¿“Algún día me dejarán ir”?, pregunta Jacinta Marcial

“¿Cuándo me van a dejar ir? ¿Cuándo me van a dejar ir? ¿Algún día me dejarán ir? Lo único que quiero es mi libertad". Desde el Centro de Readaptación de San José el Alto esto se preguntó en una carta Jacinta Marcial, la mujer de 46 años de edad condenada a 21 años de prisión por el supuesto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones.

Ante lo que consideró una injusticia sobre el caso de Jacinta, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, declaró que la Procuraduría General de la Republica (PGR) se muestra como una "institución incapaz de cumplir con su cometido".

Precisó que esta dependencia "tiene la facultad de implementar un proceso legal para dejar en libertad a Jacinta y hasta la fecha no lo ha hecho".

En conferencia de prensa, en la que Amnistía Internacional (AI) declaró a Jacinta "prisionera de conciencia", Arriaga manifestó que a la acusada se le negó un juicio justo debido a su situación marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia; además que no se le permitió tener traductor.

Para AI "prisionera de conciencia" es cualquier persona encarcelada injustamente y sometida a otras restricciones físicas por sus condiciones políticas, religiosas o cualquier otro tipo de conciencia, o a quien por su origen étnico, color, sexo, raza, idioma o situación económica se le haya privado de su libertad.

El activista hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se haga justicia y asestar un "no rotundo a los abusos y la ineficiencia de las autoridades de este organismo".

Comentó que "el 17 de julio del 2009 la CNDH determinó que habían graves irregularidades y pruebas falsas en el juicio de Jacinta. La mujer continúa en prisión a la espera del resultado de un nuevo juicio".

Afirmó que la única prueba que implica en los hechos a la indígena, es la foto de un recorte del diario local Noticias, tomada cuando Jacinta pasaba detrás del grupo de personas que estaban protestando.

Aseguró que Jacinta no participó en la protesta de los comerciantes contra los agentes de la AFI el 26 de marzo del 2006. Las declaraciones que efectuaron los agentes al día siguiente del incidente en ningún momento nombraron a la sentenciada, dijo.

Arriaga recordó que "los agentes de la AFI cuando hablaron a la comunidad de Santiago, Mexquititlán no portaban uniforme ni traían ninguna orden que avalara su proceder".

Tonio Tessada, coordinador de Movilización de Amnistía Internacional, consideró que el encarcelamiento de Jacinta Marcial es una represalia por la forma en que los tanguistas de Santiago Mexquititlán reaccionaron en protesta por lo ocurrido.

"Ante el reclamo legítimo de mayor seguridad, las autoridades han actuado recurriendo a medidas inútiles, pero espectaculares como el aumento de penas, la creación de nuevos tipos penales el montaje de operativos espectaculares", apuntó.

Por su parte, Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de Jacinta, acompañado por su hija Estela y dos de sus nietas, dijo que toda la familia "está desesperada por lo ocurrido y que espera y se haga justicia al fin".

La hija de Jacinta expresó que "desde que a ella se la llevaron detenida no hemos descansado, hemos andado diario, diario, al pie sobre el caso. A veces no teníamos ni para comer por pagarles a los abogados, porque no sabíamos que podíamos tener abogado de oficio".

Con la tristeza reflejada en sus ojos, Estrella, nieta de Jacinta, pidió que "algún día dejen en libertad a mi abuelita y que la quiero mucho".

Brenda Téllez, Crónica, 19 de agosto.