Las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, y Radio y Televisión del Senado garantizaron a los concesionarios y conductores de programas de medios electrónicos que la reforma constitucional en materia electoral no afectará en lo más mínimo la libertad de expresión, porque lo que se quiere es aminorar la influencia que ha adquirido el poder del dinero en los procesos electorales.
Durante cuatro horas y media, concesionarios de la industria de la radio y la televisión, comunicadores y legisladores protagonizaron un enfrentamiento verbal sobre el alcance de la reforma.
Los representantes de la industria de la radio y televisión y los senadores Jorge Mendoza (PRI) y Manuel Velasco (Verde) pidieron posponer la reforma, darse más tiempo para revisarla. La mayoría de los legisladores no aceptó la solicitud.
A esta reunión fueron convocados de última hora conductores y colaboradores de los diversos medios de comunicación, y esta sesión no estaba agendada en este formato.
Hubo tres rondas de posicionamientos, con cinco oradores en cada una y, al final, todavía tres más por cada una de las partes.
Una reunión que se difundió en directo a través de los principales canales de televisión y estaciones de radio, con la queja del senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, de que se sacó del aire o no se transmitió la intervención del panista Ricardo García Cervantes.
Los representantes de la televisión y la radio mexicanas, el presidente de los radiodifusores Héctor Pereda, los concesionarios Francisco Ibarra, Rogerio Azcárraga, Ernesto Vidal, Tristán Canales, Javier Tejado, así como los comunicadores Joaquín López-Dóriga, Javier Alatorre, Pedro Ferriz, Carlos Aguirre y Luis Niño de Rivera, expresaron su preocupación por el daño que se le pudiera hacer con la ley a la industria y a la libertad de expresión en México.
Los senadores Ricardo García Cervantes (PAN), Jesús Murillo Karam (PRI) y Pablo Gómez (PRD), sobre todo, defendieron la reforma constitucional en materia electoral.
Gómez Álvarez les aseguró que “no se hará nada que inhiba la crítica” y que el objetivo es disminuir la influencia del dinero en la democracia mexicana, porque la pervierte.
García Cervantes le aclaró a Patricia Chapoy que la expresión de “guapo” que ella le pudiera dirigir a un gobernante no es causal de delito, pero sí en el caso de que el funcionario, siendo feo, utilice dinero público para que digan que es guapo.
Jesús Murillo Karam precisó que con la reforma no se le expropia nada a los radiodifusores, que lo único que hace es que en lo sucesivo se utilizarían los tiempos oficiales para la difusión de la propaganda.
La inquietud de los concesionarios y comunicadores en el uso de la palabra “difundida” en el predictamen fue compartida por los legisladores, que desde antes de la reunión ya la habían cambiado.
Se especificó que ninguna persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar la difusión (decía difundir) de mensajes en radio y televisión dirigidos a tener influencia en las preferencias electorales de los ciudadanos.
Los cambios al proyecto se hicieron antes de la reunión con los representantes de los medios de comunicación.
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