De nueva cuenta, la información sobre el tema comenzó a fluir desde el mes de octubre. En consecuencia, los once comentarios que presentamos a continuación, 3.64% de los 302 sistematizados, son una muestra sobre el contexto en el que, según columnistas y articulistas, se presenta el proceso de selección de los tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral.
Como es sabido, a más tardar el próximo 13 de diciembre deberá ser designado el nuevo Presidente Consejero del Instituto Federal Electoral, junto a dos consejeros más. Con la designación de estos funcionarios electorales se extirpará la corrosiva y penosa influencia que las pobres e insuficientes personalidades de Ugalde y González Luna ejercieron por demasiadas semanas y meses en este ámbito. Pero el acto mismo de la sustitución de los consejeros debe hacerse garantizando el respeto pleno a la institucionalidad del IFE. En este sentido, no puede hacerse caso omiso a las posturas que los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista están asumiendo respecto a la forma en que se está perfilando y se habrá de conducir el proceso de consulta y designación de los nuevos miembros del Consejo General de la autoridad electoral federal. Sin negar que se trata de dos fuerzas minoritarias en la Cámara de Diputados, en sus planteamientos se descubre la importancia de evitar que los particularismos se exacerben y los intereses parciales se impongan. Al predominio político y fortaleza negociadora de las fracciones del PRI, del PAN y del PRD no les vendría mal el sentido común y la voluntad al diálogo que los diputados de Nueva Alianza y del Verde Ecologista están exhibiendo.
José Sosa, Crónica, 17 de noviembre.
El organismo patronal exige transparencia a la Cámara de Diputados, con la certificación de la ciudadanía, en la elección de los integrantes del Instituto Federal Electoral. Desde luego, pide que no haya favoritismos ni privilegios partidistas en el proceso de selección de los consejeros. Otros actores de la vida nacional, principalmente expertos en el tema, también han expresado reservas sobre la distribución del presupuesto del IFE para 2008
“Bajo reserva”, El Universal, 19 de noviembre.
El pasado martes 13 de noviembre fue publicada la reforma constitucional en materia electoral que el “órgano reformador de la Constitución” (mal llamado por muchos “poder constituyente permanente”) había aprobado en las semanas previas. A partir del día siguiente, con la entrada en vigor de la reforma, varios de los efectos derivados de la misma comenzaron a surtir efecto.
Por un lado, comenzaron a correr los 30 días que la misma reforma concede al propio Congreso para reformar las varias leyes secundarias para adecuarlas a los nuevos contenidos constitucionales y para que la Cámara de Diputados designe a los tres nuevos consejeros electorales del IFE (incluido su presidente), e inicie así la renovación escalonada del máximo órgano de dirección del instituto. Por otra parte, también comenzó el plazo de 12 meses para que las legislaturas locales cambien sus normas electorales en el sentido marcado por las nuevas reglas constitucionales
Lorenzo Córdova Vianello, El Universal, 20 de noviembre.
Ahora es ineludible el consenso. Es impensable, si se quiere dar un paso adelante en la consolidación del sistema democrático mexicano, que se repita el domingo siete de hace cuatro años. Las tres vacantes del IFE deben ser cubiertas por personalidades aceptadas sin reparos por las fuerzas políticas.
Me parece que la convocatoria sale anticipada. Hubiera sido deseable que primero concluyera la reforma legislativa en materia electoral, para que los aspirantes a consejeros electorales supieran de antemano con qué ley pretenderían dirigir el IFE. Empero, a los diputados les comieron las ansias y quieren ya resolver el asunto de los nombres. A ver si con las prisas no se les vuelve a enredar el asunto.
Jorge Javier Romero, Crónica, 21 de noviembre.
Pareciera que, salvo las formas, a lo que se está regresando es a la vieja época anterior a la creación del IFE, cuando las elecciones las controlaba un consejo en el que estaban representados directamente los partidos y lo presidía el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación. Ahora los consejeros no son representantes de los partidos pero, con la reforma, están concebidos como posiciones de los partidos y quien sea el consejero presidente fungirá como una suerte de representante de éstos, en lugar de del Ejecutivo. Como si eso fuera poco, por encima del consejero presidente, los partidos designarán a un contralor que tendrá autoridad sobre el Consejo y, arriba de éste se ubicará la Cámara de Diputados, con atribuciones como para destituir al consejero que considere “notoriamente inepto”. El IFE va a controlar, además, la publicidad en medios electrónicos y ahora adicionará, también por medio del Cofipe, a los escritos; se otorga la atribución, incomprensible desde el punto de vista jurídico, de castigar a los medios que no cumplan con los lineamientos del Cofipe (una atribución que, insistimos, sólo puede tener la fiscalía electoral); establece el modelo “científico” que deberán seguir las encuestas (o sea, sólo se podrá encuestar siguiendo el modelo oficial) y frena cualquier posibilidad de que existan candidaturas impulsadas por la ciudadanía, fuera del régimen de partidos. Se trata, efectivamente, de una estrategia de control extremo, al servicio de los partidos políticos hegemónicos
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 21 de noviembre.
Contundente la respuesta del diputado priista Samuel Aguilar Solís a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que mediante el clásico desplegado y en un tono descarado exigió al Congreso de la Unión "transparencia ciudadana certificada al proceso de conformación del Consejo General del IFE y ningún favoritismo personal o privilegio partidista en la selección de candidatos a consejeros". Dijo don Samuel: es inadmisible que un poder fáctico como la Coparmex, que entre otras cosas fue una de las promotoras de la guerra sucia en el proceso electoral del año pasado, y que derivado de esas consideraciones se dio una reforma de carácter constitucional, nuevamente trate de volver por sus fueros y pretenda entrometerse en la vida del Poder Legislativo; peor aún, que trate de imponer sus reglas, su posicionamiento y su visión. ¡Qué poca de la Coparmex! Quiso decir el diputado.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 22 de noviembre.
Se ha abierto la coyuntura decisiva para la renovación parcial del Consejo General del IFE. Si vamos a volver a tener elecciones ejemplares, sin tacha y aceptadas por todos (recuerden, alguna vez las tuvimos), la cosa empieza por allí: por un presidente del IFE y un Consejo General que cuenten con el aval de todas las fuerzas políticas fundamentales de México. Ese es el sustrato insoslayable que en esta hora debe repetirse: si el PAN, el PRD, el PRI y el resto de fuerzas del Congreso, no construyen un consenso en torno a los nuevos integrantes del instituto, difícilmente podrán cuajar en la realidad aquellos principios y aspiraciones que inspiraron la enorme reforma constitucional que en buena hora, concretaron hace unos meses.
El factor consenso, en torno a los nuevos inquilinos de Tlalpan, deviene absolutamente crítico, no sólo porque allí anida el pecado original de la trifulca electoral del 2006, sino porque esos nuevos señores y sus compañeros, estarán llamados a materializar —al menos— cuatro grandes obras de la política nacional por venir. Veamos:
Ricardo Becerra, Crónica, 26 de noviembre.
Más allá de los méritos que puedan tener los sustitutos del IFE, el daño institucional está hecho y será difícil repararlo.
Es un daño en dos direcciones. La primera se refiere a la autonomía política del IFE y, por tanto, a su credibilidad. La segunda se refiere a la falta de limpieza de las elecciones de 2006 y, por tanto, a la legitimidad de los poderes emanados de ellas.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 3 de diciembre.
Si la reforma salinista ciudadanizó al IFE y le quitó el voto a los partidos y representó un gran avance para disminuir el grado de conflictividad de los procesos electorales, la reforma Beltrones terminó con ese proceso y ahora los partidos regresarán con voto -no nada más voz- por medio de los consejeros. Los tres consejeros que se renovarán en el IFE van a representar a cada uno de los principales partidos: PAN, PRI y PRD.
El retroceso en el IFE vía los ahora consejeros partidistas no hace sino confirmar la tendencia a un sistema político partidocrático, donde los partidos se colocarían por encima de la sociedad. La partidización de las elecciones regresaría al país a los conflictos postelectorales prefabricados y a las negociaciones del voto entre los partidos.
La contrarreforma electoral va a regresarle el poder a los partidos por medio de los consejeros que representen los intereses de cada formación, lo que terminaría con el principio de que los consejeros ciudadanos deberían de representar a la sociedad, pues los partidos tienen a su vez representantes con voz en las sesiones del consejo general.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 4 de diciembre.
Igualmente, resulta un tanto curioso que la gran mayoría de comentaristas y analistas que ahora denuncian el posible reparto de cuotas partidarias en la renovación del IFE (dándolo anticipadamente por un hecho), nada dijeron cuando justamente eso ocurrió de manera más que burda durante el nombramiento de Ugalde, en 2003. Más aún, muchos de ellos salieron a la defensa de ese turbio proceso, alegando que no se afectaba en absoluto la credibilidad ni la autonomía del IFE; que lo que importaba era la legalidad de la decisión, sin importar que su credibilidad y confiabilidad se hubiesen visto mermadas (justo por lo oscuro del proceso y la pérdida del consenso del que desde 1994 había gozado el IFE). De hecho, los que más defendieron aquel proceso de 2003, son quienes más critican el que ahora se lleva a cabo, pese a su no despreciable mejoría formal (aunque esté lejos de ser el procedimiento idóneo).
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 4 de diciembre.
Por supuesto que uno muy distinto al de 2006. Nada que tenga que ver con el engendro en que terminó convertido el IFE de Ugalde y sus secuaces. Y es que fue tal el desgaste y el desprestigio llegó a tales profundidades que ser consejero del IFE es hoy ser sujeto de sospecha y escarnio social.
Lejos quedaron los tiempos de aquellos precursores como Miguel Ángel Granados Chapa y José Agustín Ortiz Pinchetti o del IFE encabezado por José Woldenberg y en el que brillaron con luz propia Jesús Cantú, Jaime Cárdenas y Mauricio Merino, entre otros destacados consejeros. Un grupo colegiado que se caracterizó por su diversidad y pluralidad, pero al que distinguió el objetivo común de construir nuestra incipiente democracia con una enorme fuerza y pasión ciudadana. A diferencia enorme del IFE de hoy cuyos miembros de tan grises son irrecordables, a excepción de su presidente, célebre por otras razones
Ricardo Rocha, “Detrás de la política”, El Universal, 13 de diciembre.
Como es sabido, a más tardar el próximo 13 de diciembre deberá ser designado el nuevo Presidente Consejero del Instituto Federal Electoral, junto a dos consejeros más. Con la designación de estos funcionarios electorales se extirpará la corrosiva y penosa influencia que las pobres e insuficientes personalidades de Ugalde y González Luna ejercieron por demasiadas semanas y meses en este ámbito. Pero el acto mismo de la sustitución de los consejeros debe hacerse garantizando el respeto pleno a la institucionalidad del IFE. En este sentido, no puede hacerse caso omiso a las posturas que los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista están asumiendo respecto a la forma en que se está perfilando y se habrá de conducir el proceso de consulta y designación de los nuevos miembros del Consejo General de la autoridad electoral federal. Sin negar que se trata de dos fuerzas minoritarias en la Cámara de Diputados, en sus planteamientos se descubre la importancia de evitar que los particularismos se exacerben y los intereses parciales se impongan. Al predominio político y fortaleza negociadora de las fracciones del PRI, del PAN y del PRD no les vendría mal el sentido común y la voluntad al diálogo que los diputados de Nueva Alianza y del Verde Ecologista están exhibiendo.
José Sosa, Crónica, 17 de noviembre.
El organismo patronal exige transparencia a la Cámara de Diputados, con la certificación de la ciudadanía, en la elección de los integrantes del Instituto Federal Electoral. Desde luego, pide que no haya favoritismos ni privilegios partidistas en el proceso de selección de los consejeros. Otros actores de la vida nacional, principalmente expertos en el tema, también han expresado reservas sobre la distribución del presupuesto del IFE para 2008
“Bajo reserva”, El Universal, 19 de noviembre.
El pasado martes 13 de noviembre fue publicada la reforma constitucional en materia electoral que el “órgano reformador de la Constitución” (mal llamado por muchos “poder constituyente permanente”) había aprobado en las semanas previas. A partir del día siguiente, con la entrada en vigor de la reforma, varios de los efectos derivados de la misma comenzaron a surtir efecto.
Por un lado, comenzaron a correr los 30 días que la misma reforma concede al propio Congreso para reformar las varias leyes secundarias para adecuarlas a los nuevos contenidos constitucionales y para que la Cámara de Diputados designe a los tres nuevos consejeros electorales del IFE (incluido su presidente), e inicie así la renovación escalonada del máximo órgano de dirección del instituto. Por otra parte, también comenzó el plazo de 12 meses para que las legislaturas locales cambien sus normas electorales en el sentido marcado por las nuevas reglas constitucionales
Lorenzo Córdova Vianello, El Universal, 20 de noviembre.
Ahora es ineludible el consenso. Es impensable, si se quiere dar un paso adelante en la consolidación del sistema democrático mexicano, que se repita el domingo siete de hace cuatro años. Las tres vacantes del IFE deben ser cubiertas por personalidades aceptadas sin reparos por las fuerzas políticas.
Me parece que la convocatoria sale anticipada. Hubiera sido deseable que primero concluyera la reforma legislativa en materia electoral, para que los aspirantes a consejeros electorales supieran de antemano con qué ley pretenderían dirigir el IFE. Empero, a los diputados les comieron las ansias y quieren ya resolver el asunto de los nombres. A ver si con las prisas no se les vuelve a enredar el asunto.
Jorge Javier Romero, Crónica, 21 de noviembre.
Pareciera que, salvo las formas, a lo que se está regresando es a la vieja época anterior a la creación del IFE, cuando las elecciones las controlaba un consejo en el que estaban representados directamente los partidos y lo presidía el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación. Ahora los consejeros no son representantes de los partidos pero, con la reforma, están concebidos como posiciones de los partidos y quien sea el consejero presidente fungirá como una suerte de representante de éstos, en lugar de del Ejecutivo. Como si eso fuera poco, por encima del consejero presidente, los partidos designarán a un contralor que tendrá autoridad sobre el Consejo y, arriba de éste se ubicará la Cámara de Diputados, con atribuciones como para destituir al consejero que considere “notoriamente inepto”. El IFE va a controlar, además, la publicidad en medios electrónicos y ahora adicionará, también por medio del Cofipe, a los escritos; se otorga la atribución, incomprensible desde el punto de vista jurídico, de castigar a los medios que no cumplan con los lineamientos del Cofipe (una atribución que, insistimos, sólo puede tener la fiscalía electoral); establece el modelo “científico” que deberán seguir las encuestas (o sea, sólo se podrá encuestar siguiendo el modelo oficial) y frena cualquier posibilidad de que existan candidaturas impulsadas por la ciudadanía, fuera del régimen de partidos. Se trata, efectivamente, de una estrategia de control extremo, al servicio de los partidos políticos hegemónicos
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 21 de noviembre.
Contundente la respuesta del diputado priista Samuel Aguilar Solís a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que mediante el clásico desplegado y en un tono descarado exigió al Congreso de la Unión "transparencia ciudadana certificada al proceso de conformación del Consejo General del IFE y ningún favoritismo personal o privilegio partidista en la selección de candidatos a consejeros". Dijo don Samuel: es inadmisible que un poder fáctico como la Coparmex, que entre otras cosas fue una de las promotoras de la guerra sucia en el proceso electoral del año pasado, y que derivado de esas consideraciones se dio una reforma de carácter constitucional, nuevamente trate de volver por sus fueros y pretenda entrometerse en la vida del Poder Legislativo; peor aún, que trate de imponer sus reglas, su posicionamiento y su visión. ¡Qué poca de la Coparmex! Quiso decir el diputado.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 22 de noviembre.
Se ha abierto la coyuntura decisiva para la renovación parcial del Consejo General del IFE. Si vamos a volver a tener elecciones ejemplares, sin tacha y aceptadas por todos (recuerden, alguna vez las tuvimos), la cosa empieza por allí: por un presidente del IFE y un Consejo General que cuenten con el aval de todas las fuerzas políticas fundamentales de México. Ese es el sustrato insoslayable que en esta hora debe repetirse: si el PAN, el PRD, el PRI y el resto de fuerzas del Congreso, no construyen un consenso en torno a los nuevos integrantes del instituto, difícilmente podrán cuajar en la realidad aquellos principios y aspiraciones que inspiraron la enorme reforma constitucional que en buena hora, concretaron hace unos meses.
El factor consenso, en torno a los nuevos inquilinos de Tlalpan, deviene absolutamente crítico, no sólo porque allí anida el pecado original de la trifulca electoral del 2006, sino porque esos nuevos señores y sus compañeros, estarán llamados a materializar —al menos— cuatro grandes obras de la política nacional por venir. Veamos:
Ricardo Becerra, Crónica, 26 de noviembre.
Más allá de los méritos que puedan tener los sustitutos del IFE, el daño institucional está hecho y será difícil repararlo.
Es un daño en dos direcciones. La primera se refiere a la autonomía política del IFE y, por tanto, a su credibilidad. La segunda se refiere a la falta de limpieza de las elecciones de 2006 y, por tanto, a la legitimidad de los poderes emanados de ellas.
Héctor Aguilar Camín, “Día con día”, Milenio, 3 de diciembre.
Si la reforma salinista ciudadanizó al IFE y le quitó el voto a los partidos y representó un gran avance para disminuir el grado de conflictividad de los procesos electorales, la reforma Beltrones terminó con ese proceso y ahora los partidos regresarán con voto -no nada más voz- por medio de los consejeros. Los tres consejeros que se renovarán en el IFE van a representar a cada uno de los principales partidos: PAN, PRI y PRD.
El retroceso en el IFE vía los ahora consejeros partidistas no hace sino confirmar la tendencia a un sistema político partidocrático, donde los partidos se colocarían por encima de la sociedad. La partidización de las elecciones regresaría al país a los conflictos postelectorales prefabricados y a las negociaciones del voto entre los partidos.
La contrarreforma electoral va a regresarle el poder a los partidos por medio de los consejeros que representen los intereses de cada formación, lo que terminaría con el principio de que los consejeros ciudadanos deberían de representar a la sociedad, pues los partidos tienen a su vez representantes con voz en las sesiones del consejo general.
Carlos Ramírez, “Indicador Político”, El Financiero, 4 de diciembre.
Igualmente, resulta un tanto curioso que la gran mayoría de comentaristas y analistas que ahora denuncian el posible reparto de cuotas partidarias en la renovación del IFE (dándolo anticipadamente por un hecho), nada dijeron cuando justamente eso ocurrió de manera más que burda durante el nombramiento de Ugalde, en 2003. Más aún, muchos de ellos salieron a la defensa de ese turbio proceso, alegando que no se afectaba en absoluto la credibilidad ni la autonomía del IFE; que lo que importaba era la legalidad de la decisión, sin importar que su credibilidad y confiabilidad se hubiesen visto mermadas (justo por lo oscuro del proceso y la pérdida del consenso del que desde 1994 había gozado el IFE). De hecho, los que más defendieron aquel proceso de 2003, son quienes más critican el que ahora se lleva a cabo, pese a su no despreciable mejoría formal (aunque esté lejos de ser el procedimiento idóneo).
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 4 de diciembre.
Por supuesto que uno muy distinto al de 2006. Nada que tenga que ver con el engendro en que terminó convertido el IFE de Ugalde y sus secuaces. Y es que fue tal el desgaste y el desprestigio llegó a tales profundidades que ser consejero del IFE es hoy ser sujeto de sospecha y escarnio social.
Lejos quedaron los tiempos de aquellos precursores como Miguel Ángel Granados Chapa y José Agustín Ortiz Pinchetti o del IFE encabezado por José Woldenberg y en el que brillaron con luz propia Jesús Cantú, Jaime Cárdenas y Mauricio Merino, entre otros destacados consejeros. Un grupo colegiado que se caracterizó por su diversidad y pluralidad, pero al que distinguió el objetivo común de construir nuestra incipiente democracia con una enorme fuerza y pasión ciudadana. A diferencia enorme del IFE de hoy cuyos miembros de tan grises son irrecordables, a excepción de su presidente, célebre por otras razones
Ricardo Rocha, “Detrás de la política”, El Universal, 13 de diciembre.
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