El Frente Amplio Progresista (FAP) logró impedir, en una intensa negociación de último momento, un albazo de la triada PAN, PRI y PVEM, que en la exposición de motivos de los dictámenes a las minutas de las leyes reglamentaria del artículo 27 constitucional y de Petróleos Mexicanos, pretendía abrir la puerta a los contratos incentivados a empresas privadas nacionales y extranjeras.
En los considerandos, cuyo contenido es vinculatorio al articulado, priístas y panistas buscaron que Pemex y sus organismos subsidiarios pagaran “incentivos en función del desempeño” de los provedores o contratistas, además de realizar el pago por servicios del capital privado “calculado con base en la cantidad de hidrocarburos producida”, así como entregar contratos para la extracción de petróleo y gas a los empresarios que descubrieran nuevos yacimientos.
En la ley de Pemex, esos partidos intentaron abrir otra rendija a la privatización, al manipular los dictámenes aprobados el sábado, en los cuales no se incluían los contratos incentivados, pues la Comisión de Energía avaló sin cambios las minutas de los senadores. Ayer, sin embargo, lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, relativo a dicha ley, expresaba:
“Los terceros podrán hacer sugerencias a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, a efecto de modificar los proyectos con la finalidad de mejorar el resultado del mismo. Estas sugerencias se reflejarán en un mejor desempeño de los organismos en lo relativo al cumplimiento de su objetivo… los organismos subsidiarios podrán, en función del proyecto, establecer remuneraciones con base en el desempeño, o bien incentivos por la buena realización o éxito del proyecto”.
También se incluía: “Se pueden pactar compensaciones adicionales tendientes a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicio, con base en los elementos que de forma enunciativa, mas no limitativa, se refiere en este precepto”.
Y en los considerandos de la reforma a la ley del 27 constitucional se afirmaba: “Se tendrá un pago en función o con base en una fórmula o esquema predeterminado que le da certeza al contrato. De acuerdo con lo anterior, en la celebración de contratos es factible que Pemex o los organismos subsidiarios paguen incentivos en función del desempeño de los proveedores o contratistas, metas de producción, resultado exploratorio, etcétera”.
Se añadía que, al estar comprendidos en el presupuesto, los pagos “rompen el vínculo que pudiera existir entre la remuneración y los ingresos de un proyecto en específico, lo que no obsta para que se dé una relación directa del pago con el éxito o fracaso en la ejecución del proyecto; es decir, con la pertinencia, el resultado de la obra o servicio y demás circunstancias relacionadas con la construcción o cumplimiento de los proyectos”.
Al descubrir que el priísta Raúl Cervantes, abogado de ese partido, metió mano al dictamen, el perredista Juan N. Guerra inició la negociación en el pleno y refirió que tanto a Héctor Larios como a Emilio Gamboa se les advirtió que el FAP reventaría la sesión si no se retiraban esos considerandos que alteraban sustancialmente los aprobados el jueves por los senadores.
“Están rompiendo lo que cuidó el Senado, por la terquedad de meter por la puerta de atrás a los contratos incentivados”, declaró Guerra después de que él y Javier González Garza, coordinador perredista, realizaron un intenso cabildeo con Larios y Gamboa.
Al evidenciarse el albazo, pues los dictámenes se encontraban publicados en la Gaceta Parlamentaria, en sus ediciones 2622-I y 2622-II, Larios y Gamboa no tuvieron más que aceptar que el presidente de la Comisión de Energía, el panista David Maldonado, pidiera al presidente de la mesa directiva, César Duarte, retirara los considerandos y que el pleno rectificara y votara los enviados como minuta por el Senado.
La aplanadora
Con una mayoría aplastante, priístas, panistas, verdes y Nueva Izquierda, acompañados en algunas votaciones por Convergencia y el Panal, votaron el paquete completo de reformas enviadas por el Senado: las leyes de la Comisión Reguladora de Energía, para el Aprovechamiento Sustentable, la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la de Aprovechamiento de Energías Renovables, la Orgánica de la Administración Pública y la Reglamentaria del 27, sin cambios.
Al iniciar la aprobación del séptimo dictamen de la reforma, con la ley de Pemex (sustitutiva de la orgánica), Maldonado intentó diluir el conflicto que se había generado por la reforma ilegal a los considerandos: “Con su permiso, señor presidente, en nombre de la Comisión de Energía, como presidente, pido omitir los considerandos que dictaminamos y que quede tal como lo envió la Cámara de Senadores”.
Enseguida, la perredista Valentina Batres dijo: “Ustedes cambiaron la exposición de motivos que venía del Senado, hoy querían presentarnos otra, desvirtuada, donde pretendían meter los contratos de riesgo, la estimulación de esos privados que tanto les interesan y el pueblo no les interesa nada. Ya salió el peine, ustedes no querían que se leyeran los dictámenes, porque esta exposición truqueada no era la que venía del Senado. ¿Confiar en ustedes? ¡Simplemente no! ¿En ustedes que prometieron empleo y hoy tenemos más de un millón 800 mil desempleados? ¿Que prometieron bajar el precio de la gasolina y ya tenemos 24 aumentos? ¿Y confiar en Calderón, que se robó la elección?”
Hasta entonces PAN-PRI-Verde y sus aliados en Nueva Izquierda, entre ellos Ruth Zavaleta, se habían mantenido en la tesitura de aprobar el contenido de todos los dictámenes sin cambios. Zavaleta se equivocó y dio su aval a la modificación propuesta para prohibir la entrega de áreas exclusivas a empresas privadas, como propuso López Obrador. Al darse cuenta, dijo a Duarte: “Perdón, voy a corregir mi voto. Es en contra”. Incluso, la aplanadora fue tal que arrolló las propuestas de priístas como Carlos Rojas y Alfredo Ríos Camarena.
El diputado michoacano por el PRD Antonio Soto Sánchez la emprendió contra el presidente de la Comisión de Energía y advirtió: “Yo sé que la votación la vamos a perder, y se me hace ocioso, pero yo quisiera que no dejáramos pasar lo que ha sucedido hoy aquí. El presidente de una comisión (Maldonado) ordinaria se prestó a que hubiera en el dictamen de la minuta correspondiente una exposición con consideraciones que no reflejan el articulado enviado por la colegisladora.
“Esto moralmente es reprobable, pero además debiera tener implicaciones legales. No debiera ser presidente de una comisión tan importante. Si tiene dignidad y vergüenza debiera dejar la presidencia de esa comisión. ¡Alguien le ordenó que lo hiciera! Porque estoy seguro que de él no dependió. Hay un autor intelectual y hay quien escribió ese documento, que contraviene el espíritu de nuestra colegisladora”.
Casi al cerrar una atropellada sesión que duró seis horas diez minutos, el priísta Ríos Camarena definió lo sucedido en el salón de plenos, al revirar una interpelación del panista Juan José Rodríguez Prats: “Yo les pediría que voten todos, que pueda abrirse el debate, y entonces sí debatimos, pero mientras siga la aplanadora sacando nuestras propuestas, qué caso tiene que acepte preguntas. Denos la oportunidad y vamos al debate y los que crean que tengan compromiso con el Congreso, ¡voten conmigo! No es correcto que la Cámara de Diputados y el Senado permanezcan al margen de este manejo indebido de los contratos a los que habrá mucho que agregar”.
En los considerandos, cuyo contenido es vinculatorio al articulado, priístas y panistas buscaron que Pemex y sus organismos subsidiarios pagaran “incentivos en función del desempeño” de los provedores o contratistas, además de realizar el pago por servicios del capital privado “calculado con base en la cantidad de hidrocarburos producida”, así como entregar contratos para la extracción de petróleo y gas a los empresarios que descubrieran nuevos yacimientos.
En la ley de Pemex, esos partidos intentaron abrir otra rendija a la privatización, al manipular los dictámenes aprobados el sábado, en los cuales no se incluían los contratos incentivados, pues la Comisión de Energía avaló sin cambios las minutas de los senadores. Ayer, sin embargo, lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, relativo a dicha ley, expresaba:
“Los terceros podrán hacer sugerencias a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, a efecto de modificar los proyectos con la finalidad de mejorar el resultado del mismo. Estas sugerencias se reflejarán en un mejor desempeño de los organismos en lo relativo al cumplimiento de su objetivo… los organismos subsidiarios podrán, en función del proyecto, establecer remuneraciones con base en el desempeño, o bien incentivos por la buena realización o éxito del proyecto”.
También se incluía: “Se pueden pactar compensaciones adicionales tendientes a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicio, con base en los elementos que de forma enunciativa, mas no limitativa, se refiere en este precepto”.
Y en los considerandos de la reforma a la ley del 27 constitucional se afirmaba: “Se tendrá un pago en función o con base en una fórmula o esquema predeterminado que le da certeza al contrato. De acuerdo con lo anterior, en la celebración de contratos es factible que Pemex o los organismos subsidiarios paguen incentivos en función del desempeño de los proveedores o contratistas, metas de producción, resultado exploratorio, etcétera”.
Se añadía que, al estar comprendidos en el presupuesto, los pagos “rompen el vínculo que pudiera existir entre la remuneración y los ingresos de un proyecto en específico, lo que no obsta para que se dé una relación directa del pago con el éxito o fracaso en la ejecución del proyecto; es decir, con la pertinencia, el resultado de la obra o servicio y demás circunstancias relacionadas con la construcción o cumplimiento de los proyectos”.
Al descubrir que el priísta Raúl Cervantes, abogado de ese partido, metió mano al dictamen, el perredista Juan N. Guerra inició la negociación en el pleno y refirió que tanto a Héctor Larios como a Emilio Gamboa se les advirtió que el FAP reventaría la sesión si no se retiraban esos considerandos que alteraban sustancialmente los aprobados el jueves por los senadores.
“Están rompiendo lo que cuidó el Senado, por la terquedad de meter por la puerta de atrás a los contratos incentivados”, declaró Guerra después de que él y Javier González Garza, coordinador perredista, realizaron un intenso cabildeo con Larios y Gamboa.
Al evidenciarse el albazo, pues los dictámenes se encontraban publicados en la Gaceta Parlamentaria, en sus ediciones 2622-I y 2622-II, Larios y Gamboa no tuvieron más que aceptar que el presidente de la Comisión de Energía, el panista David Maldonado, pidiera al presidente de la mesa directiva, César Duarte, retirara los considerandos y que el pleno rectificara y votara los enviados como minuta por el Senado.
La aplanadora
Con una mayoría aplastante, priístas, panistas, verdes y Nueva Izquierda, acompañados en algunas votaciones por Convergencia y el Panal, votaron el paquete completo de reformas enviadas por el Senado: las leyes de la Comisión Reguladora de Energía, para el Aprovechamiento Sustentable, la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la de Aprovechamiento de Energías Renovables, la Orgánica de la Administración Pública y la Reglamentaria del 27, sin cambios.
Al iniciar la aprobación del séptimo dictamen de la reforma, con la ley de Pemex (sustitutiva de la orgánica), Maldonado intentó diluir el conflicto que se había generado por la reforma ilegal a los considerandos: “Con su permiso, señor presidente, en nombre de la Comisión de Energía, como presidente, pido omitir los considerandos que dictaminamos y que quede tal como lo envió la Cámara de Senadores”.
Enseguida, la perredista Valentina Batres dijo: “Ustedes cambiaron la exposición de motivos que venía del Senado, hoy querían presentarnos otra, desvirtuada, donde pretendían meter los contratos de riesgo, la estimulación de esos privados que tanto les interesan y el pueblo no les interesa nada. Ya salió el peine, ustedes no querían que se leyeran los dictámenes, porque esta exposición truqueada no era la que venía del Senado. ¿Confiar en ustedes? ¡Simplemente no! ¿En ustedes que prometieron empleo y hoy tenemos más de un millón 800 mil desempleados? ¿Que prometieron bajar el precio de la gasolina y ya tenemos 24 aumentos? ¿Y confiar en Calderón, que se robó la elección?”
Hasta entonces PAN-PRI-Verde y sus aliados en Nueva Izquierda, entre ellos Ruth Zavaleta, se habían mantenido en la tesitura de aprobar el contenido de todos los dictámenes sin cambios. Zavaleta se equivocó y dio su aval a la modificación propuesta para prohibir la entrega de áreas exclusivas a empresas privadas, como propuso López Obrador. Al darse cuenta, dijo a Duarte: “Perdón, voy a corregir mi voto. Es en contra”. Incluso, la aplanadora fue tal que arrolló las propuestas de priístas como Carlos Rojas y Alfredo Ríos Camarena.
El diputado michoacano por el PRD Antonio Soto Sánchez la emprendió contra el presidente de la Comisión de Energía y advirtió: “Yo sé que la votación la vamos a perder, y se me hace ocioso, pero yo quisiera que no dejáramos pasar lo que ha sucedido hoy aquí. El presidente de una comisión (Maldonado) ordinaria se prestó a que hubiera en el dictamen de la minuta correspondiente una exposición con consideraciones que no reflejan el articulado enviado por la colegisladora.
“Esto moralmente es reprobable, pero además debiera tener implicaciones legales. No debiera ser presidente de una comisión tan importante. Si tiene dignidad y vergüenza debiera dejar la presidencia de esa comisión. ¡Alguien le ordenó que lo hiciera! Porque estoy seguro que de él no dependió. Hay un autor intelectual y hay quien escribió ese documento, que contraviene el espíritu de nuestra colegisladora”.
Casi al cerrar una atropellada sesión que duró seis horas diez minutos, el priísta Ríos Camarena definió lo sucedido en el salón de plenos, al revirar una interpelación del panista Juan José Rodríguez Prats: “Yo les pediría que voten todos, que pueda abrirse el debate, y entonces sí debatimos, pero mientras siga la aplanadora sacando nuestras propuestas, qué caso tiene que acepte preguntas. Denos la oportunidad y vamos al debate y los que crean que tengan compromiso con el Congreso, ¡voten conmigo! No es correcto que la Cámara de Diputados y el Senado permanezcan al margen de este manejo indebido de los contratos a los que habrá mucho que agregar”.
Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 29 de octubre.
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