Gobernadores argumentaron que por la falta de recursos se ha atrasado la implementación de la reforma al sistema de justicia penal en los estados, por lo que demandaron al Gobierno federal mayor compromiso presupuestal.
En contraste, el Secretario Técnico para poner en marcha las reformas constitucionales sobre Seguridad y Justicia Penal, Felipe Borrego, argumentó que ha faltado coordinación entre distintos órdenes de Gobierno y algunos Mandatarios estatales se han rehusado a trabajar en el tema porque habrá elecciones en sus estados.
Durante el Foro Político de Seguridad y Justicia, los gobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza; del Estado de México, Enrique Peña Nieto; de Yucatán, Ivonne Ortega; de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Morelos, Marco Antonio Adame; y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, reconocieron que existen diversas limitantes para implementar con rapidez la reforma aprobada en el 2008.
Coincidieron en que aunque en sus entidades hay avances significativos para dar entrada a los juicios orales, requieren mayores recursos para la capacitación, personal, nuevas áreas e infraestructura.
"No se ha hablado claro en relación a los recursos que se requiere, y decía mi compañera Ivonne, el cariño que no se refleja en la nómina o en el presupuesto pues no es cariño, entonces es demagogia, entonces tiene que haber una partida suficiente y especial, ahora en la discusión del Presupuesto del 2011, para incluir infraestructura", recriminó Medina.
Mientras, Ebrard afirmó que es necesario darle a los estados certidumbre presupuestal, de lo contrario, advirtió, no se cumplirá con las expectativas que se han generado, pues se ha planteado como la panacea del sistema penal.
"La mayor parte de la implementación de la reforma se está haciendo con recursos locales, limitados, necesitamos acordar entre las entidades federativas que ya tomaron medidas un programa para decir esto es lo que nos va a costar, cuánto serán recursos locales y cuántos federales", indicó el Jefe de Gobierno capitalino.
Enrique Peña Nieto afirmó que aunado a los recursos se necesita voluntad política de todos los niveles de gobierno. "No es una reforma que tiene que darse en las entidades federativas y luego en el orden federal, obliga a que todos los niveles de Gobierno pudiéramos ir empujando esa reforma y se debe tener voluntad política".
Marco Antonio Adame lamentó que en los estados la aplicación de la reforma no sea una prioridad, y "el tortuguismo" de los Gobiernos estatal se escude en la falta de presupuesto.
En contra parte, Borrego afirmó que en 18 estados la implementación de la reforma está en marcha, y en otros cuatro está por concretarse el arranque, mientras que en otros estados, sin decir cuáles, la coyuntura política frenó su aplicación.
"Hay algunos gobernadores que me han dicho que no (trabajarán en la implementación) hasta que pasen las elecciones, que es mejor que el que entre se haga cargo del asunto", denunció.
Opciones de mejora
Señalamientos sobre la injerencia militar y la lucha antinarco planteadas en el Foro:
· Discutir si es legal la participación de las Fuerzas Armadas en las calles.
· Clarificar las tareas que le corresponden al Ejército.
· Reducir los riesgos en sus actuaciones para no herir a inocentes.
· Encontrar cómo articular el regreso de los militares a los cuarteles.
· Definir una estructura legal para que sean procesados.
· Contar con un sistema judicial funcional.
· Atacar los activos patrimoniales de la delincuencia organizada (hacer uso efectivo de la extinción de dominio).
· Atacar la corrupción de los políticos.
· Generar oportunidades a los jóvenes.
· Revisar la experiencia de la participación militar en otros países, como en Colombia.
En contraste, el Secretario Técnico para poner en marcha las reformas constitucionales sobre Seguridad y Justicia Penal, Felipe Borrego, argumentó que ha faltado coordinación entre distintos órdenes de Gobierno y algunos Mandatarios estatales se han rehusado a trabajar en el tema porque habrá elecciones en sus estados.
Durante el Foro Político de Seguridad y Justicia, los gobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza; del Estado de México, Enrique Peña Nieto; de Yucatán, Ivonne Ortega; de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Morelos, Marco Antonio Adame; y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, reconocieron que existen diversas limitantes para implementar con rapidez la reforma aprobada en el 2008.
Coincidieron en que aunque en sus entidades hay avances significativos para dar entrada a los juicios orales, requieren mayores recursos para la capacitación, personal, nuevas áreas e infraestructura.
"No se ha hablado claro en relación a los recursos que se requiere, y decía mi compañera Ivonne, el cariño que no se refleja en la nómina o en el presupuesto pues no es cariño, entonces es demagogia, entonces tiene que haber una partida suficiente y especial, ahora en la discusión del Presupuesto del 2011, para incluir infraestructura", recriminó Medina.
Mientras, Ebrard afirmó que es necesario darle a los estados certidumbre presupuestal, de lo contrario, advirtió, no se cumplirá con las expectativas que se han generado, pues se ha planteado como la panacea del sistema penal.
"La mayor parte de la implementación de la reforma se está haciendo con recursos locales, limitados, necesitamos acordar entre las entidades federativas que ya tomaron medidas un programa para decir esto es lo que nos va a costar, cuánto serán recursos locales y cuántos federales", indicó el Jefe de Gobierno capitalino.
Enrique Peña Nieto afirmó que aunado a los recursos se necesita voluntad política de todos los niveles de gobierno. "No es una reforma que tiene que darse en las entidades federativas y luego en el orden federal, obliga a que todos los niveles de Gobierno pudiéramos ir empujando esa reforma y se debe tener voluntad política".
Marco Antonio Adame lamentó que en los estados la aplicación de la reforma no sea una prioridad, y "el tortuguismo" de los Gobiernos estatal se escude en la falta de presupuesto.
En contra parte, Borrego afirmó que en 18 estados la implementación de la reforma está en marcha, y en otros cuatro está por concretarse el arranque, mientras que en otros estados, sin decir cuáles, la coyuntura política frenó su aplicación.
"Hay algunos gobernadores que me han dicho que no (trabajarán en la implementación) hasta que pasen las elecciones, que es mejor que el que entre se haga cargo del asunto", denunció.
Opciones de mejora
Señalamientos sobre la injerencia militar y la lucha antinarco planteadas en el Foro:
· Discutir si es legal la participación de las Fuerzas Armadas en las calles.
· Clarificar las tareas que le corresponden al Ejército.
· Reducir los riesgos en sus actuaciones para no herir a inocentes.
· Encontrar cómo articular el regreso de los militares a los cuarteles.
· Definir una estructura legal para que sean procesados.
· Contar con un sistema judicial funcional.
· Atacar los activos patrimoniales de la delincuencia organizada (hacer uso efectivo de la extinción de dominio).
· Atacar la corrupción de los políticos.
· Generar oportunidades a los jóvenes.
· Revisar la experiencia de la participación militar en otros países, como en Colombia.
Érika Hernández, Reforma, 26 de mayo.
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