La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció y lamentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el fracaso de las estrategias creadas por el gobierno mexicano en los últimos 10 años en materia de seguridad pública debido a la falta de continuidad en los planes y programas, la “improvisación”, la corrupción y la impunidad.
Aseguró que los delitos se elevaron “de manera exponencial”, lo que implica “un atentado” al derecho a la seguridad pública de todos los habitantes de la República Mexicana.
La CNDH envió un informe sobre la situación de los derechos humanos en México al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo que examinará a nuestro país en la materia en febrero del próximo año.
En ese reporte, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la CNDH agregó que los programas oficiales para garantizar la seguridad pública tampoco han logrado sus objetivos, porque no se coordinan las acciones entre los tres ámbitos de gobierno y no se ha logrado consolidar la función del Ministerio Público como garante de la Constitución y la legalidad, ni elevar el nivel de eficiencia de la institución, reducir los índices de impunidad, disminuir los delitos del orden común y federal, abatir la corrupción, brindar una mejor atención a las víctimas y respetar los derechos humanos.
Entre esos programas mencionó la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia (1998), el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia (2002), Las 10 Acciones contra la Delincuencia Organizada (2004) y Plataforma México (2007-2008).
Mencionó que la Secretaría de Seguridad Pública federal “abrió un espacio de opacidad propicio para la impunidad y el encubrimiento” debido a que rechazó recomendaciones sobre los abusos policiacos en el estado de México y Michoacán.
El organismo, a cargo de José Luis Soberanes, resaltó que el asunto de la seguridad pública debe ser abordado de una manera integral, sin dejar de atender la raíz de la problemática que se encuentra en la inequidad en la distribución del ingreso, la marginación, la exclusión y la desintegración familiar.
Indicó que un aspecto positivo es la reciente reforma al sistema de justicia penal aprobada el 18 de junio pasado, porque contempla la participación de los ciudadanos en el diseño, control y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad. Sin embargo, recalcó que “la reforma a las leyes como fórmula para abatir la delincuencia sólo es útil cuando se acompaña de campañas de prevención del delito, así como de la profesionalización del personal que labora en las instancias de procuración y administración de justicia”.
Reiteró que es indispensable garantizar los derechos de las víctimas del delito a través del establecimiento de un fondo público para resarcir el daño y mediante la creación de una institución autónoma del Ministerio Público que ofrezca asesoría gratuita y profesional.
En el informe, la CNDH dijo que las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada y la tortura todavía son recurrentes en México.
Aseguró que los delitos se elevaron “de manera exponencial”, lo que implica “un atentado” al derecho a la seguridad pública de todos los habitantes de la República Mexicana.
La CNDH envió un informe sobre la situación de los derechos humanos en México al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo que examinará a nuestro país en la materia en febrero del próximo año.
En ese reporte, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la CNDH agregó que los programas oficiales para garantizar la seguridad pública tampoco han logrado sus objetivos, porque no se coordinan las acciones entre los tres ámbitos de gobierno y no se ha logrado consolidar la función del Ministerio Público como garante de la Constitución y la legalidad, ni elevar el nivel de eficiencia de la institución, reducir los índices de impunidad, disminuir los delitos del orden común y federal, abatir la corrupción, brindar una mejor atención a las víctimas y respetar los derechos humanos.
Entre esos programas mencionó la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia (1998), el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia (2002), Las 10 Acciones contra la Delincuencia Organizada (2004) y Plataforma México (2007-2008).
Mencionó que la Secretaría de Seguridad Pública federal “abrió un espacio de opacidad propicio para la impunidad y el encubrimiento” debido a que rechazó recomendaciones sobre los abusos policiacos en el estado de México y Michoacán.
El organismo, a cargo de José Luis Soberanes, resaltó que el asunto de la seguridad pública debe ser abordado de una manera integral, sin dejar de atender la raíz de la problemática que se encuentra en la inequidad en la distribución del ingreso, la marginación, la exclusión y la desintegración familiar.
Indicó que un aspecto positivo es la reciente reforma al sistema de justicia penal aprobada el 18 de junio pasado, porque contempla la participación de los ciudadanos en el diseño, control y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad. Sin embargo, recalcó que “la reforma a las leyes como fórmula para abatir la delincuencia sólo es útil cuando se acompaña de campañas de prevención del delito, así como de la profesionalización del personal que labora en las instancias de procuración y administración de justicia”.
Reiteró que es indispensable garantizar los derechos de las víctimas del delito a través del establecimiento de un fondo público para resarcir el daño y mediante la creación de una institución autónoma del Ministerio Público que ofrezca asesoría gratuita y profesional.
En el informe, la CNDH dijo que las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada y la tortura todavía son recurrentes en México.
Liliana Alcántara, El Universal, 1º de octubre.
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