El Poder Judicial de la Federación reporta que logró cumplir en su totalidad los 10 compromisos asumidos para este año en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, incluso de manera anticipada.
Entre los puntos que cumplió destaca la creación de siete juzgados “virtuales”, los cuales reciben y giran órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones en menos de un día, incluso en unas horas a través de internet.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha usado este mecanismo en los últimos meses para revisar las propiedades de presuntos delincuentes y mantener bajo arraigo a los principales secuestradores y narcotraficantes que el gobierno federal ha detenido en lo que va de este año.
Tan sólo entre el 5 de enero y el 22 de junio pasado recibieron 297 solicitudes de arraigos, mil 773 de cateos y 16 intervenciones de comunicaciones.
Como parte del cumplimiento de los acuerdos, el Consejo de la Judicatura Federal encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se reunió tres veces con Iluminemos México para reportarles los avances y creó con ellos un Observatorio Ciudadano de Justicia, para vigilar la labor del Poder Judicial.
El único punto que le mereció una critica abierta del grupo Iluminemos México y de otros sectores, durante este lapso, fue la decisión que adoptó el Consejo de la Judicatura de desechar una petición que se le hizo para sancionar al magistrado José Guadalupe Luna Altamirano.
En esas reuniones, Alejandro Martí le pidió a Ortiz Mayagoitia, que aplicaran castigos ejemplares a jueces y magistrados corruptos, porque —dijo— esto es algo que no se ha hecho, y como ejemplo le puso la liberación del ex funcionario de la PGR que había sido acusado del secuestro de Carlos Antonio Pilgram.
Dicho funcionario fue liberado por Luna Altamirano y meses después el Consejo de la Judicatura declaró improcedente una queja que se había promovido contra el magistrado por este motivo.
Aunque después el Consejo difundió datos en el sentido de que 91.56% de sentencias por secuestro en los últimos tres años son condenatorias.
En este periodo y como otro de los acuerdos que cumplió el Consejo de la Judicatura desde agosto de 2008 destacan medidas para concentrar a las personas bajo proceso penal relacionadas con delincuencia organizada y narcotráfico en los reclusorios de alta seguridad.
Otro acuerdo que cumplieron fue la instalación de un Sistema Biométrico, basado en la verificación de huellas digitales y los ojos, para los procesados que están en libertad bajo caución y que deben acudir a reportarse y firmar en los juzgados de todo el territorio nacional.
Entre los puntos que cumplió destaca la creación de siete juzgados “virtuales”, los cuales reciben y giran órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones en menos de un día, incluso en unas horas a través de internet.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha usado este mecanismo en los últimos meses para revisar las propiedades de presuntos delincuentes y mantener bajo arraigo a los principales secuestradores y narcotraficantes que el gobierno federal ha detenido en lo que va de este año.
Tan sólo entre el 5 de enero y el 22 de junio pasado recibieron 297 solicitudes de arraigos, mil 773 de cateos y 16 intervenciones de comunicaciones.
Como parte del cumplimiento de los acuerdos, el Consejo de la Judicatura Federal encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se reunió tres veces con Iluminemos México para reportarles los avances y creó con ellos un Observatorio Ciudadano de Justicia, para vigilar la labor del Poder Judicial.
El único punto que le mereció una critica abierta del grupo Iluminemos México y de otros sectores, durante este lapso, fue la decisión que adoptó el Consejo de la Judicatura de desechar una petición que se le hizo para sancionar al magistrado José Guadalupe Luna Altamirano.
En esas reuniones, Alejandro Martí le pidió a Ortiz Mayagoitia, que aplicaran castigos ejemplares a jueces y magistrados corruptos, porque —dijo— esto es algo que no se ha hecho, y como ejemplo le puso la liberación del ex funcionario de la PGR que había sido acusado del secuestro de Carlos Antonio Pilgram.
Dicho funcionario fue liberado por Luna Altamirano y meses después el Consejo de la Judicatura declaró improcedente una queja que se había promovido contra el magistrado por este motivo.
Aunque después el Consejo difundió datos en el sentido de que 91.56% de sentencias por secuestro en los últimos tres años son condenatorias.
En este periodo y como otro de los acuerdos que cumplió el Consejo de la Judicatura desde agosto de 2008 destacan medidas para concentrar a las personas bajo proceso penal relacionadas con delincuencia organizada y narcotráfico en los reclusorios de alta seguridad.
Otro acuerdo que cumplieron fue la instalación de un Sistema Biométrico, basado en la verificación de huellas digitales y los ojos, para los procesados que están en libertad bajo caución y que deben acudir a reportarse y firmar en los juzgados de todo el territorio nacional.
Carlos Avilés, El Universal, 20 de agosto.
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