Calderón: no se ha logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública

El proyecto de decreto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enviado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa a la Cámara de Diputados pretende centralizar el diseño y aplicación de la política policiaca en un Consejo Nacional de Seguridad Pública, que estará controlado por los secretarios de Gobernación y de Seguridad, Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna, así como el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

El texto –del que se tiene copia y hoy se presentará en el pleno de la Cámara de Diputados– plantea la creación del Sistema Único de Información Criminal; de los registros Nacional de Personal de Seguridad Pública, Nacional de Armamento y Equipo, de Estadística de Seguridad Pública, así como de Detenciones, Mandamientos Judiciales y Ministeriales.

En la exposición de motivos, Calderón reconoce que “los esfuerzos realizados hasta el momento no han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública, articulado en una estrategia nacional”, y que “la contundencia en el actuar policial no ha sido constante ni homogénea”.

En ese contexto, considera que ni con la formación de la Policía Federal Preventiva se logró “establecer a plenitud un sistema que pudiera fungir como modelo de organización y gestión para todas las policías del país”.

Con un ligero matiz en procurar la defensa y protección de las garantías individuales, la iniciativa calderonista contempla un título específico sobre el uso de la fuerza pública, por el cual busca garantizar moderación en el actuar de las policías; reducir al mínimo los daños; prestar asistencia y servicios médicos a afectados, y notificar a la brevedad a los familiares de personas heridas o afectadas.

“Mantener y restablecer el orden y la paz públicos, evitando en la medida de lo posible el uso de la fuerza letal”, es uno de los objetivos de la regulación policial.

Felipe Calderón propuso a la Cámara de Diputados que “las corporaciones de los tres órdenes de gobierno cuenten, al menos, con las áreas de investigación, prevención y reacción”, para atender de manera eficaz las demandas ciudadanas, lo cual implica una restructuración del modelo policiaco vigente.

Se adoptaría, define, un “enfoque de inteligencia”, y así “en lugar de esperar a que ocurra una actividad criminal”, la policía reúna información de manera permanente sobre grupos criminales o individuos, sus motivaciones, recursos e interconexiones, para prevenir la delincuencia.

La propuesta del Ejecutivo federal considera que todos los policías del país –incluidos los judiciales y ministeriales– estén obligados a obtener un certificado que se les otorgará sólo al acreditar exámenes de confianza, con controles sicológicos, toxicológicos, poligráficos y socioeconómicos.

Inclusive, se advierte que cualquier policía que sea dado de baja de su corporación por incumplimiento en los requisitos de ingreso y permanencia, no será contratado por otra fuerza o reinstalado, aun cuando jurídicamente su despido fuera injustificado. La autoridad sólo estará obligada a concederle una indemnización y las prestaciones a que tenga derecho.

Una de las áreas que permitirá la concentración del control de García Luna con esta nueva ley, se encuentra en el sistema Plataforma México, donde se aglutinará la información que diariamente se genere en las instancias de la Federación, estados, el Distrito Federal y los municipios. Éstos le proveerán de datos, y podrán sistematizar y analizar su contenido para integrarse “en un sistema informático de vanguardia”.

Ese sistema contendrá los datos personales de policías y delincuentes, como fotografías, huellas dactilares, domicilios, CURP, grupo étnico, descripción del estado físico, identificación antropométrica y “otros medios que permitan la identificación del individuo”.

En su mensaje a los legisladores, el texto de Calderón advierte: “si este tema no es atendido en la agenda legislativa, con la importancia que merece, las actuales políticas de combate al crimen no tendrán la contundencia y efectos esperados, al no poder sostener únicamente a las fuerzas armadas en el terreno del combate al delito sin un fuerte componente de prevención”.

Gustavo Castillo, Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 2 de octubre.


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