La demora en la liberación de los 400 millones de dólares de la Iniciativa Mérida para el combate al narcotráfico en México, se debe a que aún no se han definido los términos legales para la transferencia de equipo y tecnología, ya que las autoridades mexicanas propusieron que en un plazo de tres años sean propiedad de nuestro país.
Autoridades federales reconocieron que a pesar de que se tenía previsto que en septiembre pasado se liberaran los recursos —en especie—, los congresistas estadounidenses siguen analizando la conveniencia de que el equipo que se entregue a diversas dependencias del gobierno federal mexicano, queden bajo su propiedad al vencer el plazo del Programa Mérida.
La falta de acuerdo en esta materia ha retrasado la liberación de los recursos, aseguraron las fuentes consultadas, ya que sólo hasta que se defina el tema se firmarán las cartas de entendimiento entre ambos países, que fijarán con claridad las características del equipo, cantidad y en qué proyectos se utilizarán.
El Departamento de Estado de Estados Unidos cumplió desde agosto pasado con entregar la documentación que detalla el equipo y tecnología que será trasferido, y toca a los congresistas de ese país avalar las condiciones para liberar los recursos.
Al respecto, el lunes pasado Michael B. Mukasey, procurador general de Justicia de Estados Unidos, reconoció que la demora en la entrega de los recursos “no nos hace felices”, pero señaló que el retraso se debe a cuestiones técnicas, ya que se debe precisar “en qué orden se gastan los fondos y en qué proyectos”, explicó.
El martes el presidente Felipe Calderón urgió a su entrega, al considerar que la delincuencia no espera a realizar trámites burocráticos.
Sin embargo, el procurador estadounidense señaló que el dinero comenzará a fluir una vez que se firmen las cartas de entendimiento entre ambos países, “y tengo entendido que todos los que va a ocurrir dentro de un par de semanas, no estamos hablando de un largo tiempo”.
En agosto pasado, Patricia Espinosa, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al comparecer ante senadores reconoció que el proyecto que está consultándose y está en el proceso de negociación, “plantea que los equipos y tecnologías que Estados Unidos aporte para fortalecer las capacidades de México debieran quedar bajo propiedad del gobierno de México al final de la vigencia del acuerdo —fijado en un plazo de tres años—”.
Autoridades federales reconocieron que a pesar de que se tenía previsto que en septiembre pasado se liberaran los recursos —en especie—, los congresistas estadounidenses siguen analizando la conveniencia de que el equipo que se entregue a diversas dependencias del gobierno federal mexicano, queden bajo su propiedad al vencer el plazo del Programa Mérida.
La falta de acuerdo en esta materia ha retrasado la liberación de los recursos, aseguraron las fuentes consultadas, ya que sólo hasta que se defina el tema se firmarán las cartas de entendimiento entre ambos países, que fijarán con claridad las características del equipo, cantidad y en qué proyectos se utilizarán.
El Departamento de Estado de Estados Unidos cumplió desde agosto pasado con entregar la documentación que detalla el equipo y tecnología que será trasferido, y toca a los congresistas de ese país avalar las condiciones para liberar los recursos.
Al respecto, el lunes pasado Michael B. Mukasey, procurador general de Justicia de Estados Unidos, reconoció que la demora en la entrega de los recursos “no nos hace felices”, pero señaló que el retraso se debe a cuestiones técnicas, ya que se debe precisar “en qué orden se gastan los fondos y en qué proyectos”, explicó.
El martes el presidente Felipe Calderón urgió a su entrega, al considerar que la delincuencia no espera a realizar trámites burocráticos.
Sin embargo, el procurador estadounidense señaló que el dinero comenzará a fluir una vez que se firmen las cartas de entendimiento entre ambos países, “y tengo entendido que todos los que va a ocurrir dentro de un par de semanas, no estamos hablando de un largo tiempo”.
En agosto pasado, Patricia Espinosa, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al comparecer ante senadores reconoció que el proyecto que está consultándose y está en el proceso de negociación, “plantea que los equipos y tecnologías que Estados Unidos aporte para fortalecer las capacidades de México debieran quedar bajo propiedad del gobierno de México al final de la vigencia del acuerdo —fijado en un plazo de tres años—”.
Silvia Otero, La Jornada, 13 de octubre.
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