El Senado aprobó ayer en comisiones los siete dictámenes de la reforma petrolera, que crea un nuevo marco jurídico en materia de hidrocarburos. Los cambios legales aprobados implican la apertura de Pemex a la iniciativa privada a través de contratos de servicios y de obras, otorgan autonomía de gestión a la paraestatal y modifican la estructura de su consejo de administración.
Los panistas y priistas que forman parte de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos cedieron a las exigencias de los perredistas en el sentido de que se evitara la celebración de contratos de riesgo e incentivados, lo que permitió que fueran aprobados los siete dictámenes.
Los senadores del PRD que forman parte de las comisiones avalaron los documentos, pero se reservaron la firma de ellos hasta que sean sometidos a la discusión del pleno, lo que ocurrirá entre este martes y el jueves.
Los dictámenes aprobados se refieren a la Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, como nuevas leyes.
Además, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Comisión Reguladora de Energía y Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo.
El nuevo marco jurídico implica la desaparición de los Pidiregas, la creación de los bonos ciudadanos para financiar actividades productivas de Pemex, la prohibición de que la paraestatal se someta a tribunales internacionales y el fortalecimiento de las facultades de la Secretaría de Energía como dependencia rectora en la materia.
INICIATIVA PRIVADA. La sección cuarta de la Ley de Petróleos Mexicanos está dedicada al esquema mediante el cual Pemex podrá celebrar contratos de servicios y de obra con particulares.
El artículo 60 de esto ordenamiento dice: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, con las restricciones y en los términos del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo”.
Enseguida vienen todos los candados que fueron incluidos a petición expresa del PRD: no se concederá derecho alguno sobre las reservas petroleras, las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, no se otorgarán derechos de preferencia de ningún tipo, no se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas.
Durante la firma del contrato se incluirán penalizaciones en función del impacto negativo de las actividades del contratista en la sustentabilidad ambiental.
AUTONOMÍA. El artículo 44 de la nueva ley dice: “podrá (Pemex) realizar, sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda, negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales; contratar los financiamientos externos que se requieran o que se concierten en moneda extranjera, así como contratar obligaciones constitutivas de deuda”.
Y el artículo 49 fracción II señala: “el consejo de administración de Pemex aprobará las adecuaciones a su presupuesto y a los de los organismos subsidiarios, sin que en ambos casos se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando se cumpla con la meta anual de balance financiero de Petróleos Mexicanos y no se incremente el presupuesto regularizable de servicios personales”.
Además, el artículo noveno transitorio faculta a Pemex para que utilice en forma paulatina durante cinco años los recursos de los excedentes petroleros para incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y operación.
De esta manera, Pemex podrá utilizar hasta el 87.5 por ciento de sus excedentes de ingresos propios o hasta 15 mil millones de pesos, lo que resulte más elevado.
El nuevo marco jurídico modifica el consejo de administración, con la inclusión de cuatro “consejeros profesionales” designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado”.
También implica la creación de tres organismos descentralizados como entes reguladores y de vigilancia: la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para el uso eficiente de la Energía y el Consejo Nacional de Energía, que se sumarán a la Comisión Reguladora de Energía.
Los panistas y priistas que forman parte de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos cedieron a las exigencias de los perredistas en el sentido de que se evitara la celebración de contratos de riesgo e incentivados, lo que permitió que fueran aprobados los siete dictámenes.
Los senadores del PRD que forman parte de las comisiones avalaron los documentos, pero se reservaron la firma de ellos hasta que sean sometidos a la discusión del pleno, lo que ocurrirá entre este martes y el jueves.
Los dictámenes aprobados se refieren a la Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, como nuevas leyes.
Además, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Comisión Reguladora de Energía y Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo.
El nuevo marco jurídico implica la desaparición de los Pidiregas, la creación de los bonos ciudadanos para financiar actividades productivas de Pemex, la prohibición de que la paraestatal se someta a tribunales internacionales y el fortalecimiento de las facultades de la Secretaría de Energía como dependencia rectora en la materia.
INICIATIVA PRIVADA. La sección cuarta de la Ley de Petróleos Mexicanos está dedicada al esquema mediante el cual Pemex podrá celebrar contratos de servicios y de obra con particulares.
El artículo 60 de esto ordenamiento dice: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, con las restricciones y en los términos del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo”.
Enseguida vienen todos los candados que fueron incluidos a petición expresa del PRD: no se concederá derecho alguno sobre las reservas petroleras, las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, no se otorgarán derechos de preferencia de ningún tipo, no se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas.
Durante la firma del contrato se incluirán penalizaciones en función del impacto negativo de las actividades del contratista en la sustentabilidad ambiental.
AUTONOMÍA. El artículo 44 de la nueva ley dice: “podrá (Pemex) realizar, sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda, negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales; contratar los financiamientos externos que se requieran o que se concierten en moneda extranjera, así como contratar obligaciones constitutivas de deuda”.
Y el artículo 49 fracción II señala: “el consejo de administración de Pemex aprobará las adecuaciones a su presupuesto y a los de los organismos subsidiarios, sin que en ambos casos se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando se cumpla con la meta anual de balance financiero de Petróleos Mexicanos y no se incremente el presupuesto regularizable de servicios personales”.
Además, el artículo noveno transitorio faculta a Pemex para que utilice en forma paulatina durante cinco años los recursos de los excedentes petroleros para incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y operación.
De esta manera, Pemex podrá utilizar hasta el 87.5 por ciento de sus excedentes de ingresos propios o hasta 15 mil millones de pesos, lo que resulte más elevado.
El nuevo marco jurídico modifica el consejo de administración, con la inclusión de cuatro “consejeros profesionales” designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado”.
También implica la creación de tres organismos descentralizados como entes reguladores y de vigilancia: la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para el uso eficiente de la Energía y el Consejo Nacional de Energía, que se sumarán a la Comisión Reguladora de Energía.
José Contreras, Crónica, 21 de octubre.
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