BUENOS AIRES.— Tres oficiales del Ejército colombiano fueron separados ayer de sus cargos al ser encontrados como sospechosos por la desaparición de 11 jóvenes, posteriormente dados por muertos en combate como elementos de las FARC, según lo confirmó ayer el comandante del Ejército, general Mario Montoya.
Este hecho se presenta en una semana en la que Colombia enfrentó múltiples conflictos sectoriales, atentados y la sangrienta marcha de los indígenas.
Los tres militares pertenecían a la quinta división y a la brigada móvil 15 y, de acuerdo a una investigación de la Fiscalía General, aparecieron dudas y algunas evidencias de presuntas irregularidades respecto de la desaparición de 19 jóvenes, de entre 18 y 22 años, que residían en Soacha, sur de Bogotá, y en el Norte de Santander. No obstante, la Justcia investiga el caso de 11 de los desaparecidos.
“Existen serios indicios en el proceder operacional en Norte de Santander de estos 11 casos que se han venido estudiando por esas desapariciones en Soacha y que aparecen ahora como muertos en combate”, argumentó Montoya ante la prensa.
La separación de sus funciones de estos militares tienen lugar en el momento donde el gobierno del presidente Álvaro Uribe sigue sumando cuestionamientos de distintos organismos internacionales por presunta violaciones a los derechos humanos.
Son críticas y denuncias que no estuvieron ausentes en la actual crisis con las comunidades indígenas, a quienes el jefe de Estado, recibirá mañana (domingo) en Cali, para tratar de acordar los términos de la entrega de tierras que piden, entre otros reclamos, y así poner fin a la protesta que ya lleva 13 días.
Este hecho se presenta en una semana en la que Colombia enfrentó múltiples conflictos sectoriales, atentados y la sangrienta marcha de los indígenas.
Los tres militares pertenecían a la quinta división y a la brigada móvil 15 y, de acuerdo a una investigación de la Fiscalía General, aparecieron dudas y algunas evidencias de presuntas irregularidades respecto de la desaparición de 19 jóvenes, de entre 18 y 22 años, que residían en Soacha, sur de Bogotá, y en el Norte de Santander. No obstante, la Justcia investiga el caso de 11 de los desaparecidos.
“Existen serios indicios en el proceder operacional en Norte de Santander de estos 11 casos que se han venido estudiando por esas desapariciones en Soacha y que aparecen ahora como muertos en combate”, argumentó Montoya ante la prensa.
La separación de sus funciones de estos militares tienen lugar en el momento donde el gobierno del presidente Álvaro Uribe sigue sumando cuestionamientos de distintos organismos internacionales por presunta violaciones a los derechos humanos.
Son críticas y denuncias que no estuvieron ausentes en la actual crisis con las comunidades indígenas, a quienes el jefe de Estado, recibirá mañana (domingo) en Cali, para tratar de acordar los términos de la entrega de tierras que piden, entre otros reclamos, y así poner fin a la protesta que ya lleva 13 días.
José Vales corresponsal, El Universal, 25 de octubre.
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