Propone el PRI base para la coordinación policial entre los tres órdenes de gobierno

La bancada del PRI en el Senado presentó ayer una iniciativa de reforma constitucional, con la que se pretende dar sustento jurídico para la coordinación policiaca entre los tres órdenes de gobierno, tras señalar que “solos o aislados presentamos un flanco débil frente a la delincuencia. Si logramos esta base constitucional de coordinación, podemos presentar un frente común a la delincuencia, todos los ámbitos de gobierno, que nos permite ser mucho más eficientes y más claros”.

Presentó además un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a modificar los contenidos de la publicidad relacionados con el combate al crimen organizado, al considerar “que ha tomado el camino fácil, el de los efectos e ilusiones mediáticas, pero sin resultados claros” se trata, sostuvo el PRI, de “acciones de gobierno respaldadas con una embestida mediática para publicitar los resultados anticrimen que a nadie convencen”.

Elemento coordinador
Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI y presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que el elemento de coordinación mayor que existe radica en el artículo 21 constitucional y se refiere a una auxiliaridad de la policía con el Ministerio Público.

Lo que se busca con esta propuesta de reforma es la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, así como entre los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, tanto en el ámbito operativo como en el técnico, con la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública (Inasep), que sea un órgano de Estado.

“Es decir, que permita que no tengamos esa competencia o rivalidad entre los niveles de gobierno, sino por el contrario, unificados en ese ámbito; unificados en ese nivel, podamos tener los bancos de información que se requieren, las estrategias y la inteligencia que es absolutamente imprescindible hacerla conjunta para combatir eficazmente al crimen y poder tener también los mecanismos de control, que son absolutamente indispensables para un propósito adecuado de lucha contra el crimen”, explicó.

La iniciativa de reforma constitucional a los artículos 73 y 21 contempla, que el Inasep regule todo el sistema; un órgano con autonomía técnica, de gestión y personalidad jurídica, que va a regular toda la captura, procesamiento, publicación, acceso y distribución de la información sobre seguridad pública y la distribución de los fondos.

De igual manera, se establecen artículos transitorios que dan carácter nacional a los fondos presupuestales en seguridad pública, que deberán ser asignados de manera plurianual, para que esta prioridad y combate a la inseguridad pública tenga también un sustento presupuestal.

El Inasep tendrá como responsabilidad, además, coordinar las acciones del sistema, proporcionar apoyo técnico a los cuerpos de seguridad pública del país y elaborar los estándares nacionales para la capacitación, formación y certificación de policías y agentes del Ministerio Público, entre otras.

Se crea un órgano político, la junta de gobierno, que dirigirá el sistema y estará integrado por el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, un representante de la Cámara de Senadores, uno de la Cámara de Diputados y uno del Poder Judicial de la Federación. Este órgano supervisará al instituto.

El senador del tricolor Ramiro Hernández García destacó que es una preocupación social el cúmulo de recursos públicos que el gobierno de Felipe Calderón utiliza para las campañas publicitarias, que no se ven reflejados en una disminución de los índices de inseguridad, por lo que “se requiere revisar hasta dónde está beneficiando esta campaña al posicionamiento de una figura de autoridad o de poder en el país”, apuntó.

Ciro Pérez Silva y Víctor Ballinas, La Jornada, 1º de octubre.