La bancada del PRI en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya operación no quede bajo el mando de la SSP federal, sino de una Junta de Gobierno encabezada por el Presidente de la República, los gobernadores, y representantes del poder Legislativo y Judicial.
La iniciativa, que fue turnada a comisiones, pretende que la Constitución reconozca a la seguridad pública como una función de Estado y traslada la responsabilidad de su conducción a una nueva estructura que garantiza criterios técnicos para cumplir con su labor, pero con suficiente respaldo político.
"El efecto del cambio consiste en transferir la responsabilidad de la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la SSP a una estructura de Estado integrada por un organismo técnico y por una Junta de Gobierno encabezada por el titular del Ejecutivo federal, y con la participación de los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal", establece el documento.
El proyecto fue presentado a sólo unos días de que senadores del PRI se reunieran con el Presidente Felipe Calderón en Los Pinos, quien -según los legisladores- les propuso una estrategia radicalmente opuesta, que pretende concentrar el poder y las facultades de investigación e inteligencia en la SSP federal.
Por otro lado, la reforma constitucional busca regular la distribución de competencia entre los distintos niveles de Gobierno y establece la coordinación obligatoria entre los integrantes del sistema.
El PRI, que representa a un total de 18 gobernadores emanados de sus filas, también incluyó en su proyecto de reforma un nuevo mecanismo para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública elabore los criterios para la distribución de los recursos destinados al combate a la delincuencia.
"Para lo cual prevé la creación de los fondos nacionales de seguridad pública, buscando con ello asegurar que los recursos necesarios para mejorar a las instituciones de seguridad pública en el País lleguen rápida y efectivamente, sin posibilidad de ser desviados o dilapidados", se afirma en el documento.
En la iniciativa, el PRI propuso la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública, cuyo titular será considerado sujeto a juicio político, como parte de los mecanismos de evaluación que se aplicarán para garantizar resultados.
"Consideramos imprescindible que el Sistema cuente también con mecanismos para evaluar permanentemente la eficacia de sus acciones y políticas, así como para establecer responsabilidad de todos aquellos funcionarios que incumplan con sus tareas", detalla.
Adicionalmente, el Ejecutivo federal podrá remover al titular del Instituto, pero previa consulta con los integrantes de la Junta de Gobierno del mismo.
Por otro lado, las modificaciones otorgarán nuevas facultades al Congreso para expedir una Ley General de Seguridad Pública, para fijar con precisión las competencias de los tres niveles de Gobierno y definir los alcances de las obligaciones en materia de coordinación.
La iniciativa, que fue turnada a comisiones, pretende que la Constitución reconozca a la seguridad pública como una función de Estado y traslada la responsabilidad de su conducción a una nueva estructura que garantiza criterios técnicos para cumplir con su labor, pero con suficiente respaldo político.
"El efecto del cambio consiste en transferir la responsabilidad de la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la SSP a una estructura de Estado integrada por un organismo técnico y por una Junta de Gobierno encabezada por el titular del Ejecutivo federal, y con la participación de los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal", establece el documento.
El proyecto fue presentado a sólo unos días de que senadores del PRI se reunieran con el Presidente Felipe Calderón en Los Pinos, quien -según los legisladores- les propuso una estrategia radicalmente opuesta, que pretende concentrar el poder y las facultades de investigación e inteligencia en la SSP federal.
Por otro lado, la reforma constitucional busca regular la distribución de competencia entre los distintos niveles de Gobierno y establece la coordinación obligatoria entre los integrantes del sistema.
El PRI, que representa a un total de 18 gobernadores emanados de sus filas, también incluyó en su proyecto de reforma un nuevo mecanismo para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública elabore los criterios para la distribución de los recursos destinados al combate a la delincuencia.
"Para lo cual prevé la creación de los fondos nacionales de seguridad pública, buscando con ello asegurar que los recursos necesarios para mejorar a las instituciones de seguridad pública en el País lleguen rápida y efectivamente, sin posibilidad de ser desviados o dilapidados", se afirma en el documento.
En la iniciativa, el PRI propuso la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública, cuyo titular será considerado sujeto a juicio político, como parte de los mecanismos de evaluación que se aplicarán para garantizar resultados.
"Consideramos imprescindible que el Sistema cuente también con mecanismos para evaluar permanentemente la eficacia de sus acciones y políticas, así como para establecer responsabilidad de todos aquellos funcionarios que incumplan con sus tareas", detalla.
Adicionalmente, el Ejecutivo federal podrá remover al titular del Instituto, pero previa consulta con los integrantes de la Junta de Gobierno del mismo.
Por otro lado, las modificaciones otorgarán nuevas facultades al Congreso para expedir una Ley General de Seguridad Pública, para fijar con precisión las competencias de los tres niveles de Gobierno y definir los alcances de las obligaciones en materia de coordinación.
Claudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 7 de octubre.
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