Juliana, una migrante centroamerica-na de 15 años, fue lanzada del tercer piso de un hotel en el estado de Mé-xico por negarse a tener relaciones se-xuales con un hombre, quien minutos antes la había comprado en 2 mil pesos a la dueña de un bar con apariencia de cocina económica donde explotaban sexualmente a la adolescente.
Debido a las lesiones, Juliana fue trasladada al hospital general Adolfo López Mateos, de esa entidad.
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia estatal iniciaron una averiguación previa por lesiones y, por ser migrante, la pusieron a disposición de la delegación regional del Instituto Nacional de Migración (INM).
Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al gobernador Enrique Peña Nieto y a la comisionada del INM, Cecilia Romero, para que inicien procesos administrativos a los agentes del Ministerio Público y de migración que pretendían deportarla en lugar de investigar y sancionar la trata de personas de la que fue objeto la joven migrante y brindarle atención sicológica y protección.
La CNDH reservó el nombre de la migrante y otros datos que pudieran revelar su identidad, por respeto a sus derechos humanos.
Según información recabada por la comisión, la menor señaló que tenía seis meses trabajando en ese bar, al que llegó mediante engaños, pues las dueñas del local le dijeron que trabajaría en una cocina económica.
La adolescente era obligada a beber alcohol y tener relaciones sexuales con los clientes a cambio de dinero entregado directamente a las dueñas; además, estaba incomunicada y era custodiada todo el tiempo por personal del bar.
La CNDH señaló que éste es un caso de trata de personas, penado por la legislación mexicana, pues la migrante centroamericana fue enganchada por las dueñas del bar mediante engaños, con el propósito de explotarla con fines sexuales.
“Para esta comisión nacional el caso resulta particularmente grave, ya que además de las lesiones físicas, la agraviada sufrió una severa afectación psicológica por su calidad de menor, mujer y migrante”, señaló el organismo a cargo de José Luis Soberanes.
Los peritajes sicológicos de especialistas de la comisión señalan que la migrante presenta desórdenes en la apreciación de sí misma y del exterior, ansiedad, trastornos por estrés postraumático, alteraciones en la alimentación, de la conductay anímicos.
La CNDH consideró que las autoridades de la procuraduría cometieron diversas omisiones en sus diligencias al no investigar el hotel donde ella fue agredida ni darle protección y atención sicológica, pese a que la dueña del bar amenazó a la migrante en el hospital.
Señaló que, luego de retenerla en la estación migratoria de Iztapalapa, los agentes del INM tampoco le hicieron una valoración sicológica, no le informaron sobre los derechos que ella tenía para seguir el procedimiento penal ni colaboraron con el Ministerio Público para la aportación de pruebas.
El órgano indicó que en este caso se violaron los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, al debido proceso y a la protección de la integridad de la migrante.
Debido a las lesiones, Juliana fue trasladada al hospital general Adolfo López Mateos, de esa entidad.
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia estatal iniciaron una averiguación previa por lesiones y, por ser migrante, la pusieron a disposición de la delegación regional del Instituto Nacional de Migración (INM).
Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al gobernador Enrique Peña Nieto y a la comisionada del INM, Cecilia Romero, para que inicien procesos administrativos a los agentes del Ministerio Público y de migración que pretendían deportarla en lugar de investigar y sancionar la trata de personas de la que fue objeto la joven migrante y brindarle atención sicológica y protección.
La CNDH reservó el nombre de la migrante y otros datos que pudieran revelar su identidad, por respeto a sus derechos humanos.
Según información recabada por la comisión, la menor señaló que tenía seis meses trabajando en ese bar, al que llegó mediante engaños, pues las dueñas del local le dijeron que trabajaría en una cocina económica.
La adolescente era obligada a beber alcohol y tener relaciones sexuales con los clientes a cambio de dinero entregado directamente a las dueñas; además, estaba incomunicada y era custodiada todo el tiempo por personal del bar.
La CNDH señaló que éste es un caso de trata de personas, penado por la legislación mexicana, pues la migrante centroamericana fue enganchada por las dueñas del bar mediante engaños, con el propósito de explotarla con fines sexuales.
“Para esta comisión nacional el caso resulta particularmente grave, ya que además de las lesiones físicas, la agraviada sufrió una severa afectación psicológica por su calidad de menor, mujer y migrante”, señaló el organismo a cargo de José Luis Soberanes.
Los peritajes sicológicos de especialistas de la comisión señalan que la migrante presenta desórdenes en la apreciación de sí misma y del exterior, ansiedad, trastornos por estrés postraumático, alteraciones en la alimentación, de la conductay anímicos.
La CNDH consideró que las autoridades de la procuraduría cometieron diversas omisiones en sus diligencias al no investigar el hotel donde ella fue agredida ni darle protección y atención sicológica, pese a que la dueña del bar amenazó a la migrante en el hospital.
Señaló que, luego de retenerla en la estación migratoria de Iztapalapa, los agentes del INM tampoco le hicieron una valoración sicológica, no le informaron sobre los derechos que ella tenía para seguir el procedimiento penal ni colaboraron con el Ministerio Público para la aportación de pruebas.
El órgano indicó que en este caso se violaron los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, al debido proceso y a la protección de la integridad de la migrante.
Liliana Alcántara, El Universal, 25 de octubre.
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