El ex guerrillero Wilson Bueno, Isaza, que ayudó al ex congresista colombiano Óscar Tulio Lizcano a fugarse de las FARC tras ocho años de secuestro, afirmó ayer que ese grupo rebelde “va a desaparecer” y exhortó a sus compañeros a desmovilizarse.
“Las FARC en este momento es un grupo muy reducido. Unas FARC sin un oriente político que van a desaparecer, que tiene unos guerrilleros sin moral y una descomposición interna”, aseveró Bueno durante una conferencia de prensa.
El ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló el lunes que Isaza podría recibir de recompensa mil millones de pesos ( 730 mil dólares) por devolver a Lizcano al seno de su familia. Isaza y Lizcano fueron hallados en la selva el domingo por el ejército tras estar huyendo de la guerrilla por tres días.
Pero pese a lo dicho por Isaza, la Procuraduría General reveló en un informe que las FARC pretenden “resucitar” en los dos próximos meses y para eso preparan atentados contra Uribe, el ministro de Defensa y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Durante un consejo de seguridad realizado en la sede la Alcaldía de Bogotá, el delegado de la Procuraduría ante el Concejo de la capital colombiana, Luis Villarraga, afirmó que los rebeldes realizarían esos atentados tras “un pésimo año”.
En contracorriente de las autoridades, las FARC afirmaron que están dispuestas a hablar sobre la paz y el intercambio de rehenes por rebeldes presos, en un pronunciamiento, fechado el 16 de octubre, conocido ayer que responde a una carta enviada por personalidades el mes pasado.
AI acusa al gobierno
El gobierno conservador colombiano del presidente Álvaro Uribe está tratando de pintar una imagen positiva sobre la situación cada vez más deteriorada de los derechos humanos en el país, según un informe de Amnistía Internacional (AI) dado a conocer ayer en Londres. El año pasado murieron por la violencia política al menos 1,400 civiles y con ello 100 más que el año pasado. Policías y militares fueron responsables de 330 muertes, los paramilitares de 300 y los rebeldes de 260. En el resto de los casos se desconoce a los autores. El número de desaparecidos aumentó de 180 hace dos años a 190 el año pasado. También el número de refugiados dentro del país aumentó según Amnistía de 220 mil en 2006 a 305 mil el año pasado. A pesar de estos desarrollos, el gobierno rechaza las acusaciones y se niega incluso a reconocer que hay un conflicto armado en el país. El informe también desnuda como falsa la afirmación del gobierno según la cual los grupos paramilitares ya no están activos o que los responsables serán castigados.
“Las FARC en este momento es un grupo muy reducido. Unas FARC sin un oriente político que van a desaparecer, que tiene unos guerrilleros sin moral y una descomposición interna”, aseveró Bueno durante una conferencia de prensa.
El ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló el lunes que Isaza podría recibir de recompensa mil millones de pesos ( 730 mil dólares) por devolver a Lizcano al seno de su familia. Isaza y Lizcano fueron hallados en la selva el domingo por el ejército tras estar huyendo de la guerrilla por tres días.
Pero pese a lo dicho por Isaza, la Procuraduría General reveló en un informe que las FARC pretenden “resucitar” en los dos próximos meses y para eso preparan atentados contra Uribe, el ministro de Defensa y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Durante un consejo de seguridad realizado en la sede la Alcaldía de Bogotá, el delegado de la Procuraduría ante el Concejo de la capital colombiana, Luis Villarraga, afirmó que los rebeldes realizarían esos atentados tras “un pésimo año”.
En contracorriente de las autoridades, las FARC afirmaron que están dispuestas a hablar sobre la paz y el intercambio de rehenes por rebeldes presos, en un pronunciamiento, fechado el 16 de octubre, conocido ayer que responde a una carta enviada por personalidades el mes pasado.
AI acusa al gobierno
El gobierno conservador colombiano del presidente Álvaro Uribe está tratando de pintar una imagen positiva sobre la situación cada vez más deteriorada de los derechos humanos en el país, según un informe de Amnistía Internacional (AI) dado a conocer ayer en Londres. El año pasado murieron por la violencia política al menos 1,400 civiles y con ello 100 más que el año pasado. Policías y militares fueron responsables de 330 muertes, los paramilitares de 300 y los rebeldes de 260. En el resto de los casos se desconoce a los autores. El número de desaparecidos aumentó de 180 hace dos años a 190 el año pasado. También el número de refugiados dentro del país aumentó según Amnistía de 220 mil en 2006 a 305 mil el año pasado. A pesar de estos desarrollos, el gobierno rechaza las acusaciones y se niega incluso a reconocer que hay un conflicto armado en el país. El informe también desnuda como falsa la afirmación del gobierno según la cual los grupos paramilitares ya no están activos o que los responsables serán castigados.
Agencias en Londres y Bogotá, Milenio, 29 de octubre.
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