La ONG estadunidense Human Rights Watch (HWR) aseguró ayer en su informe anual que el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, está obstaculizando las investigaciones que se realizan contra los políticos que estuvieron vinculados con los paramilitares de ultraderecha. A su turno, el gobierno colombiano rechazó el informe HRW y precisó que el reporte contiene “afirmaciones que no son ciertas” y que no fueron investigadas con profundidad.
En el informe de la ONG titulado “¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia”, se evaluaron los avances y se criticaron “la influencia” de los paramilitares.
Según la organización defensora de derechos humanos, el gobierno realizó propuestas constitucionales para evitar que se acabe la influencia de los paramilitares en la política y las Fuerzas Militares, entre otros sectores.
“El gobierno de Uribe en varias oportunidades ha tomado acciones y medidas que amenazan con frustrar estos avances, entre las cuales se incluyen: reiteradamente proferir ataques personales públicos contra la Corte Suprema y sus miembros, en algunos casos formulando acusaciones que luego han resultado ser infundadas”, señaló HRW.
Asimismo, la ONG criticó a la Fiscalía porque en algunos casos las investigaciones no avanzan como en el proceso contra el ex director del servicio secreto Jorge Noquera, investigado por nexos con paramilitares. “Además, la extradición a los Estados Unidos de varios de los principales jefes paramilitares, en el momento en que algunos de ellos estaban comenzando a hablar sobre su responsabilidad y la de sus cómplices en violaciones de derechos humanos, ha interrumpido investigaciones en curso en Colombia”, añadió el informe.
Claves
Desmovilizados
Bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe más de 31 mil combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron desmovilizados en el contexto de un proceso de paz, mientras se investigan nexos con políticos.
Tras el desarme, la Organización de Estados Americanos (OEA) y diversas organizaciones denunciaron el surgimiento de nuevas bandas de ultraderecha, que en su mayoría trabajan al servicio de narcotraficantes.
En el informe de la ONG titulado “¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia”, se evaluaron los avances y se criticaron “la influencia” de los paramilitares.
Según la organización defensora de derechos humanos, el gobierno realizó propuestas constitucionales para evitar que se acabe la influencia de los paramilitares en la política y las Fuerzas Militares, entre otros sectores.
“El gobierno de Uribe en varias oportunidades ha tomado acciones y medidas que amenazan con frustrar estos avances, entre las cuales se incluyen: reiteradamente proferir ataques personales públicos contra la Corte Suprema y sus miembros, en algunos casos formulando acusaciones que luego han resultado ser infundadas”, señaló HRW.
Asimismo, la ONG criticó a la Fiscalía porque en algunos casos las investigaciones no avanzan como en el proceso contra el ex director del servicio secreto Jorge Noquera, investigado por nexos con paramilitares. “Además, la extradición a los Estados Unidos de varios de los principales jefes paramilitares, en el momento en que algunos de ellos estaban comenzando a hablar sobre su responsabilidad y la de sus cómplices en violaciones de derechos humanos, ha interrumpido investigaciones en curso en Colombia”, añadió el informe.
Claves
Desmovilizados
Bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe más de 31 mil combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron desmovilizados en el contexto de un proceso de paz, mientras se investigan nexos con políticos.
Tras el desarme, la Organización de Estados Americanos (OEA) y diversas organizaciones denunciaron el surgimiento de nuevas bandas de ultraderecha, que en su mayoría trabajan al servicio de narcotraficantes.
DPA en Bogotá, Milenio, 17 de octubre.
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