Necesario, la confianza ciudadana

Como nunca, la palabra “democracia” es utilizada en nuestro país para aflorar el anhelo que se tiene de su consolidación.

Así, los comicios del 5 de julio del 2009 representarán una oportunidad más para lograr ese objetivo.

A 18 años de su creación -11 de octubre de 1990- y dotado de mayores herramientas en los últimos meses, el Instituto Federal Electoral (IFE) se alista para llevar a buen puerto este proceso.

El “banderazo” de salida para los comicios del 2009 se realizó el pasado 3 de octubre, en el que el IFE, a través de su consejero presidente, Leonardo Valdés, convocó a gobierno, partidos y ciudadanos a conformar un frente común por la legalidad.

La “prueba de fuego” -como se escucha constantemente- ya está en marcha.

Para el 2009, en 14 estados de la República habrá elecciones, además de la renovación de la Cámara de Diputados. Es decir, se designará a 1,626 representantes populares.

En seis estados se elegirá Gobernador: Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Mientras que en ocho entidades se votará por la renovación del Congreso local y/o ayuntamientos: Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Estado de México, Tabasco, Quintana Roo y Coahuila.

Reforma electoral

La inconformidad por los resultados de la elección presidencial en el 2006 llevó a los legisladores a reformar la Constitución y reconstruir el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) durante el periodo 2007-2008. El escalonamiento de los nueve consejeros que organizaron los comicios de ese 2006 también fue una realidad.

De acuerdo con estimaciones del Poder Legislativo, la reforma electoral en vigor representará un ahorro de aproximadamente 3,500 millones de pesos durante el lapso 2008-2012.

Y es que de entrada, los senadores y diputados federales llevaron a las leyes la prohibición para partidos de contratar propaganda en medios electrónicos y ahora estarán sujetos a los tiempos oficiales, mismos que serán administrados por el IFE.

Además, poner fin a las campañas anticipadas y crear un “muro” para la propaganda “sucia” fue otro de los objetivos del Constituyente Permanente en esta reforma.

Ahora, los partidos serán sancionados por denigrar a instituciones, partidos, candidatos o personas; y los servidores públicos por promover su imagen a través de la propaganda oficial.

Para el IFE, por ejemplo, ya no habrá más secreto bancario, fiduciario y fiscal que le impida revisar los dineros de los partidos y podrá ordenar el retiro de propaganda violatoria a la ley.

Asimismo, el Instituto deberá monitorear unos 23 millones de promocionales que difundirán los partidos en todo el país por medio de 1,576 estaciones de radio y 729 canales de televisión.

El propio Instituto reconoce que la reforma electoral le ha conferido 53 nuevas atribuciones y que en un periodo de 10 meses (octubre-julio) realizará 400 actividades que incluyen la puesta en marcha “de un nuevo modelo de comunicación política para garantizar la equidad y transparencia del proceso electoral”.

Mauricio Rubí, El Economista, 13 de octubre.


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