¿Hacia dónde se encamina la reforma fiscal? En el apartado previo consignamos los principales obstáculos para la recaudación. En este apartado agrupamos 21 comentarios que, en mayor o menor medida, se encaminan a responder a la pregunta.
La única manera de conseguir 5 puntos y hasta 6 es eliminar, de manera paulatina, la "consolidación fiscal" que beneficia extraordinariamente a los principales grupos empresariales del país, agregan. ¿Pero usted cree que el secretario de Hacienda se atreva a proponerle eso al presidente de la República? ¡Ni locos! Dijo José Antonio Meade, coordinador de asesores de Agustín Carstens, a un grupito de perredistas (algunos de ellos legisladores y otros miembros del gabinete alterno del "presidente ilegítimo") con quienes se reunió el miércoles de la semana pasada. Por cierto, en esa reunión, Meade, que es superbisoño en asuntos fiscales (¿nada más en fiscales?), se hizo acompañar del diputado Minjares para que "les diera una clasesita" a los "nacos y prietitos" del PRD, pero por lo que contaron al columnista, ambos salieron "con la cola entre las patas".
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de junio.
Por lo pronto, la meta no es aumentar la recaudación en tres puntos del PIB, sino que se pase del promedio de 9.5 por ciento en los últimos 18 años a 24.9 por ciento del PIB, suficiente para cubrir un presupuesto anual equivalente, y con el compromiso de que los recursos se destinen a programas de combate a la pobreza, reducción de la iniquidad y promoción del crecimiento sostenible de la economía.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 20 de junio.
EL GOBIERNO FEDERAL parece que tomó muy a pecho aquella máxima de que "el dinero hay que agarrarlo de donde hay... no de donde ¡no hay!"
Y ES QUE con su propuesta de reforma fiscal, la Secretaría de Hacienda le está apostando a exprimir -todavía más- a las empresas, que ya de por sí son cautivas de la cobrona de Lolita.
HAY QUIENES DICEN que el objetivo es evitar la evasión fiscal, pero una cosa es perseguir al evasor y otra confiscarle al que ya paga.
SUENA COMO aquella vez en que las autoridades capitalinas tuvieron la genial idea de pintar tres carriles en una vía en la que sólo había dos... y con eso creían que se resolvía el problema del tráfico.
ALGO SIMILAR están intentando Agustín Carstens y sus muchachos al querer sacar más dinero de donde ya saquearon, perdón, sacaron.
NO ESTARÍA MAL que le buscaran también en las millonadas que destina el gobierno federal a prebendas sindicales, prerrogativas partidistas, dietas, bonos y viáticos a legisladores, cuotas a organismos internacionales y un larguísimo etcétera en gasto corriente.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”,Reforma,20 de junio.
Muchos políticos piensan que el propósito de la reforma debe ser simplemente aumentar la recaudación del gobierno. Pero esto es falso. ¿De qué nos sirve que el gobierno tenga más dinero si hasta ahora no ha demostrado saberlo gastar? Los mexicanos tenemos buenas razones para dudar de la probidad de nuestros funcionarios y de la eficiencia de nuestros gobiernos, por lo que una reforma simplemente recaudatoria es lo más lejano que podemos tener en mente.
Otros políticos piensan que el objetivo de la reforma debe ser pegarles a los ricos. Sueñan con esquemas confiscatorios que conviertan al Estado en una especie de Robin Hood contemporáneo, que le quite dinero a los ricos para repartirlo entre los pobres. Pero si bien un sistema fiscal que golpee a los ricos puede satisfacer temporalmente a quienes quieren dar rienda suelta a la envidia, los esquemas confiscatorios han demostrado a lo largo de la historia ser contraproducentes porque inhiben la inversión, promueven las fugas de capitales y generan mayor pobreza. Y a nadie le conviene aumentar la pobreza en nuestro país.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 20 de junio.
Y a nombre de la secretaría de Gobernación, el subsecretario Armando Salinas entregó la reforma hacendaria y recuerda que el Plan Nacional de Desarrollo prevé como estrategia establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la competitividad, acorde con dicha estrategia, se requiere impulsar adecuaciones al marco jurídico en materia tributaria y presupuestal que permitan una reforma hacendaria que responda a las necesidades de desarrollo de nuestro país.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 21 de junio.
Si la propuesta fiscal presentada ayer tiene éxito significaría, en el mejor de los casos, un incremento, dentro de 5 años, de aproximadamente el 10% en los ingresos del sector público. Actualmente, con datos para 2006, el total de esos ingresos equivalen al 24.7% del Producto Interno Bruto. La estimación de Hacienda supone que entre CETU y mejorías en la eficiencia recaudatoria, la Federación podría recibir ingresos adicionales equivalentes al 2.8% del PIB para 2012. / En 2008, esos rubros significarían una mejoría del 1.5% —siempre respecto del PIB— que equivalen más o menos a la séptima parte del total de los ingresos no petroleros que recibe el gobierno federal (y que ascienden a 11 puntos del PIB). / Desde luego, no se trata de montos desdeñables. El 1.5% del PIB equivale a casi todo el gasto educativo que la Federación realizó el año pasado. El 2.8%, que es la meta para 2012, equivaldría al gasto programable que el año pasado ejerció el gobierno federal en Agricultura y Desarrollo Rural, Educación, Desarrollo Social y Salud (rubros que significaron, respectivamente, 0.5%, 1.6%, 0.3% y 0.4% del PIB). No es poco, pero no basta. Esa, junto con la razonable incertidumbre que se puede tener respecto de las metas que anuncia, es la otra flaqueza de la propuesta fiscal del gobierno.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 21 de junio.
Ante tal situación, Agustín Carstens, secretario de Hacienda, y de quien debemos decir que ha sacado todas las reformas financieras cabildeadas, salió al paso de las críticas contra la iniciativa de reforma fiscal presentada ayer por el Ejecutivo.
Carstens, de entrada, señaló que México podría caer en un déficit fiscal de hasta 9% del PIB, de no lograr los cambios fiscales para ampliar la base gravable.
También recordó que el Impuesto de Contribución Empresarial de Tasa Única, que será de 16% a empresas a partir del año 2009, viene a sustituir el impuesto al activo de 2% donde grandes corporativos sólo han buscado eludir el pago de impuestos y dicho gravamen no va en contra del costo de los salarios.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 21 de junio.
Más allá de los aspectos meramente fiscales, el texto de la iniciativa deja en claro que su propósito central no es el de obtener recursos públicos adicionales para desarrollar una política social, sino conjurar el riesgo de incurrir en déficit fiscal durante el presente sexenio. Significativamente, la suma adicional que se pretende obtener con las medidas propuestas, equivalente a 3 por ciento del producto interno bruto, es prácticamente idéntica al déficit en las finanzas públicas proyectado para 2012 (2.9 por ciento del PIB) en razón de "la tendencia inercial de los compromisos ineludibles del gasto público", compromisos que derivan, en buena medida, de los pagarés del Fobaproa y del servicio de la deuda pública
Editorial, La Jornada, 21 de junio.
El paquete fiscal calderonista que ayer oficialmente recibió el Congreso, pretende un incremento máximo (en el año 2012) en la recaudación fiscal de 2.8 puntos porcentuales del producto interno bruto, de los que 1.9 puntos ingresarían a las arcas federales y 0.9 a las estatales. Lo anterior, como se anota, en el mediano plazo. Pero en la realidad actual y futuro del país permanece intacto el 6 por ciento del PIB que a los mexicanos les cuesta mantener los regímenes fiscales especiales
Carlos Fernández Vega, “México SA, La Jornada, 21 de junio.
Resulta notable que el aumento de la recaudación, estimado en 3% del PIB en un lustro, coincida con el 2.9% de déficit público proyectado para 2012. Esto nos habla, en una lógica estrictamente neoliberal, de la búsqueda de equilibrios fiscales, es decir, de anular con la reforma fiscal el déficit previsto. Eso no está mal, pero nos sugiere el sometimiento a camisas de fuerza que limitan el gasto destinado a pobreza y desigualdad. Es más, la iniciativa no da pistas del presunto destino social de lo recaudado, lo que no puede dejarse a la discrecionalidad del gobierno y que debe precisarse a partir de acuerdos con la oposición para que sea evaluable y verificable
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran Angular”, El Gráfico, 22 de junio.
La Secretaría de Hacienda no busca que la iniciativa de reforma hacendaria sea aprobada tal y como se envió. A diferencia de la manera en la que se presentaban las iniciativas cuando el PRI controlaba el Congreso o la soberbia con la cual la enviaban los funcionarios de la administración de Vicente Fox, ahora se trata de un documento de trabajo que busca mantener la estabilidad en las finanzas públicas y evitar la caída en los precios del petróleo.
Agustín Carstens, quien estará hoy con los priistas en Mazatlán, no está buscando que le digan sí o no a este documento. Su misión será que lo entiendan y a partir de ahí comience un análisis profundo con visión técnica y política. Se analicen los méritos de las propuestas y sean enriquecidas.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 22 de junio.
Reconocido por la plana mayor de la Secretaría de Hacienda que la propuesta de reforma integral de la Hacienda Pública en la mesa no es la deseable sino la posible, la justificación habla de que podría no ser la última del sexenio, dependiendo de los tiempos políticos.
Digamos que a contracorriente de la tendencia mundial, el país optó por el camino abrupto: atenuar, bajo una base mínima de tributación, la colosal elusión fiscal de los grandes corporativos; combatir por vía indirecta la informalidad, y arañar a un giro negro: los juegos de apuesta y sorteos. (…)
Se diría, pues, que a la Secretaría de Hacienda le tembló la mano para desmantelar los privilegios fiscales para empresas productoras de alimentos, transportistas y los grandes corporativos, en paralelo a tocar el IVA en alimentos y medicinas.
En el escenario, con una perspectiva de incrementar el ingreso en tres puntos del PIB, el gobierno se colocó apenas en la frontera de sus exigencias presupuestales, a riesgo de enfrentar una mayor virulencia en la desaceleración económica de Estados Unidos, o una caída brusca en el precio del petróleo
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 22 de junio.
Ahora se nos propone un parche fiscal para garantizar una tasa mínima de 19 por ciento sobre la diferencia entre gastos e ingresos de las empresas e individuos con actividades empresariales. Muchos de estos causantes deben estar haciendo cuentas para calcular cómo quedarían si acaso tal proyecto se convierte en ley. Mas la evasión seguiría de seguro, por lo que es una cuestión relevante la efectividad del fisco para cobrar lo legal.
La Secretaría de Hacienda no ha dicho nada sobre el uso que se podría dar a esos dos o tres puntos porcentuales del PIB en que aumentarían los ingresos fiscales, más allá de lo que tomarían las entidades federativas como reparto. Una cantidad de entre 200 y 300 mil millones de pesos no es tan poca cosa, aunque el fisco mexicano requeriría mucho más.
Pablo Gómez, Milenio Diario, 22 de junio.
En lo inmediato, siempre y cuando el Congreso apruebe la propuesta calderonista como lo hizo con la ley Televisa (sin modificar una sola coma), el incremento en la recaudación fiscal sería de 1.5 puntos porcentuales del PIB (uno para la Federación y medio para los estados) en 2008, proporción que equivaldría a cerca de 140 mil millones de pesos (algo menos de los que anualmente se paga por servicio de la deuda pública federal), monto similar al pretendido por el "reformón" foxista por medio del IVA en alimentos y medicinas. A partir de 2009 se incrementaría paulatinamente hasta alcanzar el citado 2.8 por ciento del producto. Ciento 40 mil millones no son malos (en el caso de que el Congreso avale la propuesta y en el de que el gobierno efectivamente los recaude), pero representan un monto casi cuatro veces inferior al que el fisco deja de captar por los regímenes especiales, a los que no rozó ni con el pétalo de una rosa
Carlos Fernández Vega, “México SA, La Jornada, 21 de junio.
Total, que los cambios propuestos distan mucho de ser la Reforma Integral de la Hacienda Pública, siendo, en el mejor de los casos, una miscelánea fiscal mas, muy lejos de aquello que eliminaría los excesos y defectos del sistema fiscal mexicano, que son muchos y graves, como grave es lo que le escuché, en entrevista con José Cárdenas, a Agustín Carstens, quien a la pregunta de si ésta es la reforma deseable o solamente la posible, dijo: “La deseable”. ¿De veras cree el secretario de Hacienda que ésta es la reforma fiscal deseable? De ser así…
Arturo Damm Arnal, Crónica, 22 de junio.
La propuesta del secretario Carstens se quedó al borde del cambio a fondo que su jefe proclama y la realidad reclama. Proponen alcanzar, para el año 2012, un incremento en el ingreso fiscal de 3 por ciento del producto interno bruto. La mitad apenas de 6 por ciento del PIB que hoy aporta Pemex. Las precisiones sobre el impuesto fijo de 16 por ciento y de 2 por ciento a quienes depositan mensualmente 20 mil pesos o más en efectivo, quedan para el debate plural
León García Soler, “A la mitad del foro”, La Jornada, 24 de junio.
No quedan claros los procedimientos para un mejor uso social del incremento en la recaudación, la mecánica para gravar con una tasa de 2% los depósitos bancarios en efectivo que excedan los 20 mil mensuales, ni la forma en que se lograrán ajustes para incrementar la recaudación estatal y el Fondo de Fomento Municipal. Falta detallar montos, tasas o porcentajes a la facultad de los estados de cobrar impuestos al alcohol, tabaco, diesel y gasolina
Jacobo Zabludovsky, “Bucareli”, El Universal, 25 de junio.
Felizmente cometí un error: entre otras cosas, la iniciativa Carstens se concentró precisamente en esta coordenada. Tanto la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), como la Ley del Impuesto Contra la Informalidad (LICI), son dos herramientas que podrían modificar dramáticamente las condiciones de la fiscalidad mexicana.
Mientras el CETU busca combatir la elusión, la LICI se avoca a luchar contra la evasión impositiva.
En el presente, un buen número de grandes contribuyentes tienen experiencia en esquivar el pago de sus impuestos gracias a que utilizan las grietas y rendijas de la legislación hacendaria. Fundamentalmente, a través del sistema de consolidación fiscal minimizan una gran parte de sus responsabilidades.
Por otra parte, muchos son los actores económicos que han logrado mantenerse fuera del radar del sistema tributario mexicano gracias a que se ocultan tras la informalidad. Se trata de incontables magos que saben hacerse invisibles para que sus ganancias queden exentas de toda contribución.
Ricardo Ráphael, El Universal, 25 de junio.
Como se puede observar, la magnitud de estas dos medidas propuestas (CETU y LICI) es de enormes proporciones. De aceptarse por los legisladores, ayudarán seriamente a transformar la estructura impositiva del Estado mexicano.
No obstante lo anterior -de vuelta al pesimismo de la semana pasada- cabe preguntarse: a partir de la iniciativa de la SHCP ¿los partidos y sus representantes serán lo suficientemente hábiles para esquivar las presiones que los empresarios organizados emprenderán cuando la iniciativa Carstens se discuta en el Congreso mexicano.
Ricardo Ráphael, El Universal, 25 de junio.
Según el secretario Carstens, entre evasión —ilegal y delictuosa— y elusión —amparada por la legislación vigente— el erario deja de captar el 4 por ciento del Producto Interno Bruto que deberían aportar las empresas a la bolsa fiscal nacional. La reforma que ha propuesto no va a llenar completamente el hueco, pero puede llevar a que Hacienda aumente, por la vía de la Contribución Empresarial de Tasa Única, un 1.8 por ciento la recaudación, que hoy está abajo del diez por ciento del PIB.
No suena confiscatorio el impuesto anunciado. Ni siquiera se trata de un aumento de impuestos propiamente dicho. Sólo se pretende estrechar los canales que permiten a los grandes consorcios eludir el pago del impuesto sobre la renta al consolidar las pérdidas y ganancias de todas sus empresas, algunas diseñadas expresamente para buscar beneficios fiscales. Si se aprueba lo propuesto por Carstens, las corporaciones empresariales gigantescas tendrán menos espacios para hacer trampas amparadas por la ley y evitarse el pago de impuestos.
Jorge Javier Romero, Crónica, 27 de junio.
Independientemente de las diferencias políticas a las que ya estamos acostumbrados en nuestro país, y que hacen habitual que los partidos de oposición cuestionen cualquier iniciativa que proviene del Ejecutivo, hay dudas serias acerca de una iniciativa que trataría de arrancar del sector privado 3 puntos porcentuales del PIB en recaudación -contra 11 que se obtienen ahora- para dárselos al gobierno para gastar.
Si bien es evidente que necesitamos una reforma que le dé más equidad al sistema fiscal de nuestro país, no me queda claro que las modificaciones a las reglas fiscales puedan lograr eso. Ciertamente retirar una gran cantidad de dinero de la economía privada para dársela al gobierno debería preocuparnos. Mucho más fácil sería si el gobierno ya hubiera mostrado una mejor capacidad de gasto.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 27 de junio.
La única manera de conseguir 5 puntos y hasta 6 es eliminar, de manera paulatina, la "consolidación fiscal" que beneficia extraordinariamente a los principales grupos empresariales del país, agregan. ¿Pero usted cree que el secretario de Hacienda se atreva a proponerle eso al presidente de la República? ¡Ni locos! Dijo José Antonio Meade, coordinador de asesores de Agustín Carstens, a un grupito de perredistas (algunos de ellos legisladores y otros miembros del gabinete alterno del "presidente ilegítimo") con quienes se reunió el miércoles de la semana pasada. Por cierto, en esa reunión, Meade, que es superbisoño en asuntos fiscales (¿nada más en fiscales?), se hizo acompañar del diputado Minjares para que "les diera una clasesita" a los "nacos y prietitos" del PRD, pero por lo que contaron al columnista, ambos salieron "con la cola entre las patas".
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de junio.
Por lo pronto, la meta no es aumentar la recaudación en tres puntos del PIB, sino que se pase del promedio de 9.5 por ciento en los últimos 18 años a 24.9 por ciento del PIB, suficiente para cubrir un presupuesto anual equivalente, y con el compromiso de que los recursos se destinen a programas de combate a la pobreza, reducción de la iniquidad y promoción del crecimiento sostenible de la economía.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 20 de junio.
EL GOBIERNO FEDERAL parece que tomó muy a pecho aquella máxima de que "el dinero hay que agarrarlo de donde hay... no de donde ¡no hay!"
Y ES QUE con su propuesta de reforma fiscal, la Secretaría de Hacienda le está apostando a exprimir -todavía más- a las empresas, que ya de por sí son cautivas de la cobrona de Lolita.
HAY QUIENES DICEN que el objetivo es evitar la evasión fiscal, pero una cosa es perseguir al evasor y otra confiscarle al que ya paga.
SUENA COMO aquella vez en que las autoridades capitalinas tuvieron la genial idea de pintar tres carriles en una vía en la que sólo había dos... y con eso creían que se resolvía el problema del tráfico.
ALGO SIMILAR están intentando Agustín Carstens y sus muchachos al querer sacar más dinero de donde ya saquearon, perdón, sacaron.
NO ESTARÍA MAL que le buscaran también en las millonadas que destina el gobierno federal a prebendas sindicales, prerrogativas partidistas, dietas, bonos y viáticos a legisladores, cuotas a organismos internacionales y un larguísimo etcétera en gasto corriente.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”,Reforma,20 de junio.
Muchos políticos piensan que el propósito de la reforma debe ser simplemente aumentar la recaudación del gobierno. Pero esto es falso. ¿De qué nos sirve que el gobierno tenga más dinero si hasta ahora no ha demostrado saberlo gastar? Los mexicanos tenemos buenas razones para dudar de la probidad de nuestros funcionarios y de la eficiencia de nuestros gobiernos, por lo que una reforma simplemente recaudatoria es lo más lejano que podemos tener en mente.
Otros políticos piensan que el objetivo de la reforma debe ser pegarles a los ricos. Sueñan con esquemas confiscatorios que conviertan al Estado en una especie de Robin Hood contemporáneo, que le quite dinero a los ricos para repartirlo entre los pobres. Pero si bien un sistema fiscal que golpee a los ricos puede satisfacer temporalmente a quienes quieren dar rienda suelta a la envidia, los esquemas confiscatorios han demostrado a lo largo de la historia ser contraproducentes porque inhiben la inversión, promueven las fugas de capitales y generan mayor pobreza. Y a nadie le conviene aumentar la pobreza en nuestro país.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 20 de junio.
Y a nombre de la secretaría de Gobernación, el subsecretario Armando Salinas entregó la reforma hacendaria y recuerda que el Plan Nacional de Desarrollo prevé como estrategia establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la competitividad, acorde con dicha estrategia, se requiere impulsar adecuaciones al marco jurídico en materia tributaria y presupuestal que permitan una reforma hacendaria que responda a las necesidades de desarrollo de nuestro país.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 21 de junio.
Si la propuesta fiscal presentada ayer tiene éxito significaría, en el mejor de los casos, un incremento, dentro de 5 años, de aproximadamente el 10% en los ingresos del sector público. Actualmente, con datos para 2006, el total de esos ingresos equivalen al 24.7% del Producto Interno Bruto. La estimación de Hacienda supone que entre CETU y mejorías en la eficiencia recaudatoria, la Federación podría recibir ingresos adicionales equivalentes al 2.8% del PIB para 2012. / En 2008, esos rubros significarían una mejoría del 1.5% —siempre respecto del PIB— que equivalen más o menos a la séptima parte del total de los ingresos no petroleros que recibe el gobierno federal (y que ascienden a 11 puntos del PIB). / Desde luego, no se trata de montos desdeñables. El 1.5% del PIB equivale a casi todo el gasto educativo que la Federación realizó el año pasado. El 2.8%, que es la meta para 2012, equivaldría al gasto programable que el año pasado ejerció el gobierno federal en Agricultura y Desarrollo Rural, Educación, Desarrollo Social y Salud (rubros que significaron, respectivamente, 0.5%, 1.6%, 0.3% y 0.4% del PIB). No es poco, pero no basta. Esa, junto con la razonable incertidumbre que se puede tener respecto de las metas que anuncia, es la otra flaqueza de la propuesta fiscal del gobierno.
Raúl Trejo Delarbre, “Sociedad y Poder”, Crónica, 21 de junio.
Ante tal situación, Agustín Carstens, secretario de Hacienda, y de quien debemos decir que ha sacado todas las reformas financieras cabildeadas, salió al paso de las críticas contra la iniciativa de reforma fiscal presentada ayer por el Ejecutivo.
Carstens, de entrada, señaló que México podría caer en un déficit fiscal de hasta 9% del PIB, de no lograr los cambios fiscales para ampliar la base gravable.
También recordó que el Impuesto de Contribución Empresarial de Tasa Única, que será de 16% a empresas a partir del año 2009, viene a sustituir el impuesto al activo de 2% donde grandes corporativos sólo han buscado eludir el pago de impuestos y dicho gravamen no va en contra del costo de los salarios.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 21 de junio.
Más allá de los aspectos meramente fiscales, el texto de la iniciativa deja en claro que su propósito central no es el de obtener recursos públicos adicionales para desarrollar una política social, sino conjurar el riesgo de incurrir en déficit fiscal durante el presente sexenio. Significativamente, la suma adicional que se pretende obtener con las medidas propuestas, equivalente a 3 por ciento del producto interno bruto, es prácticamente idéntica al déficit en las finanzas públicas proyectado para 2012 (2.9 por ciento del PIB) en razón de "la tendencia inercial de los compromisos ineludibles del gasto público", compromisos que derivan, en buena medida, de los pagarés del Fobaproa y del servicio de la deuda pública
Editorial, La Jornada, 21 de junio.
El paquete fiscal calderonista que ayer oficialmente recibió el Congreso, pretende un incremento máximo (en el año 2012) en la recaudación fiscal de 2.8 puntos porcentuales del producto interno bruto, de los que 1.9 puntos ingresarían a las arcas federales y 0.9 a las estatales. Lo anterior, como se anota, en el mediano plazo. Pero en la realidad actual y futuro del país permanece intacto el 6 por ciento del PIB que a los mexicanos les cuesta mantener los regímenes fiscales especiales
Carlos Fernández Vega, “México SA, La Jornada, 21 de junio.
Resulta notable que el aumento de la recaudación, estimado en 3% del PIB en un lustro, coincida con el 2.9% de déficit público proyectado para 2012. Esto nos habla, en una lógica estrictamente neoliberal, de la búsqueda de equilibrios fiscales, es decir, de anular con la reforma fiscal el déficit previsto. Eso no está mal, pero nos sugiere el sometimiento a camisas de fuerza que limitan el gasto destinado a pobreza y desigualdad. Es más, la iniciativa no da pistas del presunto destino social de lo recaudado, lo que no puede dejarse a la discrecionalidad del gobierno y que debe precisarse a partir de acuerdos con la oposición para que sea evaluable y verificable
Raúl Rodríguez Cortés, “Gran Angular”, El Gráfico, 22 de junio.
La Secretaría de Hacienda no busca que la iniciativa de reforma hacendaria sea aprobada tal y como se envió. A diferencia de la manera en la que se presentaban las iniciativas cuando el PRI controlaba el Congreso o la soberbia con la cual la enviaban los funcionarios de la administración de Vicente Fox, ahora se trata de un documento de trabajo que busca mantener la estabilidad en las finanzas públicas y evitar la caída en los precios del petróleo.
Agustín Carstens, quien estará hoy con los priistas en Mazatlán, no está buscando que le digan sí o no a este documento. Su misión será que lo entiendan y a partir de ahí comience un análisis profundo con visión técnica y política. Se analicen los méritos de las propuestas y sean enriquecidas.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 22 de junio.
Reconocido por la plana mayor de la Secretaría de Hacienda que la propuesta de reforma integral de la Hacienda Pública en la mesa no es la deseable sino la posible, la justificación habla de que podría no ser la última del sexenio, dependiendo de los tiempos políticos.
Digamos que a contracorriente de la tendencia mundial, el país optó por el camino abrupto: atenuar, bajo una base mínima de tributación, la colosal elusión fiscal de los grandes corporativos; combatir por vía indirecta la informalidad, y arañar a un giro negro: los juegos de apuesta y sorteos. (…)
Se diría, pues, que a la Secretaría de Hacienda le tembló la mano para desmantelar los privilegios fiscales para empresas productoras de alimentos, transportistas y los grandes corporativos, en paralelo a tocar el IVA en alimentos y medicinas.
En el escenario, con una perspectiva de incrementar el ingreso en tres puntos del PIB, el gobierno se colocó apenas en la frontera de sus exigencias presupuestales, a riesgo de enfrentar una mayor virulencia en la desaceleración económica de Estados Unidos, o una caída brusca en el precio del petróleo
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 22 de junio.
Ahora se nos propone un parche fiscal para garantizar una tasa mínima de 19 por ciento sobre la diferencia entre gastos e ingresos de las empresas e individuos con actividades empresariales. Muchos de estos causantes deben estar haciendo cuentas para calcular cómo quedarían si acaso tal proyecto se convierte en ley. Mas la evasión seguiría de seguro, por lo que es una cuestión relevante la efectividad del fisco para cobrar lo legal.
La Secretaría de Hacienda no ha dicho nada sobre el uso que se podría dar a esos dos o tres puntos porcentuales del PIB en que aumentarían los ingresos fiscales, más allá de lo que tomarían las entidades federativas como reparto. Una cantidad de entre 200 y 300 mil millones de pesos no es tan poca cosa, aunque el fisco mexicano requeriría mucho más.
Pablo Gómez, Milenio Diario, 22 de junio.
En lo inmediato, siempre y cuando el Congreso apruebe la propuesta calderonista como lo hizo con la ley Televisa (sin modificar una sola coma), el incremento en la recaudación fiscal sería de 1.5 puntos porcentuales del PIB (uno para la Federación y medio para los estados) en 2008, proporción que equivaldría a cerca de 140 mil millones de pesos (algo menos de los que anualmente se paga por servicio de la deuda pública federal), monto similar al pretendido por el "reformón" foxista por medio del IVA en alimentos y medicinas. A partir de 2009 se incrementaría paulatinamente hasta alcanzar el citado 2.8 por ciento del producto. Ciento 40 mil millones no son malos (en el caso de que el Congreso avale la propuesta y en el de que el gobierno efectivamente los recaude), pero representan un monto casi cuatro veces inferior al que el fisco deja de captar por los regímenes especiales, a los que no rozó ni con el pétalo de una rosa
Carlos Fernández Vega, “México SA, La Jornada, 21 de junio.
Total, que los cambios propuestos distan mucho de ser la Reforma Integral de la Hacienda Pública, siendo, en el mejor de los casos, una miscelánea fiscal mas, muy lejos de aquello que eliminaría los excesos y defectos del sistema fiscal mexicano, que son muchos y graves, como grave es lo que le escuché, en entrevista con José Cárdenas, a Agustín Carstens, quien a la pregunta de si ésta es la reforma deseable o solamente la posible, dijo: “La deseable”. ¿De veras cree el secretario de Hacienda que ésta es la reforma fiscal deseable? De ser así…
Arturo Damm Arnal, Crónica, 22 de junio.
La propuesta del secretario Carstens se quedó al borde del cambio a fondo que su jefe proclama y la realidad reclama. Proponen alcanzar, para el año 2012, un incremento en el ingreso fiscal de 3 por ciento del producto interno bruto. La mitad apenas de 6 por ciento del PIB que hoy aporta Pemex. Las precisiones sobre el impuesto fijo de 16 por ciento y de 2 por ciento a quienes depositan mensualmente 20 mil pesos o más en efectivo, quedan para el debate plural
León García Soler, “A la mitad del foro”, La Jornada, 24 de junio.
No quedan claros los procedimientos para un mejor uso social del incremento en la recaudación, la mecánica para gravar con una tasa de 2% los depósitos bancarios en efectivo que excedan los 20 mil mensuales, ni la forma en que se lograrán ajustes para incrementar la recaudación estatal y el Fondo de Fomento Municipal. Falta detallar montos, tasas o porcentajes a la facultad de los estados de cobrar impuestos al alcohol, tabaco, diesel y gasolina
Jacobo Zabludovsky, “Bucareli”, El Universal, 25 de junio.
Felizmente cometí un error: entre otras cosas, la iniciativa Carstens se concentró precisamente en esta coordenada. Tanto la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), como la Ley del Impuesto Contra la Informalidad (LICI), son dos herramientas que podrían modificar dramáticamente las condiciones de la fiscalidad mexicana.
Mientras el CETU busca combatir la elusión, la LICI se avoca a luchar contra la evasión impositiva.
En el presente, un buen número de grandes contribuyentes tienen experiencia en esquivar el pago de sus impuestos gracias a que utilizan las grietas y rendijas de la legislación hacendaria. Fundamentalmente, a través del sistema de consolidación fiscal minimizan una gran parte de sus responsabilidades.
Por otra parte, muchos son los actores económicos que han logrado mantenerse fuera del radar del sistema tributario mexicano gracias a que se ocultan tras la informalidad. Se trata de incontables magos que saben hacerse invisibles para que sus ganancias queden exentas de toda contribución.
Ricardo Ráphael, El Universal, 25 de junio.
Como se puede observar, la magnitud de estas dos medidas propuestas (CETU y LICI) es de enormes proporciones. De aceptarse por los legisladores, ayudarán seriamente a transformar la estructura impositiva del Estado mexicano.
No obstante lo anterior -de vuelta al pesimismo de la semana pasada- cabe preguntarse: a partir de la iniciativa de la SHCP ¿los partidos y sus representantes serán lo suficientemente hábiles para esquivar las presiones que los empresarios organizados emprenderán cuando la iniciativa Carstens se discuta en el Congreso mexicano.
Ricardo Ráphael, El Universal, 25 de junio.
Según el secretario Carstens, entre evasión —ilegal y delictuosa— y elusión —amparada por la legislación vigente— el erario deja de captar el 4 por ciento del Producto Interno Bruto que deberían aportar las empresas a la bolsa fiscal nacional. La reforma que ha propuesto no va a llenar completamente el hueco, pero puede llevar a que Hacienda aumente, por la vía de la Contribución Empresarial de Tasa Única, un 1.8 por ciento la recaudación, que hoy está abajo del diez por ciento del PIB.
No suena confiscatorio el impuesto anunciado. Ni siquiera se trata de un aumento de impuestos propiamente dicho. Sólo se pretende estrechar los canales que permiten a los grandes consorcios eludir el pago del impuesto sobre la renta al consolidar las pérdidas y ganancias de todas sus empresas, algunas diseñadas expresamente para buscar beneficios fiscales. Si se aprueba lo propuesto por Carstens, las corporaciones empresariales gigantescas tendrán menos espacios para hacer trampas amparadas por la ley y evitarse el pago de impuestos.
Jorge Javier Romero, Crónica, 27 de junio.
Independientemente de las diferencias políticas a las que ya estamos acostumbrados en nuestro país, y que hacen habitual que los partidos de oposición cuestionen cualquier iniciativa que proviene del Ejecutivo, hay dudas serias acerca de una iniciativa que trataría de arrancar del sector privado 3 puntos porcentuales del PIB en recaudación -contra 11 que se obtienen ahora- para dárselos al gobierno para gastar.
Si bien es evidente que necesitamos una reforma que le dé más equidad al sistema fiscal de nuestro país, no me queda claro que las modificaciones a las reglas fiscales puedan lograr eso. Ciertamente retirar una gran cantidad de dinero de la economía privada para dársela al gobierno debería preocuparnos. Mucho más fácil sería si el gobierno ya hubiera mostrado una mejor capacidad de gasto.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 27 de junio.
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