En 2004 se inician formalmente los trabajos orientados hacia la “convergencia tecnológica”, es decir, la posibilidad de que una sola empresa proporcione servicios de telefonía, televisión e Internet: el llamado “triple play”. Una de las primeras empresas en proporcionar el servicio fue Megacable, que inició sus actividades en Guadalajara y de ahí se extendió a Torreón. Sin embargo, un problema con los socios de esta ciudad estuvo a punto de malograr las operaciones. Cinco notas y cuatro comentarios dan cuenta de la historia. Es importante considerarla como antecedente de estos servicios que, actualmente, todavía no acaban de cristalizar sus propuestas en México. Previsiblemente lo harán durante la segunda mitad de 2007..
MEGACABLE, NUEVO CANAL DE GUADALAJARA.- Enrique Yamuni, presidente de Megacable, y de PCTV, inició ayer transmisiones de su nuevo Canal 6 en Guadalajara que se enfocará a contenidos regionales para ampliar las opciones para los televidentes, y anunció también una alianza informativa con Telefórmula que preside Rogelio Azcárraga y que se ha consolidado como la empresa de mayor crecimiento en televisión restringida ya que en sólo un año logró incrementar su presencia a nivel nacional. Megacable es la empresa de televisión por cable más grande del país y fue fundada por Yamuni hace más de 30 años remando contra corriente, porque el ex presidente José López Portillo pretendía que la televisión por cable fuera gratuita lo que hacía totalmente inviable cualquier inversión. Ahora la lucha no sólo de Megable, sino de todo el sector agrupado en PCTV es lograr la autorización de la SCT y de la Cofetel para la transmisión, no sólo de datos a través de Internet que ya es una realidad, sino también de voz con servicio telefónico
Maricarmen Cortés, “Desde el piso de remates”, Milenio Diario, 19 de mayo.
Una nueva versión, sorprendentemente parecida en cuanto a la actuación de la autoridad judicial de Coahuila, la están viviendo los empresarios de Megacable, presididos por Enrique Yamuni. Esta empresa, la más grande operadora de cable en el país y con operación en 13 entidades de la república, en 2000 le pagó 10 millones de dólares a Raúl González y su esposa por la concesión para operar televisión por cable en Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Gómez Palacio, Durango y Lerdo. Se creó Cable Operadora de la Comarca, cuyo domicilio fiscal y social está ubicado en Guadalajara (cede de Megacable) y se acordó por contrato que la operación sería a cargo de Megacable y que el Presidente del consejo de administración sería González. A partir del contrato y hasta la fecha, Megacable invirtió unos 15 millones de dólares en modernización del equipo, ampliación de redes, del tal manera que dan servicio de Internet y si no están dando servicio de telefonía es por la absurda posición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Pedro Cerisola. Dadas las inversiones durante los ejercicios de 2001 y 2002 se registraron pérdidas que fueron aprobadas por el consejo de administración. No se han registrado los números del 2003 puesto que no sólo no ha habido asamblea sino tampoco el Presidente del consejo de administración a convocado a una reunión del consejo para analizar estos números. Hace año y medio hubo un aumento de capital en Cable Operadora de la Comarca, el cual no fue suscrito por González quien ahora posee algo así como 40% de las acciones de la empresa. Así las cosas y en un procedimiento atípico (por decir lo menos) puesto que no derivó de una orden judicial sino de una decisión del ministerio público, la fuerza pública tomó el 9 de septiembre las instalaciones de Torreón y se despidió a todos los trabajadores de Megacable y unos días después suspendió el servicio de Internet, afectando a poco más de 9,000 clientes. Resulta que González mediante un procedimiento atípico, denuncian los de Megacable, tomó las instalaciones bajo acusaciones de administración fraudulenta por no repartir utilidades y no dar información. Curiosamente González no recurrió al arbitraje como lo habían acordado las partes cuando se firmó este convenio. Desde entonces se han negado, en por lo menos cuatro ocasiones, a dar copias de las acciones a los abogados de Megacable. Yamuni denuncia que, hasta el momento, el gobernador le ha negado cualquier audiencia y el Procurador de Justicia de Coahuila le ha dicho que presente pruebas. Llama la atención en este caso que habría indicios, de acuerdo con los denunciantes, de que el poder judicial de ese estado está actuando con parcialidad e incluso negando medios para la defensa de Megacable. Muchísimo más allá del fondo del asunto, que sólo le corresponderá resolver a la justicia en tribunales, sí preocupa que por segunda ocasión en un lapso corto haya denuncias sobre el comportamiento del poder judicial de la entidad que gobierna Martínez y Martínez. Hoy será la primera audiencia incidental y, evidentemente, se presentará la solicitud de amparo por parte de los de Megacable quienes están muy confiados en obtener una suspensión provisional y recuperar el control de estas instalaciones. Todavía es momento para que las autoridades de Coahuila dejen claro su apego al estado de derecho y que, con sus actuaciones, demuestren si están favoreciendo por alguna razón oculta a una de las partes o, como debe ser, que están dispuestos a cumplir y hacer cumplir con la ley.
David Páramo, “Hombres de nombre”, El Economista, 22 de septiembre.
La empresa de televisión restringida Megacable, que encabeza Enrique Yamuni, denunció el despojo de las instalaciones que sufrió su filial Cable Operadora de la Comarca por parte de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, tras el revés legal que tuvo con uno de sus accionistas minoritarios. En conferencia de prensa, Yamuni expuso que sin argumentos legales y de forma arbitraria, la Procuraduría del estado entregó los bienes a Raúl González Treviño, que desde su perspectiva es una persona física que siendo accionista minoritario no tiene derecho a reclamar. No obstante, fue González Treviño que cedió parte de las operaciones de dicha concesión, que tiene a su nombre, lo cual en el Artículo 38 de la Ley Federal de telecomunicaciones está como una de las causas de revocación de dicho título. Dicho artículo en la fracción VII prohíbe ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en la ley. No obstante, Yamuni dijo que las acciones de las autoridades "son una burla al estado de derecho y a las instituciones. Este hecho, detalló, ha propiciado que desde el pasado 9 de septiembre se haya dado el corte de los servicios de televisión restringida y de internet de banda ancha en la zona de la Comarca Lagunera, sin hacer uso eficiente de la concesión federal, y afectando a más de 55 mil usuarios. No obstante, aclaró que dentro del conflicto legal la concesión federal de televisión restringida no está en riesgo. Por su parte, Alejandro Puente, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), reprochó las acciones de las autoridades estatales y calificó como un atropello al estado de derecho, propiciando un ambiente de incertidumbre para todos los inversionistas de este sector. Yamuni, el principal afectado, explicó que González Treviño presentó una querella en la que se le acusaba por el delito de administración fraudulenta, argumentando la falta del pago de utilidades de Cable Operadora de la Comarca, con presencia en Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, además de Durango. Detalló que en 2001 se asoció con González Treviño, a quien le pagó 10 millones de dólares a cambio de asociarse y mantener 50 por ciento de la concesión para operar en esa región. El socio minoritario sería nombrado presidente del Consejo de Administración de la nueva compañía, pero sólo tendría facultades para presidir las asambleas y ejecutar acciones emanadas de las mismas. Adicionalmente se acordó inyectar recursos por un monto de 15 millones de dólares para extender su red de cable en mil 500 kilómetros adicionales y para actualizar tecnológicamente a la firma, por lo cual no habría dinero en los años subsecuentes. No obstante, dicho socio, que detenta 28 por ciento de las acciones de Cable Operadora de la Comarca pretende desconocer legalmente la asociación, según Yamuni. En tanto, su abogado Ulrich Richter Morales, informó que presentarán otras denuncias con autoridades federales, incluso buscarán que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, puesto que las autoridades locales están presuntamente involucradas. Adicionalmente, adelantó que acudirán la próxima semana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar dicho despojo.
Nota de Fernando Pedrero, El Universal, 1º de octubre.
Grupo Megacable, la mayor operadora del servicio de televisión por cable del país, emprenderá una batalla legal en contra de las autoridades del estado de Coahuila al considerar que su filial, Cable Operadora de la Comarca sufrió el “despojo” de sus instalaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia de ese estado, como consecuencia del fin de las disputas legales con uno de sus accionistas minoritarios. Al asegurar que “Coahuila es un estado sin ley”, Enrique Yamuni, presidente de Megacable, manifestó que este hecho “es una burla al Estado de Derecho y a las instituciones”, pues sin argumentos legales y de manera arbitraria, la Procuraduría de ese estado entregó al accionista minoritario Raúl González Treviño las instalaciones de COCSA, bienes de los que dijo “no tiene derecho a reclamar”. Señaló que como consecuencia del “despojo” desde el pasado 9 de septiembre se viene afectando a más de 55 mil usuarios quienes no cuentan con los servicios de televisión restringida e internet de ancho de banda en la Comarca Lagunera. La concesión federal para operar esta red pública de telecomunicaciones no está en riesgo, aclaró. A su vez, Alejandro Puente, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), calificó las acciones de la policía estatal como un atropello al estado de derecho, propiciando con ello la aparición de un ambiente de incertidumbre para los inversionistas del sector. Asimismo, Ulrich Richter, representante jurídico de la Canitec informó que más allá de las denuncias presentadas ante autoridades federales, se intentará que el caso sea atraído por la Procuraduría General de República, pues se sospecha que las autoridades locales están involucradas. Los afectados informaron que “sin notificación alguna para Megacable, sin haber ofrecido la garantía de audiencia, sin emitir resoluciones sobre las pruebas aportadas y sólo atendiendo la petición de una de las partes”, la Procuraduría de Coahuila “se convirtió en protagonista y cómplice de un acto que significa una burla al Estado de Derecho y a las instituciones. COCSA opera en Torreón, Gómez Palacio, Ciudad Lerdo y Durango. Enrique Yamuni explicó que su ex-socio González Treviño presentó una querella en su contra al acusársele de “administración fraudulenta” y argumentando la falta del pago de utilidades de COCSA, no obstante, resaltó que en el supuesto de que se hubiese cometido el delito de administración fraudulenta, “éste se persigue por querella de parte y debe ser presentada por el ofendido; en el caso, la ofendida sería COCSA
Nota de Hugo González, Milenio Diario, 1º de octubre.
La empresa operadora de televisión por cable Megacable, que preside Enrique Yamuni, y su filial Cable Operadora de la Comarca (COCSA), denuncian que con toda arbitrariedad, sin mayor argumento que la fuerza y con abuso de su posición de autoridad, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, despojó a esas compañías de las instalaciones que tienen a su cargo para la operación del sistema de televisión e Internet por cable de La Laguna. Agregan que sin argumentos legales, de manera arbitraria, y sin tener competencia, la Procuraduría de Coahuila entregó los bienes de la empresa COCSA a una persona física, Raúl González Treviño, que no tiene derecho sobre los mismos y quien incurrió en falta de pago para un aumento de capital de la compañía. Pese a la resolución pendiente de esa controversia, radicada en Guadalajara, Jalisco, de manera sorpresiva e inusitada, el pasado 9 de septiembre del año en curso y con la complicidad de la autoridad estatal de Coahuila, se despojó a Megacable y a COCSA de las instalaciones que operan en Torreón. A pesar de que se ha demostrado que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila cometió un error, ésta se niega a reconocerlo y continúa manteniendo a una persona física en posesión de bienes de la sociedad COCSA. Por ello, los afectados consideran que las autoridades estatales son responsables de la violación a la ley y al estado de derecho que deberían guardar.
César Castruita, “Los pasos de los pesos”, Crónica, 2 de octubre.
Un conflicto mercantil entre empresarios laguneros y tapatíos, que se asociaron para ofrecer el servicio de televisión e internet por cable en La Laguna, los ha llevado a acusar de influyentismo a funcionarios de los Gobiernos de Coahuila y Sonora. El conflicto se dirime actualmente en instancias legales, pero a través de inserciones pagadas en diversos periódicos del País, el lagunero Raúl González Treviño y el empresario de Guadalajara, Enrique Yamuni Robles, lanzan sus respectivas acusaciones. Ambos son socios en la empresa Cable Operadora de la Comarca (Cocsa), causa del conflicto en el que ya intervino la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, la cual entregó la administración a González Treviño, por el supuesto fraude de Yamuni. Yamuni, presidente de Mega Cable, empresa operadora de Cocsa, consideró el hecho como despojo. "La rapidez con que ha actuado la Procuraduría del Estado en favor de González Treviño y en cambio, la falta de resoluciones sobre pruebas ofrecidas que desvirtúan todo lo afirmado por el mismo González Treviño, que han sido falseadas y documentación simulada por él y su esposa, demuestran la parcialidad con la que se ha conducido la autoridad", señaló en un desplegado. Sin embargo, para el empresario lagunero, la intervención de la Procuraduría de Justicia está apegada a derecho. "Es falso que la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila haya despojado a la empresa Megacable y Cable Operadora de la Comarca de las instalaciones que tiene a su cargo para la operación del sistema de televisión e internet por Cable de la Laguna, sin tener los argumentos legales y sin tener competencia para ello", cita González Treviño. Gerardo Pérez, titular de la delegación Laguna 1 de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseguró que se ha actuado con estricto apego a la legalidad. El presunto agraviado, dijo el delegado, solicita con fundamento en el Artículo 111 del Código de Procedimientos Penales, en vigor en el Estado, la restitución en el goce de sus derechos que como administrador, asegura, le correspondían. "Entonces la diligencia que se planteó y se desahogó fue en ese sentido, de ninguna manera es una intromisión a la sociedad porque ésta opera, funciona y los argumentos que forman parte de la querella ahí están, están sujetos a una investigación", expuso. Para González Treviño, quien indica que es accionista -junto con su esposa- del 50 por ciento de Cocsa, Yamuni tiene influencias con el Gobernador de Sonora y solicita públicamente al Ejecutivo de esa entidad que se abstenga de intervenir en asuntos de Coahuila y que respete el régimen de legalidad. También negó que, en la atención de su querella, esté prevaleciendo el influyentismo o corrupción en la Procuraduría, pues Yamuni y sus abogados han tenido acceso a las garantías de ley. "Han ejercido de sus derechos, han comparecido, han intervenido en la averiguación, han formulado las promociones que a su juicio consideran oportunas y por eso yo puedo considerar que no han estado, ni están, en estado de indefensión", indicó González Treviño. Cocsa cuenta con casi 50 mil suscriptores en las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y en Durango. Yamuni, por su parte, explicó que el contrato entre accionistas estipula que en caso de conflicto, éste se debe resolver en primera instancia mediante negociación entre las partes y, en segunda instancia, a través de un arbitraje, pero no se respetó el acuerdo. "Él (González Treviño) no puede ir con el Ministerio Público, por contrato admitió que tiene que ser por arbitraje. "Por eso la Procuraduría no debería haber dado entrada a la demanda, y se fueron hasta el despojo", explicó el empresario en entrevista. (Con información de María Elena Sánchez/Coahuila y Verónica Gascón)
Nota de María Elena Sánchez (Coahuila) y Verónica Gascón, Reforma, 25 de octubre.
Enrique Yamuni, presidente de PCTV Cable, sigue enredado en una trampa legal. A pesar de que lleva algunas victorias legales, todavía no logra salir por completo del despojo ilegal del que fue objeto por parte de uno de sus ex socios. Sin embargo, Yamuni continúa apegado a la ley y con la esperanza de superar pronto el problema. Por cuanto al carrier de carriers, que anunció recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para Yamuni se trata de una opción positiva pero debiera de ser eso, una opción más. Lo malo es que no lo es y se trata prácticamente de una camisa de fuerza para las cableras que les impide dar el servicio directo de telefonía.
Marco Antonio Mares, “Ricos y Poderosos”, 25 de noviembre.
Hace unas semanas le habíamos comentado en esta columna la fuerte disputa que sostiene Enrique Yamuni, presidente y director general de Megacable, en contra de su socio minoritario en la región de La Laguna, Raúl González Treviño. Bueno, pues los de Megacable ya finalmente recuperaron las instalaciones, pero González Treviño quien las había usurpado alegando algún tipo de fraude, que no procedió en tribunales, interpuso un amparo para tratar de evitar las acciones legales en su contra. La buena noticia es que ya se restablecieron todos los servicios, pero la mala es que todavía se mantendrá el pleito durante algunos meses más...
David Páramo, “Hombres de Nombre”, 25 de noviembre.
MEGACABLE, NUEVO CANAL DE GUADALAJARA.- Enrique Yamuni, presidente de Megacable, y de PCTV, inició ayer transmisiones de su nuevo Canal 6 en Guadalajara que se enfocará a contenidos regionales para ampliar las opciones para los televidentes, y anunció también una alianza informativa con Telefórmula que preside Rogelio Azcárraga y que se ha consolidado como la empresa de mayor crecimiento en televisión restringida ya que en sólo un año logró incrementar su presencia a nivel nacional. Megacable es la empresa de televisión por cable más grande del país y fue fundada por Yamuni hace más de 30 años remando contra corriente, porque el ex presidente José López Portillo pretendía que la televisión por cable fuera gratuita lo que hacía totalmente inviable cualquier inversión. Ahora la lucha no sólo de Megable, sino de todo el sector agrupado en PCTV es lograr la autorización de la SCT y de la Cofetel para la transmisión, no sólo de datos a través de Internet que ya es una realidad, sino también de voz con servicio telefónico
Maricarmen Cortés, “Desde el piso de remates”, Milenio Diario, 19 de mayo.
Una nueva versión, sorprendentemente parecida en cuanto a la actuación de la autoridad judicial de Coahuila, la están viviendo los empresarios de Megacable, presididos por Enrique Yamuni. Esta empresa, la más grande operadora de cable en el país y con operación en 13 entidades de la república, en 2000 le pagó 10 millones de dólares a Raúl González y su esposa por la concesión para operar televisión por cable en Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Gómez Palacio, Durango y Lerdo. Se creó Cable Operadora de la Comarca, cuyo domicilio fiscal y social está ubicado en Guadalajara (cede de Megacable) y se acordó por contrato que la operación sería a cargo de Megacable y que el Presidente del consejo de administración sería González. A partir del contrato y hasta la fecha, Megacable invirtió unos 15 millones de dólares en modernización del equipo, ampliación de redes, del tal manera que dan servicio de Internet y si no están dando servicio de telefonía es por la absurda posición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Pedro Cerisola. Dadas las inversiones durante los ejercicios de 2001 y 2002 se registraron pérdidas que fueron aprobadas por el consejo de administración. No se han registrado los números del 2003 puesto que no sólo no ha habido asamblea sino tampoco el Presidente del consejo de administración a convocado a una reunión del consejo para analizar estos números. Hace año y medio hubo un aumento de capital en Cable Operadora de la Comarca, el cual no fue suscrito por González quien ahora posee algo así como 40% de las acciones de la empresa. Así las cosas y en un procedimiento atípico (por decir lo menos) puesto que no derivó de una orden judicial sino de una decisión del ministerio público, la fuerza pública tomó el 9 de septiembre las instalaciones de Torreón y se despidió a todos los trabajadores de Megacable y unos días después suspendió el servicio de Internet, afectando a poco más de 9,000 clientes. Resulta que González mediante un procedimiento atípico, denuncian los de Megacable, tomó las instalaciones bajo acusaciones de administración fraudulenta por no repartir utilidades y no dar información. Curiosamente González no recurrió al arbitraje como lo habían acordado las partes cuando se firmó este convenio. Desde entonces se han negado, en por lo menos cuatro ocasiones, a dar copias de las acciones a los abogados de Megacable. Yamuni denuncia que, hasta el momento, el gobernador le ha negado cualquier audiencia y el Procurador de Justicia de Coahuila le ha dicho que presente pruebas. Llama la atención en este caso que habría indicios, de acuerdo con los denunciantes, de que el poder judicial de ese estado está actuando con parcialidad e incluso negando medios para la defensa de Megacable. Muchísimo más allá del fondo del asunto, que sólo le corresponderá resolver a la justicia en tribunales, sí preocupa que por segunda ocasión en un lapso corto haya denuncias sobre el comportamiento del poder judicial de la entidad que gobierna Martínez y Martínez. Hoy será la primera audiencia incidental y, evidentemente, se presentará la solicitud de amparo por parte de los de Megacable quienes están muy confiados en obtener una suspensión provisional y recuperar el control de estas instalaciones. Todavía es momento para que las autoridades de Coahuila dejen claro su apego al estado de derecho y que, con sus actuaciones, demuestren si están favoreciendo por alguna razón oculta a una de las partes o, como debe ser, que están dispuestos a cumplir y hacer cumplir con la ley.
David Páramo, “Hombres de nombre”, El Economista, 22 de septiembre.
La empresa de televisión restringida Megacable, que encabeza Enrique Yamuni, denunció el despojo de las instalaciones que sufrió su filial Cable Operadora de la Comarca por parte de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, tras el revés legal que tuvo con uno de sus accionistas minoritarios. En conferencia de prensa, Yamuni expuso que sin argumentos legales y de forma arbitraria, la Procuraduría del estado entregó los bienes a Raúl González Treviño, que desde su perspectiva es una persona física que siendo accionista minoritario no tiene derecho a reclamar. No obstante, fue González Treviño que cedió parte de las operaciones de dicha concesión, que tiene a su nombre, lo cual en el Artículo 38 de la Ley Federal de telecomunicaciones está como una de las causas de revocación de dicho título. Dicho artículo en la fracción VII prohíbe ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en la ley. No obstante, Yamuni dijo que las acciones de las autoridades "son una burla al estado de derecho y a las instituciones. Este hecho, detalló, ha propiciado que desde el pasado 9 de septiembre se haya dado el corte de los servicios de televisión restringida y de internet de banda ancha en la zona de la Comarca Lagunera, sin hacer uso eficiente de la concesión federal, y afectando a más de 55 mil usuarios. No obstante, aclaró que dentro del conflicto legal la concesión federal de televisión restringida no está en riesgo. Por su parte, Alejandro Puente, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), reprochó las acciones de las autoridades estatales y calificó como un atropello al estado de derecho, propiciando un ambiente de incertidumbre para todos los inversionistas de este sector. Yamuni, el principal afectado, explicó que González Treviño presentó una querella en la que se le acusaba por el delito de administración fraudulenta, argumentando la falta del pago de utilidades de Cable Operadora de la Comarca, con presencia en Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, además de Durango. Detalló que en 2001 se asoció con González Treviño, a quien le pagó 10 millones de dólares a cambio de asociarse y mantener 50 por ciento de la concesión para operar en esa región. El socio minoritario sería nombrado presidente del Consejo de Administración de la nueva compañía, pero sólo tendría facultades para presidir las asambleas y ejecutar acciones emanadas de las mismas. Adicionalmente se acordó inyectar recursos por un monto de 15 millones de dólares para extender su red de cable en mil 500 kilómetros adicionales y para actualizar tecnológicamente a la firma, por lo cual no habría dinero en los años subsecuentes. No obstante, dicho socio, que detenta 28 por ciento de las acciones de Cable Operadora de la Comarca pretende desconocer legalmente la asociación, según Yamuni. En tanto, su abogado Ulrich Richter Morales, informó que presentarán otras denuncias con autoridades federales, incluso buscarán que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, puesto que las autoridades locales están presuntamente involucradas. Adicionalmente, adelantó que acudirán la próxima semana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar dicho despojo.
Nota de Fernando Pedrero, El Universal, 1º de octubre.
Grupo Megacable, la mayor operadora del servicio de televisión por cable del país, emprenderá una batalla legal en contra de las autoridades del estado de Coahuila al considerar que su filial, Cable Operadora de la Comarca sufrió el “despojo” de sus instalaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia de ese estado, como consecuencia del fin de las disputas legales con uno de sus accionistas minoritarios. Al asegurar que “Coahuila es un estado sin ley”, Enrique Yamuni, presidente de Megacable, manifestó que este hecho “es una burla al Estado de Derecho y a las instituciones”, pues sin argumentos legales y de manera arbitraria, la Procuraduría de ese estado entregó al accionista minoritario Raúl González Treviño las instalaciones de COCSA, bienes de los que dijo “no tiene derecho a reclamar”. Señaló que como consecuencia del “despojo” desde el pasado 9 de septiembre se viene afectando a más de 55 mil usuarios quienes no cuentan con los servicios de televisión restringida e internet de ancho de banda en la Comarca Lagunera. La concesión federal para operar esta red pública de telecomunicaciones no está en riesgo, aclaró. A su vez, Alejandro Puente, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), calificó las acciones de la policía estatal como un atropello al estado de derecho, propiciando con ello la aparición de un ambiente de incertidumbre para los inversionistas del sector. Asimismo, Ulrich Richter, representante jurídico de la Canitec informó que más allá de las denuncias presentadas ante autoridades federales, se intentará que el caso sea atraído por la Procuraduría General de República, pues se sospecha que las autoridades locales están involucradas. Los afectados informaron que “sin notificación alguna para Megacable, sin haber ofrecido la garantía de audiencia, sin emitir resoluciones sobre las pruebas aportadas y sólo atendiendo la petición de una de las partes”, la Procuraduría de Coahuila “se convirtió en protagonista y cómplice de un acto que significa una burla al Estado de Derecho y a las instituciones. COCSA opera en Torreón, Gómez Palacio, Ciudad Lerdo y Durango. Enrique Yamuni explicó que su ex-socio González Treviño presentó una querella en su contra al acusársele de “administración fraudulenta” y argumentando la falta del pago de utilidades de COCSA, no obstante, resaltó que en el supuesto de que se hubiese cometido el delito de administración fraudulenta, “éste se persigue por querella de parte y debe ser presentada por el ofendido; en el caso, la ofendida sería COCSA
Nota de Hugo González, Milenio Diario, 1º de octubre.
La empresa operadora de televisión por cable Megacable, que preside Enrique Yamuni, y su filial Cable Operadora de la Comarca (COCSA), denuncian que con toda arbitrariedad, sin mayor argumento que la fuerza y con abuso de su posición de autoridad, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, despojó a esas compañías de las instalaciones que tienen a su cargo para la operación del sistema de televisión e Internet por cable de La Laguna. Agregan que sin argumentos legales, de manera arbitraria, y sin tener competencia, la Procuraduría de Coahuila entregó los bienes de la empresa COCSA a una persona física, Raúl González Treviño, que no tiene derecho sobre los mismos y quien incurrió en falta de pago para un aumento de capital de la compañía. Pese a la resolución pendiente de esa controversia, radicada en Guadalajara, Jalisco, de manera sorpresiva e inusitada, el pasado 9 de septiembre del año en curso y con la complicidad de la autoridad estatal de Coahuila, se despojó a Megacable y a COCSA de las instalaciones que operan en Torreón. A pesar de que se ha demostrado que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila cometió un error, ésta se niega a reconocerlo y continúa manteniendo a una persona física en posesión de bienes de la sociedad COCSA. Por ello, los afectados consideran que las autoridades estatales son responsables de la violación a la ley y al estado de derecho que deberían guardar.
César Castruita, “Los pasos de los pesos”, Crónica, 2 de octubre.
Un conflicto mercantil entre empresarios laguneros y tapatíos, que se asociaron para ofrecer el servicio de televisión e internet por cable en La Laguna, los ha llevado a acusar de influyentismo a funcionarios de los Gobiernos de Coahuila y Sonora. El conflicto se dirime actualmente en instancias legales, pero a través de inserciones pagadas en diversos periódicos del País, el lagunero Raúl González Treviño y el empresario de Guadalajara, Enrique Yamuni Robles, lanzan sus respectivas acusaciones. Ambos son socios en la empresa Cable Operadora de la Comarca (Cocsa), causa del conflicto en el que ya intervino la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, la cual entregó la administración a González Treviño, por el supuesto fraude de Yamuni. Yamuni, presidente de Mega Cable, empresa operadora de Cocsa, consideró el hecho como despojo. "La rapidez con que ha actuado la Procuraduría del Estado en favor de González Treviño y en cambio, la falta de resoluciones sobre pruebas ofrecidas que desvirtúan todo lo afirmado por el mismo González Treviño, que han sido falseadas y documentación simulada por él y su esposa, demuestran la parcialidad con la que se ha conducido la autoridad", señaló en un desplegado. Sin embargo, para el empresario lagunero, la intervención de la Procuraduría de Justicia está apegada a derecho. "Es falso que la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila haya despojado a la empresa Megacable y Cable Operadora de la Comarca de las instalaciones que tiene a su cargo para la operación del sistema de televisión e internet por Cable de la Laguna, sin tener los argumentos legales y sin tener competencia para ello", cita González Treviño. Gerardo Pérez, titular de la delegación Laguna 1 de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseguró que se ha actuado con estricto apego a la legalidad. El presunto agraviado, dijo el delegado, solicita con fundamento en el Artículo 111 del Código de Procedimientos Penales, en vigor en el Estado, la restitución en el goce de sus derechos que como administrador, asegura, le correspondían. "Entonces la diligencia que se planteó y se desahogó fue en ese sentido, de ninguna manera es una intromisión a la sociedad porque ésta opera, funciona y los argumentos que forman parte de la querella ahí están, están sujetos a una investigación", expuso. Para González Treviño, quien indica que es accionista -junto con su esposa- del 50 por ciento de Cocsa, Yamuni tiene influencias con el Gobernador de Sonora y solicita públicamente al Ejecutivo de esa entidad que se abstenga de intervenir en asuntos de Coahuila y que respete el régimen de legalidad. También negó que, en la atención de su querella, esté prevaleciendo el influyentismo o corrupción en la Procuraduría, pues Yamuni y sus abogados han tenido acceso a las garantías de ley. "Han ejercido de sus derechos, han comparecido, han intervenido en la averiguación, han formulado las promociones que a su juicio consideran oportunas y por eso yo puedo considerar que no han estado, ni están, en estado de indefensión", indicó González Treviño. Cocsa cuenta con casi 50 mil suscriptores en las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y en Durango. Yamuni, por su parte, explicó que el contrato entre accionistas estipula que en caso de conflicto, éste se debe resolver en primera instancia mediante negociación entre las partes y, en segunda instancia, a través de un arbitraje, pero no se respetó el acuerdo. "Él (González Treviño) no puede ir con el Ministerio Público, por contrato admitió que tiene que ser por arbitraje. "Por eso la Procuraduría no debería haber dado entrada a la demanda, y se fueron hasta el despojo", explicó el empresario en entrevista. (Con información de María Elena Sánchez/Coahuila y Verónica Gascón)
Nota de María Elena Sánchez (Coahuila) y Verónica Gascón, Reforma, 25 de octubre.
Enrique Yamuni, presidente de PCTV Cable, sigue enredado en una trampa legal. A pesar de que lleva algunas victorias legales, todavía no logra salir por completo del despojo ilegal del que fue objeto por parte de uno de sus ex socios. Sin embargo, Yamuni continúa apegado a la ley y con la esperanza de superar pronto el problema. Por cuanto al carrier de carriers, que anunció recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para Yamuni se trata de una opción positiva pero debiera de ser eso, una opción más. Lo malo es que no lo es y se trata prácticamente de una camisa de fuerza para las cableras que les impide dar el servicio directo de telefonía.
Marco Antonio Mares, “Ricos y Poderosos”, 25 de noviembre.
Hace unas semanas le habíamos comentado en esta columna la fuerte disputa que sostiene Enrique Yamuni, presidente y director general de Megacable, en contra de su socio minoritario en la región de La Laguna, Raúl González Treviño. Bueno, pues los de Megacable ya finalmente recuperaron las instalaciones, pero González Treviño quien las había usurpado alegando algún tipo de fraude, que no procedió en tribunales, interpuso un amparo para tratar de evitar las acciones legales en su contra. La buena noticia es que ya se restablecieron todos los servicios, pero la mala es que todavía se mantendrá el pleito durante algunos meses más...
David Páramo, “Hombres de Nombre”, 25 de noviembre.
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