Organizaciones civiles acusaron que el rechazo de la Corte para estudiar si es Constitucional que soldados acusados por delitos contra civiles sean procesados en instancias militares, es un respaldo a la impunidad.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que la decisión cierra la puerta para que los civiles puedan quejarse.
El abogado junto con la organización Centro de Análisis e Investigación Fundar y el Frente Cívico Sinaloense apoyó el caso de Reynalda Morales, quien promovió un amparo tras la muerte de su esposo en un retén militar en Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.
"Con esto respalda la Suprema Corte a la Impunidad y niega la existencia de derechos de las víctimas. Estamos en el retroceso y la oportunidad era enmendar una práctica de impunidad, pero la Suprema Corte negó ese derecho", sostuvo en entrevista.
Agregó que con el Ejército en las calles y la decisión de la Corte, los ciudadanos no pueden acudir a ninguna instancia para quejarse por un abuso de algún militar.
Por su parte, la organización Fundar sostuvo que ésta era una oportunidad inmejorable para obtener un control sobre las Fuerzas Armadas.
"Fue una votación dividida se impuso el criterio de la mayoría, que es un criterio que niega la existencia de derechos de las víctimas y de los ofendidos, cuando una de ellas acude a los tribunales estos derechos se ven negados, además en esta discusión se ventilaron cuestiones decepcionantes", señaló Santiago Aguirre.
Para el director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, Víctor Clark, el rechazo de la Corte a analizar el fuero de guerra va alentar a que se incrementen las violaciones a los derechos humanos.
"Les están dando un coto de impunidad a los militares, les está reafirmando la categoría de institución totalmente cerrada al ámbito civil, esa decisión refleja el blindaje que tienen los militares y refuerza la imposibilidad de civiles para denunciar", dijo.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que la decisión cierra la puerta para que los civiles puedan quejarse.
El abogado junto con la organización Centro de Análisis e Investigación Fundar y el Frente Cívico Sinaloense apoyó el caso de Reynalda Morales, quien promovió un amparo tras la muerte de su esposo en un retén militar en Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.
"Con esto respalda la Suprema Corte a la Impunidad y niega la existencia de derechos de las víctimas. Estamos en el retroceso y la oportunidad era enmendar una práctica de impunidad, pero la Suprema Corte negó ese derecho", sostuvo en entrevista.
Agregó que con el Ejército en las calles y la decisión de la Corte, los ciudadanos no pueden acudir a ninguna instancia para quejarse por un abuso de algún militar.
Por su parte, la organización Fundar sostuvo que ésta era una oportunidad inmejorable para obtener un control sobre las Fuerzas Armadas.
"Fue una votación dividida se impuso el criterio de la mayoría, que es un criterio que niega la existencia de derechos de las víctimas y de los ofendidos, cuando una de ellas acude a los tribunales estos derechos se ven negados, además en esta discusión se ventilaron cuestiones decepcionantes", señaló Santiago Aguirre.
Para el director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, Víctor Clark, el rechazo de la Corte a analizar el fuero de guerra va alentar a que se incrementen las violaciones a los derechos humanos.
"Les están dando un coto de impunidad a los militares, les está reafirmando la categoría de institución totalmente cerrada al ámbito civil, esa decisión refleja el blindaje que tienen los militares y refuerza la imposibilidad de civiles para denunciar", dijo.
Leslie Gómez y Verónica Sánchez, Reforma, 11 de agosto.
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