WASHINGTON .— El senador demócrata estadounidense Patrick Leahy justificó ayer su rechazo al informe que preparaba el Departamento de Estado sobre derechos humanos en México —que condiciona 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida— al asegurar que, si bien “Estados Unidos simpatiza con la causa y desea el éxito del presidente Felipe Calderón” en su lucha contra los cárteles de la droga, su gobierno aún necesita “mostrar evidencias de que las Fuerzas Armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.
Leahy, presidente del subcomité de asignaciones para operaciones en el extranjero, rechazó, en una sesión informativa con funcionarios del Departamento de Estado, el borrador de un informe que juzgó lleno de inconsistencias frente a las denuncias presentadas por organismos humanitarios por las violaciones perpetradas por elementos del Ejército mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga.
“Los requisitos a los que se ha comprometido el gobierno de México, incluido el procesamiento de militares y policías que han violado los derechos humanos, no han sido cumplidos; por lo tanto es prematuro que se envíe el reporte al Congreso”, aseguró Leahy en un comunicado transmitido ayer por su oficina.
No hay logros claros, dice
“Hemos tenido conversaciones de buena fe entre México y funcionarios estadounidenses a fin de alcanzar estos requisitos en la ley y espero que podamos continuar en ese espíritu”, añadió.
Además, el senador dijo que si bien él sigue apoyando los objetivos de la Iniciativa Mérida, no está seguro de que “la solución militar por sí sola sea la solución a largo plazo”, cuando “aún no está claro lo que se ha conseguido en el corto término”.
El rechazo de Leahy al borrador del informe sobre México obligará al Departamento de Estado a reescribirlo y retrasará la aprobación total de los fondos —poco más de 100 millones de dólares—, que están sujetos a la valoración del Departamento de Estado sobre la actuación del gobierno mexicano en el terreno de los derechos humanos.
Agrupaciones civiles celebran
El resto de los fondos, mil 300 millones de dólares, no están sujetos a condicionamiento por parte del Congreso, pero aun así, advirtió Leahy, “tiene que haber evidencia de que las Fuerzas Armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.
En el Departamento de Estado, funcionarios familiarizados con el reporte se limitaron a reconocer que el rechazo de Leahy retrasará un informe que buscaba su aprobación antes del viaje del presidente Barack Obama a la cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará en Guadalajara 9 y 10 de agosto.
El rechazo de Leahy ha sido aplaudido por distintas organizaciones humanitarias. “Esta es una señal de la importancia que le concede el Congreso al respeto de los derechos humanos en México que, desafortunadamente, no ha hecho los esfuerzos suficientes para investigar, procesar y sentenciar a policías y militares acusados de abusos y violaciones”, consideró Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA).
La embajada de México se abstuvo de formular comentarios.
Leahy, presidente del subcomité de asignaciones para operaciones en el extranjero, rechazó, en una sesión informativa con funcionarios del Departamento de Estado, el borrador de un informe que juzgó lleno de inconsistencias frente a las denuncias presentadas por organismos humanitarios por las violaciones perpetradas por elementos del Ejército mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga.
“Los requisitos a los que se ha comprometido el gobierno de México, incluido el procesamiento de militares y policías que han violado los derechos humanos, no han sido cumplidos; por lo tanto es prematuro que se envíe el reporte al Congreso”, aseguró Leahy en un comunicado transmitido ayer por su oficina.
No hay logros claros, dice
“Hemos tenido conversaciones de buena fe entre México y funcionarios estadounidenses a fin de alcanzar estos requisitos en la ley y espero que podamos continuar en ese espíritu”, añadió.
Además, el senador dijo que si bien él sigue apoyando los objetivos de la Iniciativa Mérida, no está seguro de que “la solución militar por sí sola sea la solución a largo plazo”, cuando “aún no está claro lo que se ha conseguido en el corto término”.
El rechazo de Leahy al borrador del informe sobre México obligará al Departamento de Estado a reescribirlo y retrasará la aprobación total de los fondos —poco más de 100 millones de dólares—, que están sujetos a la valoración del Departamento de Estado sobre la actuación del gobierno mexicano en el terreno de los derechos humanos.
Agrupaciones civiles celebran
El resto de los fondos, mil 300 millones de dólares, no están sujetos a condicionamiento por parte del Congreso, pero aun así, advirtió Leahy, “tiene que haber evidencia de que las Fuerzas Armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.
En el Departamento de Estado, funcionarios familiarizados con el reporte se limitaron a reconocer que el rechazo de Leahy retrasará un informe que buscaba su aprobación antes del viaje del presidente Barack Obama a la cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará en Guadalajara 9 y 10 de agosto.
El rechazo de Leahy ha sido aplaudido por distintas organizaciones humanitarias. “Esta es una señal de la importancia que le concede el Congreso al respeto de los derechos humanos en México que, desafortunadamente, no ha hecho los esfuerzos suficientes para investigar, procesar y sentenciar a policías y militares acusados de abusos y violaciones”, consideró Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA).
La embajada de México se abstuvo de formular comentarios.
Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 6 de agosto.
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