Concesionarios ejercen su derecho de pataleo

En un hecho inédito, el Senado discutió directamente con los dueños de la radio y la televisión el contenido de la reforma electoral relativa a los medios de comunicación, sin que éstos lograran echar abajo la prohibición para comprar espacios en campaña electoral, cuyo monto aunado a la reducción de plazos de la contienda implicará un ahorro de 4 mil millones de pesos en este sexenio.

No obstante, los senadores corrigieron la redacción del artículo 41 constitucional, que impedía la difusión de “mensajes susceptibles de influenciar al ciudadano”, al ser advertidos por varios periodistas de que eso era simplemente censura y atentatorio de la libertad de expresión.

Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), periodistas y conductores de noticiarios se apersonaron en la torre Caballito donde las comisiones de Radio y Televisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos darían los últimos toques al dictamen.

En un ambiente caldeado —en el que se llegó a los improperios y la descalificación por algunos de los participantes, como Pedro Ferriz—, los senadores subrayaron que no hay la intención de coartar la libertad de expresión, pero sí de frenar “la libertad de comercio sobre un bien público que es de la nación”.

Encabezados por su dirigente, Enrique Pereda, los concesionarios insistieron en que el Senado abriera un plazo más de tiempo para su discusión y ser escuchados, pues “nunca fuimos convocados para discutir este proyecto”.

El presidente de Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga, increpó que se pretendiera censurar a los comunicadores, como se hizo durante 70 años de régimen priista.

El perredista Arturo Núñez y el priista Jesús Murillo rechazaron que la negociación haya estado oculta, pues desde hace ocho meses la reforma del Estado se convirtió en uno de los proyectos con mayor promoción, donde se incluyeron consultas nacionales y bilaterales con los involucrados.

Murillo negó que se pida a la industria más tiempo que el que ya existe para el Estado, es decir, los 48 minutos que contiene el dictamen.

A nombre propio, Joaquín López-Dóriga, de Televisa, y Javier Alatorre, de Tv Azteca, manifestaron su preocupación por la redacción del artículo 41 en el que se prohibía a terceros difundir mensajes susceptibles de influir en el electorado.

El perredista Ricardo Monreal secundó esa demanda y confirmó que estaba corregido el texto para prohibir sólo la propaganda de terceros en espacios noticiosos. Sin embargo, los empresarios insistieron en que la reforma afectará a la industria, sobre todo a las más de 900 estaciones de radio en frecuencia AM que no han pasado por la conversión tecnológica y de la que dependen 40 mil trabajadores.

Azcárraga argumentó que los tres minutos por hora en cada estación afectará el rating de las estaciones.

El perredista Pablo Gómez dejó en claro que no se expropia nada con esta reforma, porque las concesiones son un bien del dominio de la nación y el Congreso representa a la soberanía del pueblo, que es la titular de ese espacio, tras lo cual negó que se haya intentado limitar la libertad de expresión.

Dijo que sí se restringe la libertad de comercio sobre un bien del dominio público, pero no la libertad de expresión. “¡Ni modo, no se puede lograr todo al mismo tiempo!”

Nota de Angélica Mercado, Milenio, 12 de septiembre.

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