A continuación presentamos once comentarios, 13.58% de un total de 81, que dan cuenta sobre la posición de los legisladores con respecto al recurso de amparo interpuesto por el Consejo Coordinador Empresarial. Como se verá, una parte de los comentarios enfatiza en los argumentos de Santiago Creel, quien horas después de conocer la noticia señaló que se trataba de “una vacilada”.
Los partidos políticos han dicho que no se limita la libertad de expresión, pues sólo se está limitando la posibilidad de que diversos grupos compren espacio en medios de comunicación que influyan en las contiendas políticas. En el siglo XXI suena absurdo pensar que limitar el acceso a los medios no es coartar la libertad de expresión.
Tampoco se trata, como quieren ver otros, de defender los intereses de los “poderes fácticos” (cualquier cosa que eso sea) o los medios de comunicación. Aquí se trata del derecho de cualquier mexicano a expresar su opinión de la manera y por los medios que considere convenientes y que desde el 13 de noviembre fueron secuestrados por los partidos políticos.
El CCE recurrió a un proceso legal (al que esperan que se sumen individualmente las cámaras y confederaciones así como empresas y personas físicas), porque no encontró respuesta por parte de los partidos políticos. Mientras se negociaba la reforma hacendaria, los partidos políticos hicieron las modificaciones electorales. Ignoraron los desplegados que, ya con el palo dado, publicó el CCE y los congresos locales las cartas que enviaron pidiendo una mayor reflexión.
Paredes, como lo fuimos narrando en esta columna, tenía una gran presión por parte de algunos miembros del CCE para dar una respuesta; sin embargo, como fueron igual de sorprendidos que el resto de los mexicanos, tuvieron que analizar cuál sería la mejor respuesta y optaron por este proceso legal en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá determinar si el Poder Legislativo puede quitar garantías individuales sin que haya ningún medio de defensa.
En este espacio hemos sostenido que la manera en que se realizó la reforma electoral tiene mucho que ver con el capricho y la voluntad de agandalle que va en contra de los mexicanos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 6 de diciembre.
Sin duda, el Consejo Coordinador Empresarial está en contra de la partidocracia y quiere una reforma electoral que le permita al empresariado dar su opinión, individual o como asociación, en discursos o en spots comerciales.
El juicio de amparo del CCE podría ser secundado por cada uno de sus organismos en lo particular, con distintos amparos. El objetivo: tener el derecho de opinar en las contiendas electorales y no ceder dicho derecho sólo a los partidos políticos.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 6 de diciembre.
Los políticos, deseosos de mantener el control absoluto de las campañas y los procesos políticos, afirman que no se está afectando la libertad de expresión sino simplemente la libertad de comercio. Para los ciudadanos que en un momento dado quieran tener una participación independiente de los partidos en la vida política del país, y que tradicionalmente han comprado tiempos de medios o desplegados en los periódicos para defender sus posiciones frente a los políticos, el golpe a la libertad de expresión es contundente. Su única opción será conseguir que los medios cubran sus protestas, pero esto puede ser contrario a los "lineamientos" que los políticos darán a los medios para su cobertura.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.
"Mi Truchimán favorito", sin embargo, pretende echarles a perder la "fiesta de la democracia" a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, con la siguiente declaración: en el Congreso está la representación del pueblo de México y la voluntad popular; ellos tomarán la decisión si se aprueba o no. No va a ser el sector empresarial quien dicte en la Cámara de Diputados hacia dónde vamos.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.
Yeidckol Polenvksy, una de las pocas senadoras perredistas que votaron en contra del Código Federal de Procedimientos Electorales junto con Ricardo Monreal, María Rojo, Lázaro Mazón, Salomón Jara y Rosalinda López, recibió una llamada a su celular la noche del miércoles.
Se hizo a un lado del pequeño grupo en el que estaba platicando momentos antes en un hotel. Un grupo interesante en el que estaban, entre otros, el embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton, quien insistía en que el “no” al referéndum era “una victoria disfrazada de derrota” que desactivó, entre otras cosas, un movimiento subversivo que ya preparaban los opositores, los “escuálidos”, como les dice su presidente Chávez. También estaba el de Rusia y el de Vietnam (a quien le pidió que por favor le consiguiera las obras selectas de Ho Chi Minh), además de Héctor Vasconcelos.
A Yeidckol le hablaban para comentarle lo que acababa de hacer el Consejo Coordinador Empresarial: buscan ampararse por la nueva ley electoral, que en pocas palabras, no les permitirá comprar espacios para decir lo que piensan con respecto a los candidatos. Se quejan de que se viola su derecho a la libertad de expresión, derecho de información y asociación.
La ex líder de Canacintra, con su celular en manos libres cual pequeño micrófono, se acercó de inmediato a Arturo Núñez para comentarle...
Núñez, como Creel ayer, casi calificó como una “vacilada” la actitud del CCE. Que no podrán ampararse. Aseguran. Claro que los empresarios opinan todo lo contrario… Interesante round. ¿Cómo terminará?
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 7 de diciembre.
También los que se mofaron del CCE por solicitar amparo de la justicia para defender la libertad de expresión. Se quedaron con una visión, no más lejana que su nariz, de que los empresarios querían preservar su derecho a pagar spots durante las campañas presidenciales sólo porque la IP presentó tres anuncios durante la elección de 2006 que eran a favor de lo que los mexicanos hemos logrado gracias a la estabilidad y el buen manejo de la economía. Las políticas económicas no son de izquierda o de derecha sino correctas e incorrectas.
Llama la atención que sean aquellos quienes viven de ejercer la libertad de expresión se hayan pasado al lado de quienes quieren callar las voces. Que sean los que se sumaron a considerar como una vacilada la valiente acción de Armando Paredes. Que sean los mismos que justificaron la actitud de los senadores cuando ignoraron las posiciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ante las reformas a la ley de la mataria.
Si Ricardo Salinas defiende la libertad de expresión, se le acusa de estar defendiendo su interés económico. Para una empresa que hoy tiene 52,000 empleados y que en unos días más generará otros 4,000 directos, los ingresos de publicidad por partidos políticos realmente no pintan en su balance general. Se hacen juicios por la su imagen, no por los hechos y hasta les obligan a poner la otra mejilla.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 13 de diciembre.
Demostraron que es tal su sed de poder que ni siquiera pudieron cumplir con las reglas que ellos se habían impuesto y han sembrado una duda sobre cualquier acto de este consejo electoral. Los partidos políticos y los legisladores han resultado muy hábiles y rápidos para cuestionar a sectores de la iniciativa privada que quieren un diálogo con ideas y el derecho a expresar su voz. Después de ver los escándalos y la manera burda como buscan el poder para servirse de él y no a la sociedad, queda claro quiénes están a favor de México y quiénes no.
Voces, como la que ha levantado Armando Paredes, en nombre de todo el sector privado sí tienen un interés legítimo en el bienestar de la sociedad, no así los partidos políticos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 17 de diciembre.
A todos los retos de naturaleza económica se les debe sumar los de carácter político. Hechos recientes, como el “agandaye” de los partidos políticos que pretende coartar garantías constitucionales, demuestran que las razones que dieron origen a la creación del CCE siguen vigentes y deben tomar una posición muchísimo más determinada.
Hay quienes quieren cobrarle elevadas facturas a la iniciativa privada debido a su activismo político, coartándole no sólo su derecho a representar a sus agremiados, sino a quienes generan la mayoría del empleo en el país. Curiosamente, las voces que buscan callar son las mismas a las que les parece adecuado que sindicatos como los que representan a trabajadores de Pemex, Luz y Fuerza, IMSS y maestros sí hablen. Vamos, Coparmex es un sindicato patronal y a ellos se les busca censurar.
El reto de defender la libertad de expresión es quizá la labor fundamental a la que deberán enfrentarse las empresas durante el año próximo.
David Páramo, “Personajes de renombre” Excélsior, 21 de diciembre.
SANTIAGO CREEL.
Para Santiago Creel el asunto es muy sencillo. El juicio de amparo promovido por el Consejo Coordinador Empresarial contra las restricciones a la libertad de expresión introducidas por la reforma electoral es una "vacilada". Así se burlan los políticos de las preocupaciones de los ciudadanos. De hecho, estos mismos políticos están orgullosos de su reforma electoral. Y es lógico. La reforma prohíbe a cualquier ciudadano o institución contratar tiempos en los medios de comunicación -electrónicos o impresos- para oponerse a las posiciones de los políticos en campaña. Qué cómoda posición. Pero, claro, ellos tienen el poder y no se les puede decir nada. También José López Portillo y su séquito lo tenían cuando estatizaron la banca en 1982. Y también se burlaron de los accionistas de la banca que trataron de ampararse contra esta acción.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de diciembre.
Mientras que para el senador panista Santiago Creel el recurso de amparo que interpuso el Consejo Coordinador Empresarial en contra de la reforma electoral “es una vacilada”, para el organismo cúpula se trata de una lucha legal a favor de las garantías individuales.
De lo que no hay duda es de que se trata de una lucha legal entre dos poderes de ámbitos diversos: el poder económico, representado por los dirigentes empresariales; y el Poder Legislativo, dominado por los partidos políticos que enarbolan la bandera de la partidocracia.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Armando Paredes está dispuesto a enfrentar mil batallas en aras de la libertad de expresión.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de diciembre.
Por más que un ensoberbecido Santiago Creel diga que es una vacilada el juicio de amparo que presentaron la CCE y, en lo particular, Coparmex, la realidad es que los organismos cúpula están haciendo algo que, como hemos reiterado, va muchísimo más allá de proteger su derecho a comprar tiempo en los medios electrónicos para fijar sus posiciones dentro de la campaña electoral.
Algunos han intentado reducir todo a este simple punto y hasta hay comunicadores que dicen que se trata de justicia, pues no todo el mundo tiene dinero para comprar spots y ejercer así su derecho a la libertad de prensa (son esos políticamente correctos que creen que generar empleos mediante el talento empresarial es malo y, por tanto, se debe denostar a ese sector “enemigo del pueblo”), cuando la realidad es que tiene relación con las garantías constitucionales y el derecho que se está otorgando el Congreso de la Unión para quitarle a los mexicanos sus derechos.
El que una primera instancia lo haya descartado no cambia nada, pues el sector empresarial no sólo va a mantener el procedimiento, sino que, como lo ha dicho Armando Paredes, estarían dispuestos a llegar a instancias internacionales.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 10 de diciembre.
Los partidos políticos han dicho que no se limita la libertad de expresión, pues sólo se está limitando la posibilidad de que diversos grupos compren espacio en medios de comunicación que influyan en las contiendas políticas. En el siglo XXI suena absurdo pensar que limitar el acceso a los medios no es coartar la libertad de expresión.
Tampoco se trata, como quieren ver otros, de defender los intereses de los “poderes fácticos” (cualquier cosa que eso sea) o los medios de comunicación. Aquí se trata del derecho de cualquier mexicano a expresar su opinión de la manera y por los medios que considere convenientes y que desde el 13 de noviembre fueron secuestrados por los partidos políticos.
El CCE recurrió a un proceso legal (al que esperan que se sumen individualmente las cámaras y confederaciones así como empresas y personas físicas), porque no encontró respuesta por parte de los partidos políticos. Mientras se negociaba la reforma hacendaria, los partidos políticos hicieron las modificaciones electorales. Ignoraron los desplegados que, ya con el palo dado, publicó el CCE y los congresos locales las cartas que enviaron pidiendo una mayor reflexión.
Paredes, como lo fuimos narrando en esta columna, tenía una gran presión por parte de algunos miembros del CCE para dar una respuesta; sin embargo, como fueron igual de sorprendidos que el resto de los mexicanos, tuvieron que analizar cuál sería la mejor respuesta y optaron por este proceso legal en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá determinar si el Poder Legislativo puede quitar garantías individuales sin que haya ningún medio de defensa.
En este espacio hemos sostenido que la manera en que se realizó la reforma electoral tiene mucho que ver con el capricho y la voluntad de agandalle que va en contra de los mexicanos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 6 de diciembre.
Sin duda, el Consejo Coordinador Empresarial está en contra de la partidocracia y quiere una reforma electoral que le permita al empresariado dar su opinión, individual o como asociación, en discursos o en spots comerciales.
El juicio de amparo del CCE podría ser secundado por cada uno de sus organismos en lo particular, con distintos amparos. El objetivo: tener el derecho de opinar en las contiendas electorales y no ceder dicho derecho sólo a los partidos políticos.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 6 de diciembre.
Los políticos, deseosos de mantener el control absoluto de las campañas y los procesos políticos, afirman que no se está afectando la libertad de expresión sino simplemente la libertad de comercio. Para los ciudadanos que en un momento dado quieran tener una participación independiente de los partidos en la vida política del país, y que tradicionalmente han comprado tiempos de medios o desplegados en los periódicos para defender sus posiciones frente a los políticos, el golpe a la libertad de expresión es contundente. Su única opción será conseguir que los medios cubran sus protestas, pero esto puede ser contrario a los "lineamientos" que los políticos darán a los medios para su cobertura.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.
"Mi Truchimán favorito", sin embargo, pretende echarles a perder la "fiesta de la democracia" a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, con la siguiente declaración: en el Congreso está la representación del pueblo de México y la voluntad popular; ellos tomarán la decisión si se aprueba o no. No va a ser el sector empresarial quien dicte en la Cámara de Diputados hacia dónde vamos.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.
Yeidckol Polenvksy, una de las pocas senadoras perredistas que votaron en contra del Código Federal de Procedimientos Electorales junto con Ricardo Monreal, María Rojo, Lázaro Mazón, Salomón Jara y Rosalinda López, recibió una llamada a su celular la noche del miércoles.
Se hizo a un lado del pequeño grupo en el que estaba platicando momentos antes en un hotel. Un grupo interesante en el que estaban, entre otros, el embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton, quien insistía en que el “no” al referéndum era “una victoria disfrazada de derrota” que desactivó, entre otras cosas, un movimiento subversivo que ya preparaban los opositores, los “escuálidos”, como les dice su presidente Chávez. También estaba el de Rusia y el de Vietnam (a quien le pidió que por favor le consiguiera las obras selectas de Ho Chi Minh), además de Héctor Vasconcelos.
A Yeidckol le hablaban para comentarle lo que acababa de hacer el Consejo Coordinador Empresarial: buscan ampararse por la nueva ley electoral, que en pocas palabras, no les permitirá comprar espacios para decir lo que piensan con respecto a los candidatos. Se quejan de que se viola su derecho a la libertad de expresión, derecho de información y asociación.
La ex líder de Canacintra, con su celular en manos libres cual pequeño micrófono, se acercó de inmediato a Arturo Núñez para comentarle...
Núñez, como Creel ayer, casi calificó como una “vacilada” la actitud del CCE. Que no podrán ampararse. Aseguran. Claro que los empresarios opinan todo lo contrario… Interesante round. ¿Cómo terminará?
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 7 de diciembre.
También los que se mofaron del CCE por solicitar amparo de la justicia para defender la libertad de expresión. Se quedaron con una visión, no más lejana que su nariz, de que los empresarios querían preservar su derecho a pagar spots durante las campañas presidenciales sólo porque la IP presentó tres anuncios durante la elección de 2006 que eran a favor de lo que los mexicanos hemos logrado gracias a la estabilidad y el buen manejo de la economía. Las políticas económicas no son de izquierda o de derecha sino correctas e incorrectas.
Llama la atención que sean aquellos quienes viven de ejercer la libertad de expresión se hayan pasado al lado de quienes quieren callar las voces. Que sean los que se sumaron a considerar como una vacilada la valiente acción de Armando Paredes. Que sean los mismos que justificaron la actitud de los senadores cuando ignoraron las posiciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ante las reformas a la ley de la mataria.
Si Ricardo Salinas defiende la libertad de expresión, se le acusa de estar defendiendo su interés económico. Para una empresa que hoy tiene 52,000 empleados y que en unos días más generará otros 4,000 directos, los ingresos de publicidad por partidos políticos realmente no pintan en su balance general. Se hacen juicios por la su imagen, no por los hechos y hasta les obligan a poner la otra mejilla.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 13 de diciembre.
Demostraron que es tal su sed de poder que ni siquiera pudieron cumplir con las reglas que ellos se habían impuesto y han sembrado una duda sobre cualquier acto de este consejo electoral. Los partidos políticos y los legisladores han resultado muy hábiles y rápidos para cuestionar a sectores de la iniciativa privada que quieren un diálogo con ideas y el derecho a expresar su voz. Después de ver los escándalos y la manera burda como buscan el poder para servirse de él y no a la sociedad, queda claro quiénes están a favor de México y quiénes no.
Voces, como la que ha levantado Armando Paredes, en nombre de todo el sector privado sí tienen un interés legítimo en el bienestar de la sociedad, no así los partidos políticos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 17 de diciembre.
A todos los retos de naturaleza económica se les debe sumar los de carácter político. Hechos recientes, como el “agandaye” de los partidos políticos que pretende coartar garantías constitucionales, demuestran que las razones que dieron origen a la creación del CCE siguen vigentes y deben tomar una posición muchísimo más determinada.
Hay quienes quieren cobrarle elevadas facturas a la iniciativa privada debido a su activismo político, coartándole no sólo su derecho a representar a sus agremiados, sino a quienes generan la mayoría del empleo en el país. Curiosamente, las voces que buscan callar son las mismas a las que les parece adecuado que sindicatos como los que representan a trabajadores de Pemex, Luz y Fuerza, IMSS y maestros sí hablen. Vamos, Coparmex es un sindicato patronal y a ellos se les busca censurar.
El reto de defender la libertad de expresión es quizá la labor fundamental a la que deberán enfrentarse las empresas durante el año próximo.
David Páramo, “Personajes de renombre” Excélsior, 21 de diciembre.
SANTIAGO CREEL.
Para Santiago Creel el asunto es muy sencillo. El juicio de amparo promovido por el Consejo Coordinador Empresarial contra las restricciones a la libertad de expresión introducidas por la reforma electoral es una "vacilada". Así se burlan los políticos de las preocupaciones de los ciudadanos. De hecho, estos mismos políticos están orgullosos de su reforma electoral. Y es lógico. La reforma prohíbe a cualquier ciudadano o institución contratar tiempos en los medios de comunicación -electrónicos o impresos- para oponerse a las posiciones de los políticos en campaña. Qué cómoda posición. Pero, claro, ellos tienen el poder y no se les puede decir nada. También José López Portillo y su séquito lo tenían cuando estatizaron la banca en 1982. Y también se burlaron de los accionistas de la banca que trataron de ampararse contra esta acción.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de diciembre.
Mientras que para el senador panista Santiago Creel el recurso de amparo que interpuso el Consejo Coordinador Empresarial en contra de la reforma electoral “es una vacilada”, para el organismo cúpula se trata de una lucha legal a favor de las garantías individuales.
De lo que no hay duda es de que se trata de una lucha legal entre dos poderes de ámbitos diversos: el poder económico, representado por los dirigentes empresariales; y el Poder Legislativo, dominado por los partidos políticos que enarbolan la bandera de la partidocracia.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Armando Paredes está dispuesto a enfrentar mil batallas en aras de la libertad de expresión.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de diciembre.
Por más que un ensoberbecido Santiago Creel diga que es una vacilada el juicio de amparo que presentaron la CCE y, en lo particular, Coparmex, la realidad es que los organismos cúpula están haciendo algo que, como hemos reiterado, va muchísimo más allá de proteger su derecho a comprar tiempo en los medios electrónicos para fijar sus posiciones dentro de la campaña electoral.
Algunos han intentado reducir todo a este simple punto y hasta hay comunicadores que dicen que se trata de justicia, pues no todo el mundo tiene dinero para comprar spots y ejercer así su derecho a la libertad de prensa (son esos políticamente correctos que creen que generar empleos mediante el talento empresarial es malo y, por tanto, se debe denostar a ese sector “enemigo del pueblo”), cuando la realidad es que tiene relación con las garantías constitucionales y el derecho que se está otorgando el Congreso de la Unión para quitarle a los mexicanos sus derechos.
El que una primera instancia lo haya descartado no cambia nada, pues el sector empresarial no sólo va a mantener el procedimiento, sino que, como lo ha dicho Armando Paredes, estarían dispuestos a llegar a instancias internacionales.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 10 de diciembre.
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