A un año de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL), el Ejecutivo federal sólo ha cumplido a plenitud uno de 28 compromisos asumidos en el convenio y registra niveles de avance medio y bajo en 17 más.
De acuerdo con la evaluación de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e instituciones académicas, los otros dos poderes del gobierno federal y los gobiernos de los estados, en general, tienen niveles medio y bajo de avance en la mayoría de compromisos asumidos.
La peor evaluación correspondió a los ayuntamientos, que registran avances nulos en el cumplimiento de la mitad de los compromisos establecidos y bajo en la otra mitad.
El informe señala que el Ejecutivo federal cumplió parcialmente la depuración de las instituciones de seguridad y procuración de justicia y la implementación de las estrategias nacionales de combate al secuestro, al narcomenudeo y al lavado de dinero, así como en el combate a la corrupción, entre otros.
Secuestro: la evaluación le asigna 3.5 de calificación y un nivel medio de cumplimiento a la aplicación de la Estrategia Nacional de combate al Delito, por la demora en la instalación de un módulo de atención a plagios en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).
Narcomenudeo: el avance es bajo, pues “la estrategia nacional contra el narcomenudeo no ha sido armonizada con los esfuerzos establecidos con la creación de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y se requiere mayor coordinación de los diferentes órdenes de gobierno”, y le asigna 2.5.
Lavado de dinero: los evaluadores calificaron las acciones realizadas con 3.1 y consideraron que el nivel de avance en el tema es medio, porque, hasta ahora, “no han detonado en la mejora de la eficacia en la obtención de sentencias condenatorias o de detenidos”.
Depuración de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia: la evaluación da al Ejecutivo una calificación de 5.7 y un avance medio, pero cuestiona la falta de eficiencia en los procedimientos para examinar al personal y dar seguimiento a quienes reprueban.
“No todos los elementos comprometidos han sido evaluados (personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de aduanas, de los centros federales de readaptación social y el Instituto Nacional de Migración). Por ejemplo, la SSP reporta avance de 55.96%. Además, no se ha dado seguimiento a los elementos dados de baja”.
En el combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública ha diseñado un espacio para recibir denuncias contra funcionarios federales que trabajan en seguridad y procuración de justicia, pero las dependencias no han ahondado en procedimientos de sanción.
Por ello, se considera que el compromiso tiene nivel medio de cumplimiento y se le asignó una calificación de 6.
La evaluación cuestiona, asimismo, la falta de cumplimiento en el compromiso de fortalecer al sistema penitenciario, con nivel bajo y una calificación de 2.5.
“La construcción de dos centros para reos de alta seguridad se planteó para realizarse en dos años y ya existe una a asignación de recursos para la misma, pero no se ven avances significativos”, sostiene el informe.
Otros rubros en los que el Ejecutivo federal reprobó por niveles bajos o medios de cumplimiento son el establecimiento de recursos y partidas en el presupuesto, con nivel medio y 3.5 de calificación.
En rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos, el Ejecutivo federal obtuvo un punto de calificación y un nivel bajo; y los indicadores de medición, donde también se le evaluó bajo y apenas alcanzó una evaluación de 1.5 puntos.
“La rendición de cuentas a través de indicadores de gestión y medición de la aplicación del gasto y eficiencia operativa no se ha cumplido. Dichos indicadores no son reportados de manera pública, en los sitios web de las dependencias, medio de difusión que ellas mismas señalan como el indicado para tal acción”, indica el análisis.
El único compromiso cumplido fue la presentación del paquete de reformas en materia de justicia, aprobadas en 2008 por el Congreso. En otros 10 registra cumplimiento alto, en 10, medio, y bajo en siete más.
Legislativo y Judicial
Aunque aprobaron, los poderes Legislativo y Judicial tampoco cumplieron los compromisos al ciento por ciento.
El Legislativo asumió siete compromisos, de los cuales cumplió tres: elaborar presupuestos que fortalezcan los programas, asignar mayores recursos a estados y municipios y practicar auditorías a las 32 entidades federativas.
En dos más, registró un nivel medio de cumplimiento: dar trámite a iniciativas en materia de seguridad y justicia y legislar sobre narcomenudeo; pero logró un avance bajo en la aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de la ley General antisecuestro, que ni siquiera se han dictaminado en comisiones.
El Poder Judicial cumplió totalmente dos de sus compromisos agendados: fortalecer los mecanismos de selección de sus integrantes y crear el sistema de justicia para adolescentes; y obtuvo niveles de cumplimiento alto en transparentar su funcionamiento, instalar más juzgados y tribunales federales y crear la figura de jueces de control.
El compromiso con calificación reprobatoria y un bajo nivel de avance es en la sistematización de su información, y tiene niveles medios en los de favorecer la celeridad de los procesos y fortalecer la autonomía de jueces y magistrados.
Entidades federativas
Las entidades federativas también reprobaron en la evaluación de su participación en el acuerdo.
Entre los compromisos parcialmente cumplidos, destaca la creación de las unidades especiales antisecuestro, que debieron instalarse en los primeros seis meses posteriores a la firma del acuerdo y de las que sólo se reportan 25 en igual número de entidades.
Sin embargo, 11 de ellas no siguen el modelo tipo acordado con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en cuanto a recursos tecnológicos y de inteligencia para combatir este delito. Algunos de los que ya instalaron estas unidades son Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Tampoco han homologado los sistemas y procedimientos para el acceso al SUIC y la carga y análisis de datos no está al ciento por ciento en los registros básicos como en los de personal.
Municipios
En cuanto a ayuntamientos, carecen de reformas a marco normativo, que no es acorde a la situación actual del país.
La evaluación establece que los municipios registran un bajo avance en los compromisos para depurar las instituciones de seguridad y procuración de justicia; mejorar los mecanismos de selección y capacitación de la policía municipal, y sujetarlos a evaluación permanente y de controles de confianza.
También tienen bajo avance en compromisos de crear un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera, hacer la interconexión a Plataforma México (red de intercambio de información), desarrollo de procedimientos policiales y obtención de permisos colectivos de portación de armas de fuego.
De acuerdo con la evaluación de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e instituciones académicas, los otros dos poderes del gobierno federal y los gobiernos de los estados, en general, tienen niveles medio y bajo de avance en la mayoría de compromisos asumidos.
La peor evaluación correspondió a los ayuntamientos, que registran avances nulos en el cumplimiento de la mitad de los compromisos establecidos y bajo en la otra mitad.
El informe señala que el Ejecutivo federal cumplió parcialmente la depuración de las instituciones de seguridad y procuración de justicia y la implementación de las estrategias nacionales de combate al secuestro, al narcomenudeo y al lavado de dinero, así como en el combate a la corrupción, entre otros.
Secuestro: la evaluación le asigna 3.5 de calificación y un nivel medio de cumplimiento a la aplicación de la Estrategia Nacional de combate al Delito, por la demora en la instalación de un módulo de atención a plagios en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).
Narcomenudeo: el avance es bajo, pues “la estrategia nacional contra el narcomenudeo no ha sido armonizada con los esfuerzos establecidos con la creación de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y se requiere mayor coordinación de los diferentes órdenes de gobierno”, y le asigna 2.5.
Lavado de dinero: los evaluadores calificaron las acciones realizadas con 3.1 y consideraron que el nivel de avance en el tema es medio, porque, hasta ahora, “no han detonado en la mejora de la eficacia en la obtención de sentencias condenatorias o de detenidos”.
Depuración de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia: la evaluación da al Ejecutivo una calificación de 5.7 y un avance medio, pero cuestiona la falta de eficiencia en los procedimientos para examinar al personal y dar seguimiento a quienes reprueban.
“No todos los elementos comprometidos han sido evaluados (personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de aduanas, de los centros federales de readaptación social y el Instituto Nacional de Migración). Por ejemplo, la SSP reporta avance de 55.96%. Además, no se ha dado seguimiento a los elementos dados de baja”.
En el combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública ha diseñado un espacio para recibir denuncias contra funcionarios federales que trabajan en seguridad y procuración de justicia, pero las dependencias no han ahondado en procedimientos de sanción.
Por ello, se considera que el compromiso tiene nivel medio de cumplimiento y se le asignó una calificación de 6.
La evaluación cuestiona, asimismo, la falta de cumplimiento en el compromiso de fortalecer al sistema penitenciario, con nivel bajo y una calificación de 2.5.
“La construcción de dos centros para reos de alta seguridad se planteó para realizarse en dos años y ya existe una a asignación de recursos para la misma, pero no se ven avances significativos”, sostiene el informe.
Otros rubros en los que el Ejecutivo federal reprobó por niveles bajos o medios de cumplimiento son el establecimiento de recursos y partidas en el presupuesto, con nivel medio y 3.5 de calificación.
En rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos, el Ejecutivo federal obtuvo un punto de calificación y un nivel bajo; y los indicadores de medición, donde también se le evaluó bajo y apenas alcanzó una evaluación de 1.5 puntos.
“La rendición de cuentas a través de indicadores de gestión y medición de la aplicación del gasto y eficiencia operativa no se ha cumplido. Dichos indicadores no son reportados de manera pública, en los sitios web de las dependencias, medio de difusión que ellas mismas señalan como el indicado para tal acción”, indica el análisis.
El único compromiso cumplido fue la presentación del paquete de reformas en materia de justicia, aprobadas en 2008 por el Congreso. En otros 10 registra cumplimiento alto, en 10, medio, y bajo en siete más.
Legislativo y Judicial
Aunque aprobaron, los poderes Legislativo y Judicial tampoco cumplieron los compromisos al ciento por ciento.
El Legislativo asumió siete compromisos, de los cuales cumplió tres: elaborar presupuestos que fortalezcan los programas, asignar mayores recursos a estados y municipios y practicar auditorías a las 32 entidades federativas.
En dos más, registró un nivel medio de cumplimiento: dar trámite a iniciativas en materia de seguridad y justicia y legislar sobre narcomenudeo; pero logró un avance bajo en la aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de la ley General antisecuestro, que ni siquiera se han dictaminado en comisiones.
El Poder Judicial cumplió totalmente dos de sus compromisos agendados: fortalecer los mecanismos de selección de sus integrantes y crear el sistema de justicia para adolescentes; y obtuvo niveles de cumplimiento alto en transparentar su funcionamiento, instalar más juzgados y tribunales federales y crear la figura de jueces de control.
El compromiso con calificación reprobatoria y un bajo nivel de avance es en la sistematización de su información, y tiene niveles medios en los de favorecer la celeridad de los procesos y fortalecer la autonomía de jueces y magistrados.
Entidades federativas
Las entidades federativas también reprobaron en la evaluación de su participación en el acuerdo.
Entre los compromisos parcialmente cumplidos, destaca la creación de las unidades especiales antisecuestro, que debieron instalarse en los primeros seis meses posteriores a la firma del acuerdo y de las que sólo se reportan 25 en igual número de entidades.
Sin embargo, 11 de ellas no siguen el modelo tipo acordado con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en cuanto a recursos tecnológicos y de inteligencia para combatir este delito. Algunos de los que ya instalaron estas unidades son Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Tampoco han homologado los sistemas y procedimientos para el acceso al SUIC y la carga y análisis de datos no está al ciento por ciento en los registros básicos como en los de personal.
Municipios
En cuanto a ayuntamientos, carecen de reformas a marco normativo, que no es acorde a la situación actual del país.
La evaluación establece que los municipios registran un bajo avance en los compromisos para depurar las instituciones de seguridad y procuración de justicia; mejorar los mecanismos de selección y capacitación de la policía municipal, y sujetarlos a evaluación permanente y de controles de confianza.
También tienen bajo avance en compromisos de crear un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera, hacer la interconexión a Plataforma México (red de intercambio de información), desarrollo de procedimientos policiales y obtención de permisos colectivos de portación de armas de fuego.
María de la Luz González, EL Universal, 20 de agosto.
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