En medio de protestas y enfrentamientos entre estudiantes, miembros de oposición y periodistas contra policías en las calles de la capital venezolana, lo que dejó al menos 12 heridos, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), aprobó ayer la polémica nueva Ley de Educación que da amplio control estatal en las escuelas mediante la aplicación de normas como instrumento para avanzar en la instauración del socialismo del siglo XXI que defiende el presidente Hugo Chávez.
Ayer estudiantes, profesores y periodistas se movilizaron para denunciar el carácter “ideologizante” y “excluyente” de la ley. Sin embargo, las protestas fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos y agua, y por simpatizantes chavistas que agredieron a los manifestantes con palos y piedras, señala el periódico español “El País”.
“Sólo aquellos sectores mercantilistas de la educación, aquellos vinculados a golpes de Estados y hechos de desestabilización son los que anuncian que no acatarán el contenido de esta nueva Ley Orgánica de Educación. Nuestra Constitución nacional garantiza que eso no ocurrirá, y en todo caso que suceda se aplicarán las leyes respectivas”, dijo en un receso del debate la diputada María de Queipo, presidenta de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, que redactó el proyecto, durante una entrevista transmitida por la televisión de la Asamblea Nacional.
Entre otros cambios, la nueva ley le otorga el monopolio al Estado para “diseñar, administrar y supervisar la política de formación permanente” de todos los ciudadanos y para restringir la enseñanza de algunas carreras universitarias “que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional” así lo requieran. Además, le otorga a la figura de los consejos comunales —organizaciones comunitarias creadas y financiadas por el gobierno— la condición de “agentes de la educación”, con el “rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía y [la] construcción de sujetos sociales de transformación”.
PRENSA. Por otra parte, las disposiciones transitorias de esta polémica Ley de Educación también establece sanciones para los medios de comunicación, las instituciones educativas y los docentes que incurran en “faltas”.
Una de ellas prevé la posibilidad de que, por vía administrativa y por orden del Ministerio de Educación, se ejecute el cierre de medios. “Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos y otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población; en caso de infracción de éstos, los órganos rectores en materia de educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano”, señala el artículo 50 de la ley.
Ayer estudiantes, profesores y periodistas se movilizaron para denunciar el carácter “ideologizante” y “excluyente” de la ley. Sin embargo, las protestas fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos y agua, y por simpatizantes chavistas que agredieron a los manifestantes con palos y piedras, señala el periódico español “El País”.
“Sólo aquellos sectores mercantilistas de la educación, aquellos vinculados a golpes de Estados y hechos de desestabilización son los que anuncian que no acatarán el contenido de esta nueva Ley Orgánica de Educación. Nuestra Constitución nacional garantiza que eso no ocurrirá, y en todo caso que suceda se aplicarán las leyes respectivas”, dijo en un receso del debate la diputada María de Queipo, presidenta de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, que redactó el proyecto, durante una entrevista transmitida por la televisión de la Asamblea Nacional.
Entre otros cambios, la nueva ley le otorga el monopolio al Estado para “diseñar, administrar y supervisar la política de formación permanente” de todos los ciudadanos y para restringir la enseñanza de algunas carreras universitarias “que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional” así lo requieran. Además, le otorga a la figura de los consejos comunales —organizaciones comunitarias creadas y financiadas por el gobierno— la condición de “agentes de la educación”, con el “rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía y [la] construcción de sujetos sociales de transformación”.
PRENSA. Por otra parte, las disposiciones transitorias de esta polémica Ley de Educación también establece sanciones para los medios de comunicación, las instituciones educativas y los docentes que incurran en “faltas”.
Una de ellas prevé la posibilidad de que, por vía administrativa y por orden del Ministerio de Educación, se ejecute el cierre de medios. “Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos y otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población; en caso de infracción de éstos, los órganos rectores en materia de educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano”, señala el artículo 50 de la ley.
Agencias en Caracas, Crónica, 15 de agosto.
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