Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD, negó que su partido tuviera conocimiento sobre la investigación contra Gregorio Sánchez, su candidato a la gubernatura de Quintana Roo. Sin embargo, los legisladores perredistas Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta admitieron que sí lo sabían.
Ortega acusó que la detención de Greg tiene tintes electorales que la PGR trata de justificar a través “de un manejo perverso de instrumentos legales”, caso que comparó con el llamado michoacanazo, en el que una treintena de alcaldes de esa entidad fueron encarcelados y luego exonerados.
“Es una detención con fines político-electorales, tratando de justificarla con un manejo perverso de instrumentos jurídicos y de instrumentos legales”, dijo tras rechazar que la PGR hubiera informado al PRD de la investigación contra Sánchez.
Denunció que la PGR recurrió a un juez “de consigna” para obtener la orden de aprehensión, al revelar que un juez con sede en Toluca la negó tres semanas antes con los mismos argumentos.
Además, destacó que el juez segundo de distrito en Nayarit, Carlos Alberto Elorza, es el mismo que ordenó la aprehensión de los 30 alcaldes de Michoacán y que posteriormente fueron liberados por faltas de prueba.
Por ello, el líder perredista anticipó que el desenlace de este caso será el ridículo de la PGR, como ocurrió con los alcaldes en Michoacán.
Lamentó que la PGR recurra a denuncias anónimas y testigos protegidos para sustentar las acusaciones de delincuencia organizada y delitos contra la salud que pesan sobre Gregorio Sánchez.
Más aún, criticó que el denunciante anónimo se haya puesto “perfectamente en concordancia de tiempo con la Unidad de Investigaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda”, a través de la cual la PGR argumentó haber obtenido la información sobre los manejos financieros de Greg.
Al respecto, los legisladores perredistas Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta admitieron que sí sabían que la PGR investigaba a Sánchez, pero calificaron de ridículas las pruebas que existen en su contra.
Navarrete dijo que no se trata de avisar, sino que la PGR no ha podido configurar un expediente sustentado para ejercer la acción penal, pues otra vez son de testigos protegidos, “es decir, de delincuentes que con tal de salvar el cuello son capaces de lanzar acusaciones a diestra y siniestra que después no pueden sostener”.
Además, el PRD advirtió que la detención de Greg Sánchez cambiará su relación con el gobierno y, de entrada, rompió el acuerdo de guardar silencio respecto al caso de Diego Fernández, al exigir Navarrete que la PGR deje de perseguir políticos y haga la investigación del secuestro, en vez de “arrodillarse” frente a la delincuencia.
A su vez, aunque la diputación priista retiró un punto de acuerdo sobre este tema, el senador Manlio Fabio Beltrones exigió cero impunidad y manejo político electorero de la PGR.
México • Liliana Padilla, Angélica Mercado y Heliodoro Cárdenas, Milenio, 27 de mayo.
Ortega acusó que la detención de Greg tiene tintes electorales que la PGR trata de justificar a través “de un manejo perverso de instrumentos legales”, caso que comparó con el llamado michoacanazo, en el que una treintena de alcaldes de esa entidad fueron encarcelados y luego exonerados.
“Es una detención con fines político-electorales, tratando de justificarla con un manejo perverso de instrumentos jurídicos y de instrumentos legales”, dijo tras rechazar que la PGR hubiera informado al PRD de la investigación contra Sánchez.
Denunció que la PGR recurrió a un juez “de consigna” para obtener la orden de aprehensión, al revelar que un juez con sede en Toluca la negó tres semanas antes con los mismos argumentos.
Además, destacó que el juez segundo de distrito en Nayarit, Carlos Alberto Elorza, es el mismo que ordenó la aprehensión de los 30 alcaldes de Michoacán y que posteriormente fueron liberados por faltas de prueba.
Por ello, el líder perredista anticipó que el desenlace de este caso será el ridículo de la PGR, como ocurrió con los alcaldes en Michoacán.
Lamentó que la PGR recurra a denuncias anónimas y testigos protegidos para sustentar las acusaciones de delincuencia organizada y delitos contra la salud que pesan sobre Gregorio Sánchez.
Más aún, criticó que el denunciante anónimo se haya puesto “perfectamente en concordancia de tiempo con la Unidad de Investigaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda”, a través de la cual la PGR argumentó haber obtenido la información sobre los manejos financieros de Greg.
Al respecto, los legisladores perredistas Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta admitieron que sí sabían que la PGR investigaba a Sánchez, pero calificaron de ridículas las pruebas que existen en su contra.
Navarrete dijo que no se trata de avisar, sino que la PGR no ha podido configurar un expediente sustentado para ejercer la acción penal, pues otra vez son de testigos protegidos, “es decir, de delincuentes que con tal de salvar el cuello son capaces de lanzar acusaciones a diestra y siniestra que después no pueden sostener”.
Además, el PRD advirtió que la detención de Greg Sánchez cambiará su relación con el gobierno y, de entrada, rompió el acuerdo de guardar silencio respecto al caso de Diego Fernández, al exigir Navarrete que la PGR deje de perseguir políticos y haga la investigación del secuestro, en vez de “arrodillarse” frente a la delincuencia.
A su vez, aunque la diputación priista retiró un punto de acuerdo sobre este tema, el senador Manlio Fabio Beltrones exigió cero impunidad y manejo político electorero de la PGR.
México • Liliana Padilla, Angélica Mercado y Heliodoro Cárdenas, Milenio, 27 de mayo.
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