Chiquihuite"? y se prevea que lo haga al dirimir la titularidad de la concesión.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, El Universal, 6 de enero de 2003.

CIENTOS DE TRABAJADORES DEL CANAL 40 MARCHAN hoy sobre la avenida Insurgentes desde el edificio del World Trade Center, en la colonia Nápoles, hasta el cerro del Chiquihuite, en el extremo norte de la Ciudad de México. Buscan con su presencia ante la antena de transmisión de esa televisora recuperar sus instalaciones, tomadas por TV Azteca el 27 de diciembre. Al ocuparlas sin derecho, el personal de la empresa del Ajusco cometió el delito de despojo, delito que es casi nimio frente a su permanente y pública infracción a la Ley de radio y televisión, que impide emitir una señal a quien carezca de la concesión correspondiente. Ante esas conductas, denunciada formalmente la primera y evidente la segunda, el gobierno federal ha guardado un silencio que es la forma más cobarde de la complicidad.
Mediante la acción directa, ilegal aun si se hubiera producido sin empleo de la fuerza o el soborno, emprendida al amparo de la noche, TV Azteca pretende hacer cumplir un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, una institución de justicia privada a la que han acudido también, entre otros grupos mexicanos en litigio, Radio Centro e Infored, que esperan la decisión correspondiente. La que invoca TV Azteca en su favor se emitió el 20 de diciembre, y se refiere a la validez, puesta en duda por la empresa propietaria del Canal 40, de los arreglos convenidos por ambas partes el 29 de julio de 1998. Por ser una instancia a que se acude voluntariamente, sus laudos no son autoaplicables, sino que requieren ser validados ante tribunales mexicanos. TV Azteca se ahorró ese procedimiento y dio en los hechos valor a un laudo que todavía no lo tiene plenamente en el derecho mexicano. Al pretender que se hace justicia por propia mano, sin embargo, no sólo violenta el derecho civil al apoderarse de un bien inmueble ajeno, sino que infringe la Ley federal de radio y televisión, la cual claramente prohíbe "operar o explotar estaciones de radiodifusión sin contar con la previa concesión o permiso del gobierno federal".
TV Azteca no cuenta con esa concesión, la de Canal 40. Por lo tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe impedir que opere esa estación y debe, conforme a la propia ley, asegurar "las construcciones, instalaciones y todos los demás bienes destinados a la operación y explotación de la estación de que se trate"; y ponerlos "bajo la custodia del depositario interventor que (la SCT) designe". Después, esa Secretaría ha de abrir un plazo de 10 días para que el operador sin concesión, TV Azteca en este caso, "presente las pruebas y defensas pertinentes", al cabo de lo cual dictará la decisión correspondiente. Nada de eso ha hecho, sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a lo largo de 10 días ha actuado como si el conflicto no le compitiera, como si fuera, según se disculpó su vocero, un "asunto entre particulares".
La concesión del Canal 40 fue otorgada a Televisora del Valle de México, cuyo accionista principal es Javier Moreno Valle, el 23 de septiembre de 1991. En diciembre de 1994 inició sus transmisiones de prueba y comenzó a operar el 19 de junio de 1995, con programación realizada por Corporación de Noticias e Información (CNI). Desfalleciente en esa etapa inicial, con saldos negativos agravados por la censura de anunciantes a quienes agravió la inicial difusión de las malandanzas del padre Marcial Maciel, Moreno Valle se arrimó en julio de 1998 a un mal árbol, que lo ha cobijado con mala sombra desde entonces: pactó dos convenios con TV Azteca, a cuya vigencia puso fin unilateralmente dos años después. Por un lado, se convino un acuerdo corporativo, financiero, por el cual Canal 40 recibió 25 millones de dólares como anticipo de las ventas esperables, y ofreció a cambio a la televisora del Ajusco la opción de compra del 51 por ciento de las acciones del 40. Por otra parte, se suscribió un convenio de asociación estratégica conforme al cual TV Azteca ofrecería a su aliada "servicios de promoción, programación y comercialización". En ningún momento se pactó transferir la concesión a la empresa de Ricardo Salinas Pliego y por lo tanto, en este mismo momento su televisora infringe la ley al operar el canal usurpado, cuyas instalaciones técnicas ocupó también al margen de la ley.
Moreno Valle anunció el 16 de julio del 2000 la ruptura de su relación con TV Azteca, y comenzó entonces una intrincada guerra judicial que incluye procesos ante tribunales mexicanos y ante la instancia arbitral parisiense. En los procedimientos mexicanos las resoluciones han sido ambiguas, de suerte que cuando los árbitros franceses dictaron un laudo en sentido contrario, TV Azteca eligió la vía de los hechos consumados. Arrojó fuera del aire a la programación del Canal 40, señaladamente sus servicios informativos, a cuyo principal responsable, Ciro Gómez Leyva, por añadidura ha demandado por difamación.
Semejante cachaza, o francamente desvergüenza, es posible por el carácter privilegiado que los gobiernos de Salinas, de Zedillo y de Fox han otorgado a Ricardo Salinas Pliego. Los presidentes priistas le entregaron y ayudaron a consolidar sus negocios de telecomunicaciones, y el panista le otorgó hace apenas unos meses una autorización que equivale a legitimar un negocio usurario para convertirlo en un banco con clientela cautiva.
En todos los casos, le han prodigado también capacidad para burlar la ley. Es una complicidad que debe cesar
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 6 de enero de 2003.

El estallamiento del conflicto entre TV Azteca y CNI-Canal 40 revela los límites de los tratos oficiales con los concesionarios. Independientemente de los motivos del pleito, de los pendientes judiciales y de los diferendos entre los particulares, en el fondo está la expresión del agotamiento de una relación discrecional entre autoridades y concesionarios.
Hay extrañamiento -e indignación- por la lenta reacción de las autoridades presuntamente competentes ante la toma de las instalaciones del cerro del Chiquihuite. Pero si se siguiera la línea marcada por la autoridad en su vínculo con los medios electrónicos, se encontraría la congruencia con esa displicencia.
Esta misma autoridad federal se ha negado a establecer los contrapesos en las relaciones de los medios electrónicos con el gobierno; se ha opuesto a una renovación profunda de la Ley de radio y televisión; ha fomentado acuerdos opacos e inequitativos y ha declinado en el ejercicio de la legalidad y de sus facultades para poner a tono con los requerimientos de democratización al ámbito de los medios informativos.
Desde luego que no se trata de exigir que un gobierno norme conductas de los medios informativos; tampoco lo contario: que el gobierno se postre ante las decisiones de los concesionarios.
Solamente se trata de apelar al ejercicio de una responsabilidad pública; aquella que se refiere al cumplimiento de la legalidad, al gobierno con equidad, al fomento de la transparencia.
Esa nueva autoridad ha decidido fortalecer la discrecionalidad y la incondicionalidad antes que el ejercicio de la ley. No manifiesta una política de Estado en materia de medios de comunicación sino un estado de ánimo respecto a sus críticos. Por ello le es muy difícil encarar conflictos entre particulares que disputan el ejercicio de una concesión televisiva, porque le atrapan los compromisos y le incomodan las decisiones.
El problema sigue siendo la transparencia, la cual no tiene que ver solamente con disposiciones legales sino además con funcionarios decididos a ejercerlas, cumplirlas y renovarlas. La transparencia en la asignación de concesiones, la transparencia en las decisiones judiciales, la transparencia en las políticas gubernamentales frente a los medios son asuntos pendientes del actual proceso de cambio.
Cuando el núcleo de un gobierno ha decidido involucrar su imagen, su política, sus decisiones y su futuro a algunas cámaras de la televisión, queda atrapado en las angostas tenazas de la discrecionalidad, el sigilo, el ocultamiento y la opacidad.
Por ello no puede promover visiones de Estado, sino miras de corto plazo que atienden a intereses reducidos de grupos y complicidades. No hay equilibrios ni contrapesos. Se legitima el uso de la fuerza por encima del cumplimiento de la ley. Tomar el Chiquihuite es la hazaña de autoridad. De ese tamaño
Roberto Zamarripa, “Tolvanera”, Reforma, 6 de enero de 2003.

Así, el conflicto más reciente entre la televisora del Ajusco y CNI, Canal 40, se enmarca en la búsqueda de resarcir daños económicos y ganar mercado publicitario. La historia comienza en 1998 con la firma de tres contratos entre CNI y Televisión Azteca: Promoción, Programación y Alianza Estratégica. Estos contratos y otros adicionales se presentan para opinión favorable de la SCT.
Cuando el fallo es dado en el 2000, inician las interpretaciones parciales por cada televisora, al grado que CNI unilateralmente desconoce la relación con TV Azteca, suspende la programación y comercialización que recibía de Azteca e inician innumerables demandas civiles, penales, mercantiles y administrativas en México y en el extranjero. Opinar sobre qué empresa tiene la verdad jurídica y en particular sobre la operación de la estación así como sobre la opción de compra del 51 por ciento de las acciones de CNI, Canal 40, no es cosa sencilla. Cualquiera que se atreva a opinar del tema con toda seguridad tendería al error, dado que existe más de diez contratos firmados entre las partes, los cuales incluso parecen, en algunos puntos, contradecirse.
Además, han existido ya varias sentencias judiciales que lejos están de ser definitivas. Cuando un tribunal se pronuncia en un respecto, otro de mayor jerarquía revierte la decisión y así sucesivamente. Lo anterior viene a confirmar la complejidad del caso.
Incluso, la opinión de la Corte Internacional de Comercio que supuestamente sería la definitiva al ser aceptada como arbitraje por ambas partes, no ha cumplido su propósito, pues ésta es interpretada unilateralmente por las partes y aún está pendiente su homologación por un juez mexicano y que, en su caso, la SCT decida cumplir el laudo arbitral.
Y es que, una concesión no es un derecho real, por lo que no puede su destino final quedar estrictamente vinculado a un acuerdo entre partes, o incluso entre árbitros. El destino o uso de un bien de dominio público, en este caso una concesión, requiere del consentimiento del Gobierno Federal.
Así las cosas, es incierto si la razón jurídica le favorece a CNI o a Televisión Azteca. En prensa, radio y televisión, la disputa se está convirtiendo en un conflicto mediático y de posiciones políticas. Algunos, incluso lo quisieran asemejar a una lucha entre David y Goliat. Pero la realidad es que el pronunciamiento judicial que, deberá de venir, debe de tomar en exclusiva los contratos que son válidos y exigibles, así como el pronunciamiento realizado por la Corte Internacional de Comercio.
Ante la imposibilidad de pronunciarse de manera categórica sobre el fondo del asunto y dado que varias decisiones están sub judice, esto es sujetas a proceso judicial, es conveniente que el Ejecutivo Federal maneje una posición cautelosa al respecto. Por ejemplo, si bien CNI argumenta al allanamiento y toma de sus instalaciones, TV Azteca sostiene que se le dio entrada libre y pacífica y que está retomando una operación que le fue quitada unilateralmente desde hace 2 años. La verdad, al menos jurídica, sobre la toma de las instalaciones, no la sabremos hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) se pronuncia al respecto. Aunque fuentes de la PGR comentan que la averiguación está muy avanzada y que se tendrán resultados en la próximas horas.
Por lo que toca a la verdad jurídica, sobre los contratos entre las televisoras, es la SCT, pero principalmente el Poder Judicial quienes tendrán que pronunciarse al respecto. Situación que aún va a dilatar. Sin embargo, no puede permanecer el estado actual que guardan las cosas. Por lo tanto se conoce que el Ejecutivo Federal está estudiando varias opciones. Entre estas sanciones, multas o incluso la requisa de la concesión de CNI, Canal 40, a efecto de que un tercero la opere en tanto se resuelve, judicialmente, el fondo del asunto. La requisa estaría fundamentada en la Ley de Vías Generales de Comunicación, pero seguramente también daría pie a más litigios. Cuando el Gobierno Federal utilizó este mecanismo en 1989, con Telmex y en 1998 con Aeroméxico, para prevenir la alteración de servicios públicos derivadas de huelgas, las empresas concesionadas no se opusieron a la medida. En el caso del Canal 40 se desconoce la posición de las televisoras, pues ambas quieren operar la misma frecuencia televisiva y alegan tener la razón.
Se ha comentado de la existencia de platicas conciliatorias, auspiciadas por el Gobierno, entre ambas televisoras. Ojalá logren acuerdos amigables, que seguramente darán resultados antes que los complicados procesos judiciales. Valdría la pena recordarles que más vale la pena un mal arreglo que un buen pleito
Javier Tejado, “Espectro”, Reforma,7 de enero de 2003.

Televisión Azteca cometió delitos evidentes, violentó la Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión entre otras legislaciones, pero el gobierno, las instituciones del Estado guardaron silencio, un silencio cómplice al que siguió una inexplicable pasividad que fractura no sólo el estado de derecho, sino al Estado mexicano todo, y que pone en duda la legitimidad y la eficacia del gobierno de Vicente Fox. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el silencio, la complicidad, la simulación del gobierno foxista ante el poder mediático que ofende al estado de derecho? ¿Por qué la complacencia y la impunidad ante el delito y la violación a las normas que regulan la potestad del Estado en los medios electrónicos de comunicación? ¿Qué le debe el gobierno de Vicente Fox a Televisión Azteca, qué está pagando Fox al poder financiero, político y mediático de Televisión Azteca?
En realidad no debe sorprender a nadie la pasividad del gobierno del "cambio", de Vicente Fox, ante la ilegalidad y la impunidad mostradas por Televisión Azteca, si se toma en cuenta que el propio Vicente Fox ha sustentado su Presidencia en el desprecio a instituciones como el Congreso, y la violación de normas fundamentales como la Constitución misma; que ha basado su gestión de gobierno en decretos y ocurrencias, ilegales en no pocas ocasiones. La legalidad y el imperio del derecho no son las divisas del gobierno de Vicente Fox, como no resulta eficaz el imperio del Estado mexicano como garante de los bienes y las personas. Y si el de Fox ha transitado por la ilegalidad y la fractura del Estado, por qué no debía hacerlo uno de sus principales aliados, Ricardo Salinas Pliego, jefe de uno de los más poderosos grupos de poder mediático, político y económico, y uno de los más fieles beneficiarios del poder priísta depuesto, y del poder panista del "cambio".
Y es que les guste o no a los foxistas y a los defensores de los concesionarios de las televisoras en conflicto, el de Vicente Fox es un gobierno surgido de la manipulación mediática, sobre todo de la televisión, y que se sostiene gracias precisamente a esos medios; televisión y radio en ese orden, y a la manipulación que cotidianamente lo hacen ver como el jefe de un gobierno eficaz, carismático y de "cambio", cuando la realidad es otra. Fox les debe su presidencia a Televisión Azteca, a Televisa, y a otras familias que monopolizan la radio, les debe que esos medios sigan alimentando la falsa idea de un gobierno del cambio, de la alternancia, de la democracia, de la transición, cuando el verdadero cambio es que el poder político real, la aplicación de la ley, la ley misma se han trasladado de las instituciones del Estado a los medios electrónicos, la radio y la televisión.
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, 7 de enero de 2003.

Desde que TV Azteca tomó las instalaciones del Canal 40 en el cerro de Chiquihuite el pasado 27 de diciembre, muchos amigos y lectores me preguntaron por qué no escribía un artículo sobre el tema en estas páginas. Les respondí siempre que, por ser colaborador de TV Azteca, mi opinión perdía buena parte de su validez. No debe uno ser juez y parte en esta profesión, aunque sea muy común serlo.
Las circunstancias, sin embargo, me han hecho imposible mantener este silencio. TV Azteca me pidió la semana pasada conducir un nuevo noticiario en el Canal 40 a las 10 de la noche. Después de meditarlo, decidí aceptar. Esto me ha obligado a expresar en varias entrevistas mis puntos de vista sobre el conflicto entre TV Azteca y CNI. Lo he hecho reconociendo que soy colaborador de TV Azteca, por lo que no soy parte desinteresada, pero al mismo tiempo señalando que ya no soy director de noticias y que nunca he sido vocero de la empresa.
En lo personal no estoy de acuerdo en la toma de las instalaciones del Canal 40 en el cerro del Chiquihuite que llevó a cabo TV Azteca. Creo en un país en el que prevalezca el Estado de derecho. No pienso que las personas o las empresas deban hacerse justicia por propia mano.
Considero, sin embargo, que en el meollo del asunto la razón le asiste a TV Azteca. Esta empresa y CNI firmaron un contrato en 1998 que TV Azteca cumplió, entre otras cosas, con la entrega de 25 millones de dólares a CNI. Más tarde, el dueño de CNI decidió que se había equivocado de socio, repudió el contrato y retiró la señal de TV Azteca del aire. El dinero recibido, sin embargo, no lo devolvió.
Mi posición personal, me queda claro, no sería avalada en sus dos partes ni por TV Azteca ni por CNI.
El periodista Carlos Loret de Mola, conductor del noticiario matutino de radio de la XEW, me preguntó ayer si es correcto ocupar un espacio que está sometido a un litigio. Mi respuesta fue que sí. El litigio no impidió que CNI utilizara el espacio en estos últimos dos años y medio para ofrecer su programación, entre la cual destacaba el noticiario de Denise Maerker y de Ciro Gómez Leyva, que se ganó un merecido y respetado lugar en el universo informativo de nuestro país.
Mi decisión, por supuesto, ha traído consecuencias. Muchos colegas y amigos se han preguntado por qué he aceptado una conducción en circunstancias tan complicadas. Varios me han cuestionado y alguno, incluso, me ha insultado públicamente. Pero no pienso que este tipo de decisiones se deban tomar por el temor a ser criticado. Estamos viendo un litigio entre empresas que, como lo mencionó el periodista Raymundo Riva Palacio en un debate sobre el tema en el programa inaugural de Javier Solórzano en Televisa Radio, no debería ser una disputa entre periodistas.
No coincido, por supuesto, con la posición sostenida por el vocero de CNI y algunos de sus simpatizantes en el sentido de que "o estás con nosotros o estás en contra de nosotros". Este tipo de radicalismo -que desde el 11 de septiembre, en otro ámbito, ha enarbolado el presidente estadounidense George Bush en su cruzada contra el "eje del mal"- me parece inaceptable e incomprensible.
El gobierno de la República decidió este 6 de enero intervenir en el conflicto entre las dos televisoras. Amenazó con llevar a cabo una requisa y obligó a las dos partes a sentarse a dialogar. En este momento está corriendo un plazo de 72 horas en que las dos empresas deben llegar a un acuerdo. Si éste no tiene lugar, el gobierno recurrirá a la requisa.
Yo no soy un nostálgico -como tantos políticos e incluso periodistas- de los tiempos en que el presidente de la República podía pegar un manazo en la mesa y todos los dueños de medios se plegaban a sus órdenes. Pero entiendo que la guerra del Chiquihuite ameritaba algún tipo de acción gubernamental.
No sé cómo se vaya a desarrollar este caso en los próximos días. El conflicto entre TV Azteca y CNI rebasó hace mucho tiempo los límites de lo legal y ha tomado un cariz visceral y personal. Pero la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 66 sólo contempla la requisa en caso de desastre natural, guerra, grave alteración del orden público o peligro inminente para la seguridad nacional. Y no estoy muy seguro de que alguno de estos supuestos se apliquen a la actual situación
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 8 de enero de 2003.

Del 28 al 30 de enero de 2003.
Reanudó transmisiones anoche el Canal 40, lo que puso punto final a un diferendo en el que nunca debió haberse metido el gobierno de Vicente Fox . El manejo oficial, que hizo navegar entre juzgados el expediente del aseguramiento de las instalaciones del cerro de Chiquihuite fue el colofón de un ridículo que pudo haberse evitado.
Ciertamente, el Canal 40 se convirtió en un mes en motivo de polémica nacional, de tal suerte que incluso gente que nunca vio sus transmisiones estuvo atenta al desenlace de los acontecimientos. Es decir, fue el canal de televisión más leído, como lo citaba ayer, no sin irónico humor, una columna política.
Este episodio deberá ser recordado en el futuro inmediato no sólo como el momento en que los trabajadores del Canal 40 hicieron valer su libertad de expresión y rescataron su fuente de trabajo, sino también como la derrota de la administración Fox frente a su propio partido o un sector de éste, el que encabeza el senador Diego Fernández de Cevallos. Fue básicamente el Jefe Diego, no otro actor, el que torció la mano del gobierno.
¿Qué pasa? El Universal, 28 de enero de 2003.

AUNQUE la primera temporada de la telenovela "Chiquihuite chico, infierno grande" parece haber concluido, muchas preguntas que quedaron en el aire deberían ser respondidas en un programa especial detrás de cámaras.
LA PRIMERA de ellas es de qué escuela patito sacó el gobierno a sus asesores jurídicos.
PORQUE tanto Pedro Cerisola como el subsecretario Jorge Alvarez Hoth salieron del caso Canal 40 más vapuleados que la defensiva de los Raiders de Oakland.
LOS JUECES que intervinieron en el caso exhibieron las carencias y absurdos de las maniobras legales con las que el gobierno federal pretendía arreglar el problema.
POR ESO no es de extrañar que ayer, en una comida en el "Pajares", el alto mando de CNI se haya reunido para festejar lo que consideran "el regreso a casa".
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, 28 de enero de 2003.

Esa misma sociedad que el 2 de julio del 2000 se expresó en forma mayoritaria contra el presidencialismo todopoderoso, contra los excesos del poder presidencial en los tiempos del viejo PRI, esa sociedad que se "tragó" el engaño del "cambio" y que rechazó el autoritarismo, el engaño, la ilegalidad, la antidemocracia y la impunidad, es la misma sociedad que se expresó contra el intento presidencial por aplastar a un medio de comunicación como CNI-Canal Canal 40. La lección dada por la sociedad o por una buena parte de la sociedad para impedir los excesos del poder, para hacer valer su derecho de mandante y para llamar a cuentas al poder público y de los medios es uno de los grandes triunfos y de los grandes cambios surgidos de y para la sociedad. Y si en septiembre de 1985 la sociedad organizada llenó el vacío de poder del inepto gobierno de Miguel de la Madrid, ante una tragedia que lastimó a todos, el vacío de poder, de legalidad, de justicia creado por la complicidad e incapacidad del gobierno de Vicente Fox fue llenado por esa misma sociedad a la que ya no se engaña fácilmente
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 28 de enero de 2003.

Me ha dicho Jorge Mendoza: “Si publicas mi versión se van a enojar tus amigos del Canal 40”. ¿Y qué? Yo le había pedido una explicación acerca de los golpes en el Chiquihuite porque, simplemente, me interesa el asunto. Me la dio.
“El abogado Cortina se me echó encima y yo, nada más, metí las manos para defenderme de su agresión. Él quiso evitar, por la fuerza, que yo entrara al Chiquihuite. Cuando lo vi venir corriendo, lo que hice fue meter las manos para pararlo. Como tú dijiste, soy más pesado que él, y Cortina se estrelló conmigo, se dio la vuelta, perdió el equilibrio y, para impedir que cayera al suelo, lo sujeté de la cabeza. Fue todo. En CNI han difundido un video para presentarme como un criminal, pero no hay nada de eso”.
Ojalá mis amigos de CNI Canal 40 (Javier Moreno Valle y Ciro Gómez Leyva) no se enojen por la difusión de las palabras de Jorge Mendoza, que es también muy buen amigo mío.
No soy el único con amigos en ambos ejércitos ni soy el único, por supuesto, partidario de aquella sabia tesis: “Cuando dos amigos tuyos se peleen, dale la razón al que la tenga”.
Y, sin duda, en el reciente conflicto del Chiquihuite toda la razón la ha tenido CNI Canal 40.
Lo difícil, para mí, no ha sido haber escrito que el derecho ha estado del lado de la televisora de Moreno Valle, sino decirlo sin lastimar a los directivos de TV Azteca.
Mi amigo Mendoza comprendería mejor cuánto se equivocó su empresa en este episodio, si leyera todo lo que me han criticado y hasta injuriado los lectores de MILENIO por mi incapacidad para ofenderlo a él y a TV Azteca.
Federico Arreola, “De ribete”, Milenio, 28 de enero de 2003.

El seis de enero, Día de los Reyes Magos, el presidente Vicente Fox tuvo la mala suerte de ponerse “de pechito” (en vez de sus secretarios de Gobernación o de Comunicaciones).
Despistado como es, respondió de manera bochornosa la pregunta de qué iba a hacer con el pleito de Salinas Pliego y Moreno Valle, cuando a su vez preguntó el memorable “¿y yo por qué?”, con lo cual ratificó no tener la mínima idea de lo que estaba sucediendo en un tema tan prioritario que merecía tratarse como de seguridad nacional.
La toma del Chiquihuite se convirtió en algo más problemático que la toma de Zacatecas (Pancho Villa, para su fortuna, contó con el estratega Felipe Angeles, el general artillero), por falta de un mariscal que le dijera “por aquí” o “por allá”.
Lo que se vino después únicamente agravó las cosas, con el honroso activismo de los legisladores del Partido Acción Nacional, correligionarios del mismo Presidente de la República, hasta situarlas como acertadamente opinó el senador Javier Corral: el caso del Canal 40 podía significar para Fox lo mismo que el de Excélsior para Luis Echeverría.
La batalla que ganó ayer Javier Moreno Valle no significa ni con mucho que haya ganado la guerra.
Sigue pendiente de solución el problema de fondo: la liquidación de la deuda de 25 millones de dólares más lo que reclame de ganancia Ricardo Salinas Pliego menos lo que a su vez debe pagársele a Moreno Valle si hubo ganancias en la sociedad Azteca-40.
La alternativa es una: que TV Azteca pague los millones de dólares que le permitan quedarse con CNI Canal 40.
De eso, precisamente, se encargarán los tribunales, lo cual es muy positivo.
Mejor en manos de jueces, magistrados y ministros de un poder autónomo como el que cada vez más da pruebas de ser el Poder Judicial, que a cargo de acciones pandilleriles o, aun peor, de funcionarios a los que no se les da el mínimo sentido común.
Carlos Marín, “El asalto a la razón”, Milenio, 28 de enero de 2003.

Finalmente la SCT no tuvo ayer más remedio que entregar las instalaciones de Canal 40 a su legítimo concesionario, Javier Moreno Valle, después de que el juez que lleva el caso penal de despojo señaló claramente que las instalaciones deberían ser devueltas a CNI.
Desde luego con el restablecimiento de la señal no se soluciona el problema de fondo en el pleito con Ricardo Salinas Pliego, que son los contratos que ambas empresas habían firmado en 1998 y que Moreno Valle rompió en forma unilateral en julio del año 2000, argumentando que la SCT no los había autorizado.
Transcurrió exactamente un mes desde que TV Azteca asumió el control de las instalaciones del Canal 40 en el cerro del Chiquihuite y evidentemente en estos 30 días se deterioró la situación económica y financiera de la empresa por la caída en los ingresos publicitarios.
Los retos para Moreno Valle son muchos. En primer lugar tendrá que resolverse, y ojalá sea a la brevedad, el pleito con TV Azteca pagando sus adeudos que según Salinas Pliego superan los 40 millones de dólares, aunque los abogados de Canal 40 insisten en una cantidad menor. El problema es que mientras este pleito siga vigente, los anunciantes seguirán reticentes a invertir, aunque el rating de Canal 40 subirá como la espuma por el apoyo de la opinión pública.
Además, deberá enfrentarse la demanda por concurso mercantil que interpuso TV Azteca en contra de CNI Canal 40 y Moreno Valle tendrá que corregir los errores que cometió como administrador y que lo llevaron a enfrentarse no sólo con Salinas Pliego sino con otros empresarios como Francisco Aguirre.
Maricarmen Cortés, “Desde el piso de remates”, Milenio, 28 de enero de 2003.

En cuanto a TV Azteca, enfrenta por un lado el juicio por despojo ya que la demanda sigue vigente y se emitieron ya órdenes de aprehensión en contra de los empleados de la televisora que tomaron las instalaciones del Canal 40 el pasado 27 de diciembre. Además, intentará revertir la suspensión provisional que obtuvo CNI en contra del aseguramiento. TV Azteca pretende que el próximo viernes la juez que lleva el caso no le otorgue a Moreno Valle la suspensión definitiva en el juicio de amparo.
TV Azteca deberá también homologar el fallo de la Corte Internacional de París y seguir con el juicio por el incumplimiento de los contratos y con el proceso para intentar quedarse con 51% de CNI. La lucha sin embargo deberá ya darse en el marco de la ley.
El golpe a la imagen de TV Azteca es mayúsculo no sólo por su actuación gangsteril en la toma de las instalaciones del Chiquihuite, sino por la pública lambisconería con el gobierno federal, en especial con Marta Sahagún de Fox, y por el triste espectáculo que dio el viernes pasado su vicepresidente Jorge Mendoza, el aún presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, al agredir a Javier Cortina uno de los abogados del CNI Canal 40.
Maricarmen Cortés, “Desde el piso de remates”, Milenio, 28 de enero de 2003.

Le podemos adelantar que más allá de la queja que TV Azteca interpuso ante la sentencia del juez primero de distrito, para que el caso de la entrega de las instalaciones del Chiquihuite se vaya a un tribunal colegiado, es casi un hecho que la televisora del Ajusco no interpondrá más recursos por el momento. O sea que aceptaría la derrota en la batalla por el Chiquihuite. Lo que le queda ahora a los de Ricardo Salinas Pliego es empezar por el principio, es decir, homologar el fallo del Tribunal de Arbitraje de París en los tribunales mexicanos, p