Las antenas de 32 estaciones de radio y de dos de televisión dejaron de transmitir este sábado en Venezuela, entre ellas las del circuito radial CNB, el de mayor sintonía y de línea editorial opositora, tras la decisión del gobierno de cesar las concesiones a un primer grupo de emisoras investigadas por inconsistencias legales.
La medida, que puede alcanzar a 240 radioemisoras —40% del parque radiodifusor del país— y a 45 televisoras, ocurre mientras crecen las voces de alarma por una nueva ley propuesta al parlamento para castigar a las personas que al expresarse por cualquier medio incurran en “delitos mediáticos”.
Las frecuencias les fueron retiradas a las estaciones por fallecimiento del titular de la concesión —el gobierno se rehúsa a que sea hereditaria—, por vencimiento de la licencia sin que se haya renovado adecuadamente la concesión o porque la autoridad que regula las telecomunicaciones consideró improcedente o incompleta el pedido de cambio de la titularidad.
Hace tres meses, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgano oficial para conducir el sector, fue puesto bajo las órdenes de Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas, considerado mano derecha del presidente Hugo Chávez.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgano oficial para conducir el sector, fue puesto bajo las órdenes de Cabello hace tres meses.
Nelson Belfort, presidente de la empresarial Cámara de Radio, dijo que “hubo una preselección muy sospechosa de las emisoras a cerrar. Lamentamos que se pueda cerrar un medio de comunicación y menos sin un debido proceso”.
Belfort es el principal propietario de CNB (Circuito Nacional Belfort), con once emisoras y al que se enlazan parcialmente otras 30 en todo el país, con programas de variedades y de información y con una opinión editorial opositora, incluido el popular vespertino Aló, Ciudadano, que se transmite simultáneamente por radio y televisión.
En cuanto a la propuesta presentada por la fiscal general, Luisa Ortega, al parlamento para que se sancione una “ley especial contra delitos mediáticos”, ésta contempla el castigo a las “acciones u omisiones (…) que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.
Toda persona que “manipule o tergiverse la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o moral pública” será castigada con entre dos y cuatro años de prisión, según la iniciativa. La misma pena se aplicará en tal caso a “la persona responsable del medio de comunicación”, sea éste “impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza”.
A la cárcel irían los responsables de medios que, a pedido del Ministerio Público (fiscalía), se negasen a revelar la identidad de autores de trabajos emitidos con seudónimos, o si “de manera voluntaria e injustificada se negasen a informar sobre hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información”.
En Venezuela, el Colegio de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, organizaciones civiles como Espacio Público y Expresión libre denunciaron que el proyecto viola la Constitución y exigieron que el parlamento “lo rechace y se inhiba de establecer nuevos delitos de información y opinión que sólo se observan en sociedades autoritarias”.
Con ellos se han solidarizado entidades internacionales como Human Rights Watch, el Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, el estadunidense Comité para la Protección de Periodistas, la Asociación Internacional de Radiodifusión y la patronal Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La ministra de Comunicación e Información, Blanca Eeckhout, respaldó la propuesta de la fiscal pues “todo poder, como el mediático, tiene que ser regulado por la sociedad, y no olvidamos que el golpe de Estado de 2002 fue orquestado por los medios de comunicación”, dijo.
En abril de 2002, cuando un movimiento cívico-militar intentó derrocar a Chávez, varias televisoras efectuaron una cobertura ampliamente favorable al golpe de Estado.
“Cuando tomamos la decisión de democratizar el espectro radioeléctrico estábamos hablando en serio, y vamos a hacerlo ya”, dijo Diosdado Cabello al anunciar que las licencias retiradas se entregarán a otros aspirantes a poseerlas. “Quien se sienta vulnerado en sus derechos, que acuda al Tribunal Supremo de Justicia”, agregó.
William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, dijo a la prensa que la entidad “da una campanada de alerta ante la ciudadanía para que reaccione y proteste enérgicamente, en el marco de la Constitución, ante esta ola de atropellos”.
Echeverría proclamó que “podrán cerrar los medios de comunicación pero no nuestras conciencias” ante los micrófonos de CNB de Caracas al momento del cierre el pasado sábado.
La medida, que puede alcanzar a 240 radioemisoras —40% del parque radiodifusor del país— y a 45 televisoras, ocurre mientras crecen las voces de alarma por una nueva ley propuesta al parlamento para castigar a las personas que al expresarse por cualquier medio incurran en “delitos mediáticos”.
Las frecuencias les fueron retiradas a las estaciones por fallecimiento del titular de la concesión —el gobierno se rehúsa a que sea hereditaria—, por vencimiento de la licencia sin que se haya renovado adecuadamente la concesión o porque la autoridad que regula las telecomunicaciones consideró improcedente o incompleta el pedido de cambio de la titularidad.
Hace tres meses, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgano oficial para conducir el sector, fue puesto bajo las órdenes de Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas, considerado mano derecha del presidente Hugo Chávez.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgano oficial para conducir el sector, fue puesto bajo las órdenes de Cabello hace tres meses.
Nelson Belfort, presidente de la empresarial Cámara de Radio, dijo que “hubo una preselección muy sospechosa de las emisoras a cerrar. Lamentamos que se pueda cerrar un medio de comunicación y menos sin un debido proceso”.
Belfort es el principal propietario de CNB (Circuito Nacional Belfort), con once emisoras y al que se enlazan parcialmente otras 30 en todo el país, con programas de variedades y de información y con una opinión editorial opositora, incluido el popular vespertino Aló, Ciudadano, que se transmite simultáneamente por radio y televisión.
En cuanto a la propuesta presentada por la fiscal general, Luisa Ortega, al parlamento para que se sancione una “ley especial contra delitos mediáticos”, ésta contempla el castigo a las “acciones u omisiones (…) que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.
Toda persona que “manipule o tergiverse la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o moral pública” será castigada con entre dos y cuatro años de prisión, según la iniciativa. La misma pena se aplicará en tal caso a “la persona responsable del medio de comunicación”, sea éste “impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza”.
A la cárcel irían los responsables de medios que, a pedido del Ministerio Público (fiscalía), se negasen a revelar la identidad de autores de trabajos emitidos con seudónimos, o si “de manera voluntaria e injustificada se negasen a informar sobre hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información”.
En Venezuela, el Colegio de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, organizaciones civiles como Espacio Público y Expresión libre denunciaron que el proyecto viola la Constitución y exigieron que el parlamento “lo rechace y se inhiba de establecer nuevos delitos de información y opinión que sólo se observan en sociedades autoritarias”.
Con ellos se han solidarizado entidades internacionales como Human Rights Watch, el Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, el estadunidense Comité para la Protección de Periodistas, la Asociación Internacional de Radiodifusión y la patronal Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La ministra de Comunicación e Información, Blanca Eeckhout, respaldó la propuesta de la fiscal pues “todo poder, como el mediático, tiene que ser regulado por la sociedad, y no olvidamos que el golpe de Estado de 2002 fue orquestado por los medios de comunicación”, dijo.
En abril de 2002, cuando un movimiento cívico-militar intentó derrocar a Chávez, varias televisoras efectuaron una cobertura ampliamente favorable al golpe de Estado.
“Cuando tomamos la decisión de democratizar el espectro radioeléctrico estábamos hablando en serio, y vamos a hacerlo ya”, dijo Diosdado Cabello al anunciar que las licencias retiradas se entregarán a otros aspirantes a poseerlas. “Quien se sienta vulnerado en sus derechos, que acuda al Tribunal Supremo de Justicia”, agregó.
William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, dijo a la prensa que la entidad “da una campanada de alerta ante la ciudadanía para que reaccione y proteste enérgicamente, en el marco de la Constitución, ante esta ola de atropellos”.
Echeverría proclamó que “podrán cerrar los medios de comunicación pero no nuestras conciencias” ante los micrófonos de CNB de Caracas al momento del cierre el pasado sábado.
José Márquez en Caracas, Milenio, 4 de agosto.
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