BOGOTÁ.- El Gobierno de Colombia siguió adelante en su decisión de permitir a Estados Unidos utilizar bases militares en su territorio haciendo caso omiso de la inquietud manifestada por los países vecinos, coincidieron expertos consultados ayer.
El viernes por la noche, Bogotá anunció la culminación del acuerdo, que permitirá a personal y aeronaves estadounidenses usar hasta siete bases.
"La decisión del Gobierno era cerrar ese acuerdo; y de ninguna manera dependía, como en un referendo, de lo que dijeran los otros países", explicó a REFORMA el politólogo Alejo Vargas.
"Hay que recordar cuál es el estilo del Presidente (Álvaro) Uribe. En su estilo, una vez tomada una decisión, rara vez la transa con alguien más", indicó el internacionalista Juan Carlos Flórez.
El pasado 15 de julio, días antes del cierre definitivo de la base de Manta, en Ecuador, el Gobierno colombiano reveló que negociaba un acuerdo para dar acceso a Estados Unidos a las bases de Malambo, en la costa del caribe; Apiay, en los orientales llanos del Meta, y Palanquero, en el centro del país.
Bogotá también se mostró interesada en ampliar el acceso a las bases de Tolemaida, en Tolima, y Larandia, en el selvático Caquetá, y en que las bases navales de Bahía Málaga y Cartagena brinden apoyo logístico.
El Gobierno colombiano ha insistido en que el acuerdo sólo profundiza una cooperación que ya existe en materia de inteligencia para combatir el narcotráfico y la guerrilla.
Pero el convenio suscitó revuelo en la región con el abierto rechazo de Venezuela -que llamó a consultas a su Embajador y restringió el comercio bilateral-, Bolivia y Ecuador y la inquietud manifiesta de gobiernos más moderados, como los de Brasil y Chile. Sólo Perú apoyó a Colombia.
En un intento por calmar esos temores, Uribe emprendió una gira relámpago por siete países de Sudamérica: Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.
La mayoría se mostró respetuosa de la soberanía colombiana, pero dejó en claro que no ve con buenos ojos que Estados Unidos use bases en la región.
"Una parte de la comunidad internacional pudo haberse confundido al creer que Uribe iba a recoger argumentos para cambiar la decisión.
"Pero desde el principio salió del país, en esa intensa gira por Sudamérica, para explicar la decisión, entendiendo él y su equipo que ya estaba tomada y que no tiene reversa", acotó Flórez.
Ambos expertos coinciden en que corresponderá ahora a Estados Unidos, más que a Colombia, tranquilizar a los vecinos y dejar en claro, como insiste Bogotá, que las bases no servirán para lanzar ofensivas hacia terceros países ni para el tránsito de tropas ni el aterrizaje de aviones de combate.
Pero Flórez teme que una inercia militarista siga primando en la política de Estados Unidos con un creciente protagonismo del Comando Sur en las relaciones hacia América Latina y la reactivación de la Cuarta Flota al margen del nuevo discurso, más conciliador, del Presidente Barack Obama.
El viernes por la noche, Bogotá anunció la culminación del acuerdo, que permitirá a personal y aeronaves estadounidenses usar hasta siete bases.
"La decisión del Gobierno era cerrar ese acuerdo; y de ninguna manera dependía, como en un referendo, de lo que dijeran los otros países", explicó a REFORMA el politólogo Alejo Vargas.
"Hay que recordar cuál es el estilo del Presidente (Álvaro) Uribe. En su estilo, una vez tomada una decisión, rara vez la transa con alguien más", indicó el internacionalista Juan Carlos Flórez.
El pasado 15 de julio, días antes del cierre definitivo de la base de Manta, en Ecuador, el Gobierno colombiano reveló que negociaba un acuerdo para dar acceso a Estados Unidos a las bases de Malambo, en la costa del caribe; Apiay, en los orientales llanos del Meta, y Palanquero, en el centro del país.
Bogotá también se mostró interesada en ampliar el acceso a las bases de Tolemaida, en Tolima, y Larandia, en el selvático Caquetá, y en que las bases navales de Bahía Málaga y Cartagena brinden apoyo logístico.
El Gobierno colombiano ha insistido en que el acuerdo sólo profundiza una cooperación que ya existe en materia de inteligencia para combatir el narcotráfico y la guerrilla.
Pero el convenio suscitó revuelo en la región con el abierto rechazo de Venezuela -que llamó a consultas a su Embajador y restringió el comercio bilateral-, Bolivia y Ecuador y la inquietud manifiesta de gobiernos más moderados, como los de Brasil y Chile. Sólo Perú apoyó a Colombia.
En un intento por calmar esos temores, Uribe emprendió una gira relámpago por siete países de Sudamérica: Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.
La mayoría se mostró respetuosa de la soberanía colombiana, pero dejó en claro que no ve con buenos ojos que Estados Unidos use bases en la región.
"Una parte de la comunidad internacional pudo haberse confundido al creer que Uribe iba a recoger argumentos para cambiar la decisión.
"Pero desde el principio salió del país, en esa intensa gira por Sudamérica, para explicar la decisión, entendiendo él y su equipo que ya estaba tomada y que no tiene reversa", acotó Flórez.
Ambos expertos coinciden en que corresponderá ahora a Estados Unidos, más que a Colombia, tranquilizar a los vecinos y dejar en claro, como insiste Bogotá, que las bases no servirán para lanzar ofensivas hacia terceros países ni para el tránsito de tropas ni el aterrizaje de aviones de combate.
Pero Flórez teme que una inercia militarista siga primando en la política de Estados Unidos con un creciente protagonismo del Comando Sur en las relaciones hacia América Latina y la reactivación de la Cuarta Flota al margen del nuevo discurso, más conciliador, del Presidente Barack Obama.
Octavio Pineda corresponsal, Reforma, 16 de agosto.
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