En el contexto del recurso de amparo interpuesto, los siete comentarios que se presentan a continuación, el 8.64% de los 81 sistematizados, ubican los antecedentes de la estrategia en el proceso electoral de julio de 2006.
Una de las razones de fondo de la reciente reforma electoral es que el país no podría tolerar una nueva intromisión turbia e ilegal de las cúpulas empresariales en la vida política. A título personal, los empresarios pueden votar y expresarse en el sentido que deseen, pero, en tanto que grupo, no les corresponde participar abiertamente en los procesos electorales; en todo caso, si así lo deseara, el CCE tendría que solicitar su registro como partido político y postular o apoyar abiertamente candidaturas a puestos de elección popular.
Por lo demás, resulta inverosímil la pretendida defensa del organismo empresarial en favor de la libertad de expresión, habida cuenta de que las principales cortapisas en ese sentido provienen precisamente de los grandes empresarios, en su vertiente de dueños de medios de comunicación: han sido ellos quienes coartan la libertad de periodistas e informadores profesionales, y quienes, valiéndose de sus derechos de propiedad, imponen el silencio, distorsionan la realidad, tergiversan los hechos, desinforman y manipulan a la opinión pública.
Ciertamente, la reforma electoral afecta al CCE, pero no porque limite o cancele su libertad de expresión, sino porque busca evitar que incida, de manera ilegítima y antidemocrática, en procesos políticos y electorales que debieran ser una expresión transparente de la voluntad ciudadana, y porque busca moderar las desmedidas ganancias que han obtenido algunos de sus integrantes, propietarios de medios electrónicos, mediante la venta de espacios publicitarios a los partidos, en lo que ha representado transferencias astronómicas, dispendiosas e innecesarias de dineros públicos a bolsillos particulares.
Editorial, La Jornada, 6 de diciembre.
El Consejo Coordinador Empresarial contrató en las elecciones del 2006 dos comerciales de televisión y radio los cuales tuvieron una difusión bastante reducida si se comparan con la avalancha de anuncios de partidos y candidatos que inundaron los medios electrónicos durante la campaña. En esos anuncios no se mencionaba a ningún candidato ni a ningún partido político. Simplemente se hacía un llamado a los mexicanos a respaldar políticas económicas sensatas que impidieran que el país cayera nuevamente en esas crisis financieras que tanta pobreza y sufrimiento causaron a lo largo de las décadas.
Ni las encuestas de opinión ni los estudios de recordación que realizan las empresas de mercadotecnia registran que estos anuncios hayan tenido algún efecto significativo en el desarrollo de la elección. Pero la compra de estos comerciales por el CCE ha sido enarbolada por el PRD como justificación de su tesis de que la elección presidencial no la perdió el partido o su candidato sino que les fue arrebatada por un complot organizado desde el poder.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.
Ahora bien, es preciso recordar que la nueva disposición constitucional que prohíbe la compra de publicidad electoral por terceros no surgió de la nada. Al contrario, el Constituyente la incorporó al máximo ordenamiento como respuesta a la conducta del propio Consejo Coordinador Empresarial en 2006, cuando se saltó la ley —al igual que las televisoras y ante la anuencia de una autoridad electoral timorata en este delicado renglón— que impedía explícitamente que privados intervinieran con compra de spots en las campañas. El artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía con claridad desde 1996: “En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros”.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.
La realidad es que la sociedad ya estaba cansada de las mentiras y de las "transas" de los políticos, de los abusos de los partidos y de los miles de millones de pesos que se les daban para sus campañas políticas; de los fraudes electorales, de las truchimanerías de los legisladores, de los engaños y las mentiras de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular, en los más de 70 años del PRI. Los millones de electores que votaron por el cambio y que después se "daban de topes" al comprobar que los habían engañado, que esos políticos les habían mentido, también se muestran agradecidos con los "cupuleros". Pero quienes prácticamente se arrodillan ante el mencionado grupito son esos casi 15 millones de votantes que el 2 de julio de 2006 sufragaron en las urnas a favor del candidato del PAN a la presidencia de la República. Y es que gracias a la "orientación e información", y también a la desinformación, así como a las campañas negras y a la guerra sucia que patrocinaron diversos organismos empresariales (ajenos, claro, al CCE) en contra del candidato del PRD advirtiendo, entre otras cosas, que era "un peligro para México", no se equivocaron en su selección. ¡Imagínense nada más qué sería de México si un loco hubiera llegado a Los Pinos!
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.
Estamos así frente al siguiente caso: el CCE viola la ley —tal como lo estableció el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al calificar la elección presidencial del año pasado— y, como no hay sanciones establecidas ante esa conducta, queda impune; luego el legislador refuerza la norma y le otorga rango constitucional, lo que genera el intento de amparo del CCE. Primero se vulnera la ley y luego se pretende que la norma quede sin efecto. ¿Dónde está la congruencia de este organismo empresarial que hace frecuentes llamados a construir un genuino Estado de derecho?
En mi impresión, el ciudadano de a pie podrá presenciar contiendas electorales no desbalanceadas por el poder del dinero, siempre mal repartido y en especial en un país como el nuestro, lo que hace que la democracia, entendida como un ejercicio entre iguales, se vea beneficiada.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.
Sus capacidades para incidir en asuntos nacionales y aun orientarlos quedaron sabidas y comprobadas hasta el hartazgo riesgoso durante la turbulenta elección del 2006, cuando fuera de la ley (y quien está fuera está en contra) ejercieron pública presión contra un candidato al cual —con la complicidad oficial y quizá hasta el estímulo foxiano—, denigraban un día sí y también el siguiente.
No se trata de discutir si tuvieron o no razón en su peligroso diagnóstico. Se trata de insistir en la violación legal cometida.
El artículo 48 del Cofipe vigente en los días de esa elección (contra el cual nunca se ampararon), dice con toda claridad: “Es DERECHO EXCLUSIVO de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo… EN NINGÚN CASO, SE PERMITIRÁ LA CONTRATACIÓN DE PROPAGANDA EN RADIO Y TELEVISIÓN EN FAVOR O EN CONTRA DE ALGÚN PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO POR PARTE DE TERCEROS”.
Rafael Cardona, “El cristalazo dominical”, Crónica, 9 de diciembre.
Cuando tomó posesión en octubre del año pasado el presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, los megaempresarios estaban más engallados que nunca: habían hecho una efectiva campaña mediática para tumbar al “peligro para México”, López Obrador, y faltaban unos días para que tomara posesión de la Presidencia “su” candidato Felipe Calderón. Tenían puestos los ojos en otras metas: “No podemos pensar en un país atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, cuando hasta ahora los gobiernos no han sido capaces de garantizar la seguridad física y del patrimonio de sus ciudadanos”, dijo González Sada ante Vicente Fox que ya se despedía. Calderón respondió a la exigencia patronal enviando a la tropa a la calle –con resultados muy disparejos hasta la fecha, dicho sea de paso. Los empresarios no sintieron que el despliegue del Ejército fuera una amenaza para las garantías individuales. No lo esperaban, pero “su” presidente no pudo o no quiso bloquear la reforma electoral por la cual se intenta poner alto a la compra de espots en radio y televisión por organismos como Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a fin de influir en los procesos electorales. Primero fue el presidente del CCE, Armando Paredes, quien recurrió al amparo en contra de la reforma; no prosperó. Ayer González Sada conoció que la titular del juzgado cuarto en materia administrativa, María Guadalupe Rivera, desechó su propia solicitud de amparo por notoriamente improcedente. Es que el amparo es un recurso para proteger las garantías individuales de los actos de autoridad, pero no procede contra una norma constitucional. Es curioso: los megaempresarios no ven una amenaza a las garantías personales en la toma de ciudades enteras por la tropa, en cambio se alarman porque no les admitirán que usen sus enormes recursos financieros en espots políticos. No se darán por vencidos, ya encontrarán un agujero, porque saben que los grandes negocios pasean por Los Pinos, el Congreso, la Suprema Corte y los gobiernos de los estados
Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, La Jornada, 18 de diciembre.
Una de las razones de fondo de la reciente reforma electoral es que el país no podría tolerar una nueva intromisión turbia e ilegal de las cúpulas empresariales en la vida política. A título personal, los empresarios pueden votar y expresarse en el sentido que deseen, pero, en tanto que grupo, no les corresponde participar abiertamente en los procesos electorales; en todo caso, si así lo deseara, el CCE tendría que solicitar su registro como partido político y postular o apoyar abiertamente candidaturas a puestos de elección popular.
Por lo demás, resulta inverosímil la pretendida defensa del organismo empresarial en favor de la libertad de expresión, habida cuenta de que las principales cortapisas en ese sentido provienen precisamente de los grandes empresarios, en su vertiente de dueños de medios de comunicación: han sido ellos quienes coartan la libertad de periodistas e informadores profesionales, y quienes, valiéndose de sus derechos de propiedad, imponen el silencio, distorsionan la realidad, tergiversan los hechos, desinforman y manipulan a la opinión pública.
Ciertamente, la reforma electoral afecta al CCE, pero no porque limite o cancele su libertad de expresión, sino porque busca evitar que incida, de manera ilegítima y antidemocrática, en procesos políticos y electorales que debieran ser una expresión transparente de la voluntad ciudadana, y porque busca moderar las desmedidas ganancias que han obtenido algunos de sus integrantes, propietarios de medios electrónicos, mediante la venta de espacios publicitarios a los partidos, en lo que ha representado transferencias astronómicas, dispendiosas e innecesarias de dineros públicos a bolsillos particulares.
Editorial, La Jornada, 6 de diciembre.
El Consejo Coordinador Empresarial contrató en las elecciones del 2006 dos comerciales de televisión y radio los cuales tuvieron una difusión bastante reducida si se comparan con la avalancha de anuncios de partidos y candidatos que inundaron los medios electrónicos durante la campaña. En esos anuncios no se mencionaba a ningún candidato ni a ningún partido político. Simplemente se hacía un llamado a los mexicanos a respaldar políticas económicas sensatas que impidieran que el país cayera nuevamente en esas crisis financieras que tanta pobreza y sufrimiento causaron a lo largo de las décadas.
Ni las encuestas de opinión ni los estudios de recordación que realizan las empresas de mercadotecnia registran que estos anuncios hayan tenido algún efecto significativo en el desarrollo de la elección. Pero la compra de estos comerciales por el CCE ha sido enarbolada por el PRD como justificación de su tesis de que la elección presidencial no la perdió el partido o su candidato sino que les fue arrebatada por un complot organizado desde el poder.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.
Ahora bien, es preciso recordar que la nueva disposición constitucional que prohíbe la compra de publicidad electoral por terceros no surgió de la nada. Al contrario, el Constituyente la incorporó al máximo ordenamiento como respuesta a la conducta del propio Consejo Coordinador Empresarial en 2006, cuando se saltó la ley —al igual que las televisoras y ante la anuencia de una autoridad electoral timorata en este delicado renglón— que impedía explícitamente que privados intervinieran con compra de spots en las campañas. El artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía con claridad desde 1996: “En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros”.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.
La realidad es que la sociedad ya estaba cansada de las mentiras y de las "transas" de los políticos, de los abusos de los partidos y de los miles de millones de pesos que se les daban para sus campañas políticas; de los fraudes electorales, de las truchimanerías de los legisladores, de los engaños y las mentiras de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular, en los más de 70 años del PRI. Los millones de electores que votaron por el cambio y que después se "daban de topes" al comprobar que los habían engañado, que esos políticos les habían mentido, también se muestran agradecidos con los "cupuleros". Pero quienes prácticamente se arrodillan ante el mencionado grupito son esos casi 15 millones de votantes que el 2 de julio de 2006 sufragaron en las urnas a favor del candidato del PAN a la presidencia de la República. Y es que gracias a la "orientación e información", y también a la desinformación, así como a las campañas negras y a la guerra sucia que patrocinaron diversos organismos empresariales (ajenos, claro, al CCE) en contra del candidato del PRD advirtiendo, entre otras cosas, que era "un peligro para México", no se equivocaron en su selección. ¡Imagínense nada más qué sería de México si un loco hubiera llegado a Los Pinos!
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.
Estamos así frente al siguiente caso: el CCE viola la ley —tal como lo estableció el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al calificar la elección presidencial del año pasado— y, como no hay sanciones establecidas ante esa conducta, queda impune; luego el legislador refuerza la norma y le otorga rango constitucional, lo que genera el intento de amparo del CCE. Primero se vulnera la ley y luego se pretende que la norma quede sin efecto. ¿Dónde está la congruencia de este organismo empresarial que hace frecuentes llamados a construir un genuino Estado de derecho?
En mi impresión, el ciudadano de a pie podrá presenciar contiendas electorales no desbalanceadas por el poder del dinero, siempre mal repartido y en especial en un país como el nuestro, lo que hace que la democracia, entendida como un ejercicio entre iguales, se vea beneficiada.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.
Sus capacidades para incidir en asuntos nacionales y aun orientarlos quedaron sabidas y comprobadas hasta el hartazgo riesgoso durante la turbulenta elección del 2006, cuando fuera de la ley (y quien está fuera está en contra) ejercieron pública presión contra un candidato al cual —con la complicidad oficial y quizá hasta el estímulo foxiano—, denigraban un día sí y también el siguiente.
No se trata de discutir si tuvieron o no razón en su peligroso diagnóstico. Se trata de insistir en la violación legal cometida.
El artículo 48 del Cofipe vigente en los días de esa elección (contra el cual nunca se ampararon), dice con toda claridad: “Es DERECHO EXCLUSIVO de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo… EN NINGÚN CASO, SE PERMITIRÁ LA CONTRATACIÓN DE PROPAGANDA EN RADIO Y TELEVISIÓN EN FAVOR O EN CONTRA DE ALGÚN PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO POR PARTE DE TERCEROS”.
Rafael Cardona, “El cristalazo dominical”, Crónica, 9 de diciembre.
Cuando tomó posesión en octubre del año pasado el presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, los megaempresarios estaban más engallados que nunca: habían hecho una efectiva campaña mediática para tumbar al “peligro para México”, López Obrador, y faltaban unos días para que tomara posesión de la Presidencia “su” candidato Felipe Calderón. Tenían puestos los ojos en otras metas: “No podemos pensar en un país atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, cuando hasta ahora los gobiernos no han sido capaces de garantizar la seguridad física y del patrimonio de sus ciudadanos”, dijo González Sada ante Vicente Fox que ya se despedía. Calderón respondió a la exigencia patronal enviando a la tropa a la calle –con resultados muy disparejos hasta la fecha, dicho sea de paso. Los empresarios no sintieron que el despliegue del Ejército fuera una amenaza para las garantías individuales. No lo esperaban, pero “su” presidente no pudo o no quiso bloquear la reforma electoral por la cual se intenta poner alto a la compra de espots en radio y televisión por organismos como Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a fin de influir en los procesos electorales. Primero fue el presidente del CCE, Armando Paredes, quien recurrió al amparo en contra de la reforma; no prosperó. Ayer González Sada conoció que la titular del juzgado cuarto en materia administrativa, María Guadalupe Rivera, desechó su propia solicitud de amparo por notoriamente improcedente. Es que el amparo es un recurso para proteger las garantías individuales de los actos de autoridad, pero no procede contra una norma constitucional. Es curioso: los megaempresarios no ven una amenaza a las garantías personales en la toma de ciudades enteras por la tropa, en cambio se alarman porque no les admitirán que usen sus enormes recursos financieros en espots políticos. No se darán por vencidos, ya encontrarán un agujero, porque saben que los grandes negocios pasean por Los Pinos, el Congreso, la Suprema Corte y los gobiernos de los estados
Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, La Jornada, 18 de diciembre.
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