México, sin un diagnóstico integral sobre la criminalidad, opinan ONG

Rebasado por la delincuencia y el crimen organizado, e incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, el Estado mexicano carece de un diagnóstico integral de la problemática que afecta a todo el país y la enfrenta con medidas parciales y descoordinadas, sin abordar las razones estructurales, como la corrupción de los propios funcionarios públicos, la impunidad, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

Lo anterior se expresó en la sesión inaugural del foro sobre Seguridad Pública y Derechos Humanos, convocado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, donde desde diferentes perspectivas se mostró que es falsa la dicotomía entre seguridad y derechos humanos, y que ésta corresponde más bien a una visión limitada de ambos.

Miguel Concha, director de dicho centro, explicó que el foro se realiza en el marco de la consulta ciudadana convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre La policía que queremos. En su intervención inicial como moderador de la sesión matutina, el también religioso dominico señaló que desde 2006 el gobierno federal ha centrado su política en acciones contra la delincuencia organizada, pero sin que hasta ahora se aprecien resultados concretos, más aún cuando se ha destinado un “elevadísimo” gasto para combatir este tipo de organizaciones.

Pero además, dijo, la sociedad mexicana ha sido testigo de crímenes cometidos por servidores públicos en retenes, reprimiendo a luchadores sociales y actuando en complicidad con la delincuencia organizada.

“Frente a esta crisis el gobierno ha respondido sin integralidad afectando a amplios sectores de la población, con medidas como el endurecimiento de penas, reformas constitucionales contrarias a los principios internacionales de derechos humanos, el combate militarizado en las calles, dejando un ambiente de ‘guerra’ contra la delincuencia organizada y el anuncio de medidas que no van al fondo del problema”, dijo Miguel Concha.

En la sesión matutina participaron Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia; Édgar Cortez, secretario de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y Miguel Bosch, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Expresaron que el problema de inseguridad, del cual la autoridad no tiene todavía un diagnóstico integral, es “sumamente complejo” y “multifactorial”, que no hay soluciones a corto plazo, sino que deben empezar a construirse desde ahora, y que al hacerle frente debe existir una clara distinción sobre la seguridad nacional, la pública, y la humana.

Ernesto López Portillo inició su intervención asegurando que muchos de los problemas de la policía no eran su responsabilidad directa de estas corporaciones. “La policía no es un ente aislado, sino una construcción social”, dijo el investigador, quien subrayó que la policía es lo que es por una decisión política, pues son los políticos y el mismo aparato de Estado el que toma estas decisiones.

Édgar Cortez, sacerdote jesuita, al dar cifras sobre la desconfianza ciudadana hacia los cuerpos policiacos y la impunidad, reflejadas en los bajísimos niveles de denuncia y de castigo, consideró que mientras la delincuencia y el crimen organizado evolucionó en sus prácticas y métodos desde mucho tiempo, las instituciones quedaron rezagadas y actúan como hace dos o tres décadas.

José Antonio Román, La Jornada, 1º de octubre.