Senado y poderes fácticos chocan en el marco de la reforma electoral

Las grandes cadenas de televisión y radio enviaron ayer al Senado de la República a sus representantes legales y a la mayoría de los conductores y comentaristas de sus principales noticieros, con el fin de exigir que se posponga la aprobación de la reforma electoral bajo el argumento –esgrimido entre otros por Joaquín López Dóriga– de que restringe la libertad de expresión.

Sin embargo, los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) acabaron por reconocer que su molestia es por la prohibición de contratar propaganda electoral en medios electrónicos.

Los senadores que dictaminan esa reforma constitucional se enfrentaron a un poder fáctico que ayer tuvo nombres y apellidos, presionó a fondo y no dudó en cuestionar, amenazar e inclusive insultar a los legisladores, a los que se acusó de tratar de regresar a la era de la URSS. La respuesta más puntual de los senadores la dieron el perredista Pablo Gómez, el panista Ricardo García Cervantes y María de los Angeles Moreno, del PRI.

Gómez Alvarez les recordó a los empresarios que tienen bajo concesión un bien propiedad de la nación. Ante ello, la postura de los visitantes fue subiendo de tono. “Aquí está la CIRT junta, completa y unísona; nunca habíamos estado tan unidos como en esta ocasión. No venimos a dialogar, venimos a reaccionar”, advirtió a gritos Pedro Ferriz de Con, conductor de noticias de Grupo Imagen, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña.

“¡Nos van a arruinar los ratings!”

Antes, el dueño de una de las radiodifusoras más poderosas del país, Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga, resumió el descontento de los concesionarios: “¡Nos van a quitar 30 por ciento del tiempo sin pagar un solo centavo, además de arruinar los ratings!”, exclamó. Sostuvo que pasará lo mismo que con el programa radiofónico La Hora Nacional, porque nadie verá los anuncios de los partidos.

Entre aplausos de los comunicadores que llenaron el salón del quinto piso de la Torre de El Caballito, donde las comisiones dictaminadoras recibieron a los representantes de los concesionarios, Azcárraga –quien aclaró que nada tiene que ver con el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean– sostuvo que la reforma “es casi expropiatoria” y aseguró que llevará a la quiebra a 950 estaciones de radio.

Hasta antes de la intervención del empresario, los concesionarios, sus comentaristas y conductores de noticieros se habían centrado en defender la libertad de expresión, apoyados por senadores de Convergencia y del Verde Ecologista, entre estos últimos, Javier Orozco, uno de los impulsores de la llamada ley Televisa, que luego invalidó la Suprema Corte de Justicia.

La defensa de Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), que por varios días fue su tema favorito, ayer quedó en el olvido. Poco después de las 2 de la tarde, los directivos de la CIRT y su séquito de “estrellas” mediáticas fueron recibidos por los integrantes de las comisiones dictaminadoras, que previamente presentaron los cambios al proyecto de reforma electoral consensuados entre las tres principales fuerzas políticas.

El presidente de la CIRT, Enrique Pereda, se quejó de que no fueron consultados para llevar a cabo un cambio tan importante, que da a los partidos políticos el derecho de “usar la radio y la televisión” a través de los tiempos del Estado.

Francisco Aguirre, presidente del Grupo Radiocentro, y Francisco Ibarra, de Grupo Acir, reforzaron los cuestionamientos y acusaron a los legisladores de no sujetar a los partidos a reglas de transparencia. Tristán Canales, de TvAzteca, preguntó si no es mucho 48 minutos al día en cada estación de radio y televisión.

López Dóriga criticó a su vez el contenido del artículo 41, en el que se prohíbe difundir mensajes en radio y televisión “susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadadanos, ni a favor ni en contra de partidos o candidatos”.

Sostuvo que esa redacción atenta contra la libertad de expresión, pues la crítica a políticos equivaldría a violar la Constitución, “lo que me parece algo gravísimo”.

Un poco después, Paty Chapoy, del programa Ventaneando, de Tv Azteca, reforzó esa idea al preguntar a los senadores si se convertiría en “criminal” al hablar de políticos y señalar –por ejemplo– que un gobernador “es guapo”.

El senador Ricardo Monreal Avila aclaró a López Dóriga que la redacción del artículo 41 constitucional fue modificada para evitar que la prohibición del pago de propaganda electoral en radio y televisión se interprete como la prohibición de la crítica a políticos en los medios electrónicos.

Igualmente, el senador del Partido Revolucionario Institucional Jesús Murillo Karam respondió a los concesionarios que no hay intención alguna de atentar contra la libertad de expresión y aclaró que en este sexenio el ahorro por la disminución de gastos en campañas será de 4 mil millones de pesos.

Sin embargo, los concesionarios de radio y televisión siguieron insistiendo. Javier Tejado Dondé, funcionario de Televisa, acusó a los senadores de pretender estatizar la radio y la televisión, de otorgar en realidad más recursos a los partidos políticos, y deseó que la reunión no fuera sólo “para tapar el ojo al macho”.

Pero fue la intervención de Pedro Ferriz de Con la que mostró la verdadera y furibunda cara de los concesionarios. Representante de la emisora beneficiada durante el sexenio foxista, el conductor dijo a los legisladores: “Se me hace una postura pueril y ridícula que le pasen a terceros el costo de los gastos de campaña”.

También, a gritos, señaló: “Ya estoy cansado de tanta palabrería. Nosotros pagamos impuestos, nadie nos ha regalado nada, se los recuerdo”. Además, acusó a los representantes populares de frenar el desarrollo del país y les reprochó que no hubieran permitido a Felipe Calderón rendir su Informe de gobierno.

A los empresarios de la radio y la televisión se sumaron los legisladores de los partidos Verde y Convergencia. Dante Delgado, de esta última fuerza política, se sumó a la demanda de los concesionarios de posponer la aprobación de la reforma.

Entonces, el perredista Pablo Gómez hizo frente a la andanada. De entrada, señaló que la Constitución es muy clara al precisar que la soberanía reside en el pueblo y que el Congreso tiene la representación popular y es sujeto de “críticas, insultos y denuestos, porque forman parte de la libertad de expresión”.

Recordó también que la libertad de expresión de que hoy se goza en el país fue producto de un movimiento democrático que costó muchas vidas, y que lo que se quiere restringir en la reforma electoral es el poder del dinero, para que los partidos no estén bajo la presión de tener que conseguir donde sea y como sea recursos económicos para poder aparecer en las pantallas.

Están en contra de que se legisle, sostuvo Gómez, porque “ustedes recibían en conjunto miles de millones de pesos, la mayoría, las grandes cadenas de televisión”. Mordaz, el perredista les pidió no preocuparse, ya que no es ahora cuando se busca modificar al duopolio televisivo. “Eso será después, en la ley de radio y televisión”.

La priísta María de los Angeles Moreno aclaró a su vez que no se intenta tener el control de los órganos electorales, sino que sean instituciones ciudadanizadas, y el panista Ricardo García Cervantes cerró la pinza al desmentir a Tejado Dondé y señalarle que es falso que se vaya a duplicar el gasto de campaña en los procesos electorales.

“Vamos a salir al paso a cualquier intención ilegítima que irrumpa en procesos electorales y la principal irrupción es el dinero, porque no se sabe si es dinero sucio o limpio”, agregó.

Después de casi cuatro horas, el poder mediático abandonó la sede senatorial; querían seguir hablando, pero el priísta Pedro Joaquín Coldwell dio por concluido el encuentro. Al despedirse, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Pereda, le pidió a varios senadores no aprobar “con prisas” la reforma electoral. Pero no tuvo éxito, el dictamen se aprobó horas después.

Nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 12 de septiembre.

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